Agencias

Tras reunirse con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), José Manuel Mena, dio a conocer una serie de medidas para impulsar la reactivación económica durante el año en curso, que se avizora como mínimo complejo para las finanzas.

Mena informó las medidas serán cuatro, pero se concentró en detallar la que será de resorte de los bancos para la reprogramación de créditos hipotecarios para algunos segmentos de clientes.

Según indicó, se busca "generar espacios de reprogramación en los créditos, principalmente enfocados en carteras hipotecarias y carteras de pequeñas y medianas empresas".

Agregó que "cuando hablamos de un esfuerzo de reprogramación, entendemos que es un espacio en que cada banco de forma individual, en base a las políticas comerciales que cada institución tiene, informará a sus clientes la forma de contactar e informas las posibles formas, plazos y condiciones de esa reprogramación".

Las instituciones bancarias, además, de manera individual harán un aumento de capital para fortalecerse. "La banca con mayor capital tiene los respaldos para poder prestar más, una banca solvente no solo garantiza una tranquilidad financiera para el país, sino que mayor capital permite posibilitar mayor flujo de créditos", precisó Mena.

Asimismo, la banca se comprometió a participar activamente en los programas de apoyo estatal que impulse el Estado, tales como Fogape Chile Apoya, y el Programa para Construcción y Vivienda, en el Congreso aún, potenciando así la canalización de recursos a las pymes y empresas constructoras elegibles en estos programas.

Junto a lo anterior, la Abif manifestó el compromiso de sus asociados a continuar capitalizándose en línea con lo establecido en Basilea III, que establece un conjunto de medidas acordadas internacionalmente para reforzar la regulación, la supervisión y la gestión del riesgo de los bancos. En este contexto, según indicó más tarde Hacienda, los bancos propondrán en sus próximas juntas ordinarias de accionistas una distribución de dividendos que sea compatible con continuar reforzando sus niveles de solvencia, en línea con las exigencias de capital y liquidez previstos en nuestro marco normativo, con el fin de preservar la estabilidad financiera y la oferta de crédito.

Respecto de la reprogramación, Mario Marcel sostuvo que "esta iniciativa por parte de los bancos, cada uno individualmente, tiene como propósito apoyar a sus clientes a través de oportunidades de reprogramación y dejarlos así en mejor pie para enfrentar la reactivación de la economía que vendrá durante este año".

Luego del fallo emitido por la Corte Suprema que ordenó a la isapres aplicar la nueva tabla de factores a sus afiliados y restituir los cobros efectuados en exceso, el Ejecutivo anunció que recién en marzo presentará un proyecto de ley para abordar la crisis desatada, a la espera de que la Superintendencia del ramo instruya cómo las aseguradoras deberán cumplir el dictamen.

"Hay un fallo ahora hay que cumplir (...) y nuestra preocupación como Gobierno son los usuarios de las isapres y eso es lo que vamos a tratar de resguardar a todo evento. Por lo mismo es que hemos discutido en seguir avanzando con una estrategia legislativa, para que, en marzo, el Congreso pueda contar con una iniciativa legal que afronte este problema o que complemente lo que sea la aplicación del fallo", dijo la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

El fallo de la Suprema especifica que es la Superintendencia de Salud la que debe implementar estas medidas antes de que termine el mes de mayo.

A pesar de la crisis que auguran las isapres, que se preparan para afrontar eventuales procesos de quiebra, Vallejo recalcó que la iniciativa del Gobierno estará enfocada en ayudas a los usuarios.

"Hay una preocupación. Conversamos en el Comité Político de este tema. Lo estamos tomando con suma responsabilidad y prudencia con lo que está sucediendo, pero la prioridad de nuestro Gobierno es la protección y resguardo de los usuarios y sus prestaciones, que no se sientan abandonados por el Estado respecto a su situación", aseguró sin ahondar en el tenor del proyecto.

Un violento y bien sincronizado robo de un camión de valores en Puente Alto obligó a las autoridades comunales y de Gobierno a abordar el tema de la seguridad en los puntos donde se manejan grandes cantidades de dinero en efectivo.

El hecho ocurrió en la mañana, en el centro comercial Espacio Urbano, cuando un camión de la empresa de transporte de valores Loomis, con cuatro vigilantes, a bordo "iban a hacer la recarga de los cajeros automáticos", dijo la comandante de Carabineros Yasna Arriagada, de la prefectura Santiago Cordillera.

"Mientras se bajaron los (tres) guardias, fue abordado el conductor", agregó Arriagada. Tras ser amenazado con armas de fuego, lo llevaron a una plaza en otro sector de la comuna para sustraer $2.000 millones

"Lo trajeron a este sector de esta plaza donde venían dos camionetas y donde se bajan y realizaron un oxicorte al camión de valores", dijo la comandante y precisó que no había detenidos por este hecho.

En la huida, los delincuentes lanzaron miguelitos a la calle.

Según la delegada presidencial provincial Cordillera, Alejandra Cortés, "los asaltantes se acercan, según lo que me comentó Carabineros, con vestimenta de la empresa de seguridad y ahí parece que hubo un fallo donde no se hizo el cotejo de las identidades". El conductor, en ese momento, "estima que son sus compañeros y aparentemente abre la puerta de él y bueno ocurre en el asalto", agregó.

El conductor quedó con lesiones tras ser lanzado con esposas desde el vehículo.

El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, protestó por la falta de coordinación de la autoridad con el municipio, pues no se avisó de la circulación por la comuna de un vehículo con tal cantidad de dinero que podría ser seguido con cámaras de vigilancia.

El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, dijo que este hecho "nos obliga a incrementar y fortalecer las reacciones, y lo que se está haciendo respecto a este fenómeno".

Desde la Corte Suprema emitieron un "desfavorable" informe respecto al proyecto de ley que busca crear el Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, actualmente en primer trámite constitucional y con urgencia simple.

Según el informe que el máximo órgano judicial emitió al Senado, por requerimiento de la comisión de Seguridad de este, el proyecto podría poner en riesgo la independencia de poderes del Estado.

La iniciativa contempla que el Poder Judicial forme parte del "sistema de seguridad pública", el que estará a cargo de la futura cartera con la misión de desarrollar una política preventiva de delitos y de la seguridad pública.

Según el texto de la Suprema, esto "encierra el riesgo de involucramiento y compromiso del Poder Judicial con agendas de Gobierno, en materias que son parte del conocimiento ordinario de los tribunales de justicia en el ejercicio de la función propiamente jurisdiccional, lo que puede redundar en un debilitamiento de su independencia".

Por otro lado, el informe señala que la redacción del proyecto es "inespecífica" en torno a las políticas, normas, planes e instrumentos del sistema de seguridad pública.