Contar con una matriz energética regional y nacional más sostenible, es el objetivo que persigue la alianza estratégica liderada por las seremis Mónica Marín Aguirre de Bienes Nacionales y Cecilia Sánchez Valenzuela de Energía, con miras a acompañar y agilizar la tramitación de proyectos del sector energético, en especial, los de energías renovables y no convencionales.

"A través de esta alianza de trabajo buscamos que los buenos proyectos de energía se pueden implementar en la región, de la mejor manera posible, fomentando tanto la inversión como el desarrollo local. Además, estamos cumpliendo lo planteado en nuestra Agenda de Energía 2022-2026", afirmó Sánchez.

Por su parte, Aguirre valoró el trabajo colaborativo entre ambas carteras para potenciar las energías renovables. "Este trabajo planificado y colaborativo entre ambos estamentos, busca coordinar acciones tendientes a destrabar la tramitación y puesta en marcha de proyectos energéticos de mediana y gran envergadura. Queremos robustecer y acelerar las metas propuestas por nuestro Gobierno, en materia de desarrollo de una matriz energética regional y nacional más sostenible, descarbonizada, y que contribuya a la reactivación de la economía", concluyó.

Rodrigo Silva Illanes

Este Diario conversó abiertamente con el gobernador regional Miguel Vargas, quien confirmó que la ejecución presupuestaria durante el 2022 fue de 94% , que, en términos monetarios, se traduce en un gasto de más de 60 mil millones de pesos, cifra mucho mayor a la ejecución del 2021, que llegó a un 99% de ejecución pero se gastó $54 mil millones .

Hay que señalar que el 6% restante, no se pierde, sino que se arrastra para la ejecución presupuestaría del 2023.

"Este ha sido un año complejo. Primero, dejar en claro que el Estado gasta en Atacama a través de los servicios públicos, como el MOP, Salud y Educación, aproximadamente un 70% de los recursos para toda la región, mientras que lo ejecutado por el Gobierno Regional (GORE) no representa más del 30%. Es decir, la gran decisión es todavía sectorial, no de decisión regional".

Respecto a lo anterior, el Gobierno Regional paga, de igual manera, lo que ejecutan servicios públicos, municipios y fundaciones. Por lo mismo, sus gastos dependen de varios factores, que han limitado que se ejecute en su totalidad el presupuesto del 2022.

Factores

Desde la experticia y conocimientos de Vargas, dentro de los factores están los proyectos de arrastre, el que, según él, no ha estado exento de dificultades.

El gobernador dio el ejemplo del proyecto Cerro la Cruz de Paipote, obra financiada por Gore Atacama, donde hubo una decisión de la Corte de Apelaciones de paralizarla por la acción judicial de un tercero que dice ser dueño de una parte del terreno donde se ejecuta el proyecto. "Es decir, hay circunstancias que afectan el gasto y que dificultan que uno gaste lo planificado", comentó.

También están las empresas con dificultades por la alteración de los precios de los materiales de construcción. Proyectos que parten y quedan a mitad de camino por el presupuesto fijado. En ese contexto, las empresas prefieren pagar garantías y parar la obra.

"Otro factor es una baja rendición de ciertos servicios públicos, como por ejemplo la Comisión Nacional de Riego (CNR) y el programa de crianceros (ambas de la Seremi de Agricultura). Es un tema que tenemos que trabajar, porque los servicios piden al GORE Atacama, pero las rendiciones de los proyectos son lentas. Al final, al que le piden explicaciones es al Gobierno Regional", a firmo Vargas en cuanto a problemas con ciertos servicios de Gobierno.

Sin embargo, el tema más complejo, al parecer, es otro: la burocracia.

Vargas dio a conocer que los aportes para la corporación paleontológica, aprobados a mitad de año 2022, no pudieron ser gastados y debieron traspasarse para el 2023. "Acá el tema no es de recursos, sino que hay un problema de deficiencia del sistema que hace que las iniciativas se retrasen. Por ejemplo, acá nos demoraron tres a cuatros meses en la aprobación de la Dirección de Presupuestos (Dipres) a un proyecto aprobado. ¿Y eso qué demuestra? Que tenemos una descentralización coja. Los trámites administrativos dificultan procesos", mencionó Vargas.

Donde también habría problemas es en los programas de Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) aprobados por el GORE el 2022, que se retrasaron porque no se pudo licitar o no hubo oferentes. "Copiapó, de los 14 programas FRIL vistos, se logró adjudicar sólo seis. A excepción del FRIL de Diego de Almagro, todos pasan al año 2023 por temas burocráticos", aclaró Vargas.

Contexto regional

En lo que respecta a la ejecución en obras, el Gobierno Regional el 2022 tuvo un gasto que supera los 31 mil millones de pesos, donde se compro terrenos y pagos de subsidios habitacionales para la población.

"Nosotros vamos a seguir manteniendo el trabajo de apoyo en la compra de terrenos para el Serviu, ya que el apoyo a los proyectos habitacionales fue una de mis promesas de campaña, y en política hay que cumplir la palabra a la gente", explicó Vargas respecto al gasto del GORE en el tema de obras.

A su vez, dentro de ese 94% de ejecución presupuestaria, se gastó $22 mil millones en transferencias de capital a servicios públicos.

En cuanto a proyectos mineros en Atacama, Vargas afirmó que "tenemos que hacer el esfuerzo que haya un aumento en proyectos, lo cual asume tener compromisos entre todos.

Asimismo el gobernador agregó que "cuando una iniciativa de inversión fracasa hay responsabilidades compartidas. Por tanto, lo que hay que hacer es conciliar los intereses, porque los organismos que son parte de la Comisión de Evaluación (CEA) esperan que los proyectos cumplan con las normas, y eso tiene que ser muy certero. Los inversionistas tienen que dar garantías a las exigencias de los servicios. Si vamos a pedir A, B y C en el tema ambiental, por ejemplo, no vamos a salir después pidiendo D, G y H. Por tanto, cuando se rechaza un proyecto el privado dice 'yo cumplí con lo que se me pidió' y en el voto se levantaron otras exigencias que no se dijeron en su minuto. Ahí es cuando empiezan los conflictos de intereses.

El tema minero es relevante, ya que al menos el 97% de las exportaciones de la región dependen de esa área económica.

Por lo mismo, Vargas manifestó que "ojalá que la modernización de la Fundición de Paipote salga adelante, que está a ad portas de entrar a ser votada en la CEA, ya que tiene incluso aprobada su factibilidad. Otro proyecto que queremos que se desarrolle pronto es Rajo Inca de Codelco ".

Cabe señalar que a fines del 2022 el CORE Atacama votó a favor de que el gobernador regional sea quien presida el CEA.

"Dejar en claro que el Estado gasta en Atacama a través de los servicios públicos aproximadamente un 70% de los recursos para toda la región, mientras que lo ejecutado por el Gobierno Regional no representa más del 30%. Es decir, la gran decisión es todavía sectorial, no de decisión regional".

"Acá el tema no es de recursos, sino que hay un problema de deficiencia del sistema que hace que las iniciativas se retrasen. Por ejemplo, acá se demoraron tres a cuatros meses en la aprobación de la Dipres a un proyecto aprobado. ¿Y eso qué demuestra? Que tenemos una descentralización coja".

31 mil millones fue el gasto del presupuestario 2022 del GORE en obras en Atacama.

22 mil millones fue el pago en transferencia de capital a servicios públicos.