Regulación de la Isapres
Hace unos días, se mencionó que la Superintendencia de Salud (regulador operativo y financiero de las isapres) generaría una instrucción, para que las isapres no provisionen un monto relevante de pasivos contingentes, en base a los estándares financieros que rigen hoy (Norma Internacionales de Información Financiera / IFRS). Esta eventual provisión se sustenta en el fallo judicial de fines de 2022, en el que se les ordenó aplicar una nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros realizados en exceso.
Si las isapres provisionan las pérdidas de acuerdo a la norma NIC 37, tendría un efecto de pérdidas o disminución patrimonial, incumpliendo con ello los indicadores financieros definidos por la Super de Salud. En este escenario, los propietarios tendrían que inyectar aumentos de capital o caer en incumplimiento, lo que implicaría quebrar el sistema y dejar sin cobertura a los beneficiarios.
El problema no es que las normas financieras-contables sean rígidas o poco comprensibles con la realidad de eventos económicos, sino que, en este caso, las malas decisiones o acciones del pasado en este sector y por diferentes actores ha hecho que se genere una seudo intervención del regulador, quien ya definió en su momento las reglas de operación del modelo y ahora, cuando le conviene, las exime de aplicación, como ocurre hoy.
Ahora parece "razonable" para el regulador generar una instrucción a las isapres, para que no provisionen el fallo judicial y así evitar las consecuencias negativas. Con esto, si bien se evita, en parte, una crisis, cabe preguntarse cuántas veces habrá que hacer excepciones y si realmente constituye la solución, sino habría que judicializar, aplicar la legislación o asumir criterio realidad.
Guillermo Rebolledo FEN Universidad de Chile
Combate a la delincuencia
Los cientos de policías de la Brigada Investigadora de Delitos contra los DD.HH. deberían estar dedicados a combatir la delincuencia rampante, el crimen organizado, al "Tren de Aragua" y a la "Mara Salvatrucha" -altamente peligrosa banda transnacional de Centroamérica presuntamente llegada a Chile- en lugar de estar distraídos persiguiendo y tomando declaraciones a miles de militares y carabineros por supuestos delitos ocurridos hace más de cuarenta y cinco años que están legalmente amnistiados y absolutamente prescritos.
Lamentablemente los jueces, vulnerando el principio esencial del derecho penal que es el de legalidad -"no hay delito ni pena sin ley previa"-, fallando contra leyes expresas y vigentes, contra tratados internacionales sobre derechos humanos, contra el más elemental sentido común y subordinándose a un órgano supranacional incompetente como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos -al encontrar que el criterio de tal Corte coincide con su particular modo de ver las cosas- condenan a elevadas penas de presidio a ancianos que se vieron obligados a enfrentar la violencia revolucionaria y el terrorismo.
A modo de ejemplo, los jueces no aplican una ley absolutamente vigente como es la de amnistía (D.L. 2191 de 1978) sobre la base de una sentencia de dicha Corte que, sin sustento jurídico válido alguno, así lo determinó (caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile), en circunstancias que ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni tratado internacional alguno impiden o limitan las facultades de los Estados para dictar y aplicar leyes que concedan el perdón entre hermanos.
Adolfo Paúl Latorre
Cuando las Universidades Estatales eran gratis
La historia transcurre en su desplazamiento por el tiempo donde generaciones han vivido las alternativas en aquel presente que muchos recuerdan y otros han olvidado por diferentes razones, muchas por conveniencias que se apartan bastante de lo que fue una realidad obvia.
Los hitos reales, como las postulaciones a las carreras universitarias, han hecho retornar a la memoria infalible de aquellos que no ocultan el pasado, esa historia de cuando las universidades estatales chilenas no cobraban matrícula ni aranceles a sus postulantes.
Hasta septiembre de 1973 no había que pagar para estudiar en la Universidad de Chile y Universidad Técnica del Estado, actual Universidad de Santiago.
Aquellos que eran aceptados, después de aprobar el complejo Bachillerato y la Prueba de Aptitud Académica posteriormente, no debían angustiarse por ese actual-brutal endeudamiento ante la banca neoliberal.
Las familias debían preocuparse solamente que su hijo estudiara con aplicación para cumplir con las complejas materias de la carrera escogida; y que definiría su futuro existencial.
La educación universitaria chilena era consistente, entonces. El Instituto Pedagógico de la U. de Chile recibía alumnos de toda A. Latina. Las Escuelas Normales también. Chile era el Pedagógico del continente. Postulantes que no cruzaban la frontera por pasos ilegales.
La Escuela de Minas de Copiapó, de la ex UTE, era el sitio obvio para estudiar como rescatar la riqueza minera, desde 1847, en todos los jóvenes de América. La unión del trabajo y el estudio se había logrado desde los cerros del norte por los pirquineros con el sol en sus rostros.
Similar panorama vivía la sede UTE de Antofagasta, allí en la Avenida Angamos, como corolario pacífico después de la guerra minera salitrera que explotaban los ingleses y que ellos incentivaron con entusiasmo la denominada Guerra del Pacífico (1879-1881).
El panorama actual es distinto. Los ciudadanos han olvidado el pasado reciente, lo que ha hecho aceptar la presente realidad, en la ya conocida actitud acomodaticia que encierra la negación del ser humano.
Las universidades del Estado constituyen ahora un núcleo férreo de endeudamiento para sus alumnos que deben hacer esfuerzos por acceder a la gratuidad limitada que se ha establecido a través del tiempo.
La Universidad del Norte de Antofagasta, a fines de los años 60, cobraba matrículas y aranceles, pero, siendo privada, ofrecía la alternativa de préstamos para que se pudiera cumplir con los pagos. En Periodismo, de acuerdo al rendimiento, ese préstamo se trasformaba en beca.
Eran otros tiempos que la reforma universitaria de 1968 continuó interviniendo al democratizar la elección de rectores con la intervención porcentual de académicos, estudiantes, administrativos y personal de servicio. Elecciones claramente democráticas. Ahora es lo contrario.
Las universidades del Estado son las máximas opciones para que los ciudadanos ingresen al estudio reflexivo con las proyecciones de las disciplinas académicas hacia el desarrollo de las comunidades ciudadanas, dueñas de la esencia de las casas de estudios estatales.
Jorge Valenzuela Araya
