Con recurso en el TC diputado Mulet paralizó tramitación de causa de cohecho en su contra
POLICIAL. Se trata de la causa de cohecho pasivo en una investigación respecto al convenio entre minera Candelaria y la municipalidad de Tierra Amarilla.
El Tribunal Constitucional (TC) acogió a trámite el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por los abogados defensores del diputado Jaime Mulet y estableció que la suspensión de la tramitación de la causa por cohecho en contra del parlamentario.
Con ello, los abogados defensores detuvieron el proceso hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie respecto al caso. En octubre, el Ministerio Público formalizó al parlamentario por el delito de cohecho pasivo y lo apuntó por haber intercedido para que presuntamente la municipalidad de Tierra Amarilla no continuara con las acciones judiciales en contra de la minera Candelaria por conflictos ambientales.
Esto data del año 2013, cuando según la Fiscalía, la minera presentó al Servicio de Evaluación Ambiental, un plan de continuidad operacional denominado "Candelaria 2030".
Jaime Mulet, con el apoyo de dos funcionarios municipales de su confianza, convencieron al edil de la época, Osvaldo Delgado Quevedo, para que la municipalidad entablara acciones legales en contra de Minera Candelaria por daños ambientales que ésta ocasionaba en la comuna. De esta manera, el ahora diputado habría convencido al alcalde para la contratación de abogados de su confianza para conformar un equipo jurídico que se encargara de conducir y patrocinar las demandas judiciales que forzaran una negociación contra ley con la Minera.
Según el Ministerio Público, tras las acciones judiciales ambientales ya presentadas, los imputados coordinaron reuniones de negociación con los representantes de Minera Candelaria, en las que no se buscaba una reparación del daño ambiental que afectaba a la comuna de Tierra Amarilla ni medidas de mitigación, sino que obtener una millonaria suma en favor de la Municipalidad y de los abogados patrocinantes, lo que se plasmó en una transacción extrajudicial en que, a cambio de importantes sumas de dinero, el alcalde Delgado Quevedo renunciaba a todas las acciones ambientales en contra de Candelaria, lo que estaría prohibido por la ley.
La Fiscalía solicitó el desafuero del parlamentario, sin embargo la Corte de Apelaciones desestimó el desafuero, señalando que había "expresiones absolutamente genéricas, vagas e imprecisas".
El Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado llevaron el caso hasta la Corte Suprema y ante esto los defensores de Mulet recurrieron al Tribunal Constitucional presentando un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y solicitaron que se paralizara la tramitación del caso hasta que exista una resolución de fondo por parte del TC.
En su resolución, el Tribunal Constitucional estableció que "el examen de la acción constitucional interpuesta permite concluir que ésta cumple con los requisitos establecidos en los artículos 79 y 80 de la mencionada ley orgánica constitucional, para ser admitido a tramitación" y que "se acoge a tramitación el requerimiento deducido (…), como se pide a la suspensión del procedimiento, medida que se extiende hasta el examen de admisibilidad del presente requerimiento".
Tras conocer la resolución, los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz indicaron que "el diputado Jaime Mulet es inocente de las acusaciones falsas que le han hecho abogados del Ministerio Público de Atacama. Su desafuero fue rechazado y ahora el TC ha accedido a nuestra solicitud de suspender la investigación hasta que se acoja nuestro requerimiento de inaplicabilidad, lo que va a acarrear el término del caso y el sobreseimiento definitivo del diputado Mulet".