Indultos I

Casi al finalizar el año 2022 el Presidente Boric hizo uso de la atribución especial establecida en el art. 32 No. 14 de la Constitución que consiste en "otorgar indultos particulares en los casos y formas que determine la ley". Los beneficiados de la decisión presidencial fueron 12 condenados por delitos vinculados al estallido social y un ex-frentista acusado por delitos ajenos a su anterior actividad subversiva.

La facultad de indultar es una atribución exclusiva del Presidente que ya ha sido ejercida en varias ocasiones desde el año 1990. No pretendo cuestionar el fondo de la decisión de Boric, sin embargo, me parece que las declaraciones posteriores efectuadas por el primer mandatario han carecido de la prudencia que se espera de un Jefe de Estado y de Gobierno. Hace pocos días él declaró refiriéndose a estas personas que ellas "son jóvenes y no delincuentes". El 2 de enero señaló en relación con Jorge Mateluna: "ustedes pueden revisar todos los detalles y los razonamientos respecto a los indultos que hemos otorgado. Yo tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia. Esto no es una opinión personal ni algo que yo haya discutido de manera individual, sino que es la opinión de todos los juristas que se han acercado con seriedad al caso y, por lo tanto, invito a todos quienes quieran revisar los antecedentes que hay respecto a esto. Tengo la plena convicción de la inocencia de Jorge y por eso hemos llevado adelante este indulto".

Si se analizan las apreciaciones del Presidente es posible constatar la gravedad de las acusaciones que se hacen al Poder Judicial. En efecto, Boric denuncia que personas inocentes fueron condenadas por los tribunales de justicia y con ello pone en duda la imparcialidad, el profesionalismo y la ética de los jueces que sustanciaron estos procedimientos. Este discurso pone en jaque, desde un punto de vista político, la legitimidad de un poder del Estado y es esperable que la Corte Suprema y la misma Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas de Chile levanten la voz para repudiar dichos tan poco reflexivos. En buenas cuentas, Gabriel Boric, en un intento de justificar ante la ciudadanía, su decisión política de cursar estos indultos traslada al Poder Judicial la responsabilidad de actuar con parcialidad y arbitrariedad en el juzgamiento de estos casos, sin ser capaz de medir las consecuencias de sus palabras.

Considero que Boric pudo haber fundado sus indultos en razones políticas, humanitarias, de coherencia con sus compromisos de campaña, etc., y todas ellas debatibles, aunque válidas, con independencia de si se comparten o no por la ciudadanía, pero no puede escudar estos indultos en una "mera convicción personal respecto de la inocencia o culpabilidad de personas condenadas por delitos", ya que esta es una atribución que corresponde exclusivamente a los tribunales de justicia.

Jorge Astudillo Muñoz, Coordinador de Investigación de la Facultad de Derecho, UNAB i

Indultos II

Diversas personas opinan que la institución del indulto es un resabio monárquico que no se justifica en una democracia representativa como la nuestra. Pienso que la facultad que tradicionalmente ha tenido el Presidente de la República para otorgar indultos particulares (art. 32 nº 14º CPR) debe ser mantenida, no solo por razones humanitarias y a fin de abrir espacio a la clemencia y a la misericordia, sino que también para dejar sin efecto las penas establecidas en sentencias dictadas contra leyes expresas y vigentes.

Adolfo Paúl Latorre, abogado

Indultos III

Estimado Director: A propósito de la expresión... "tengo toda la convicción". Según la RAE (Real Academia Española), la palabra convicción, significa idea religiosa, ética o política a la que se está fuertemente adherido...

Ante las críticas de políticos de oposición por la decisión del presidente Boric de indultar a Jorge Mateluna, basándose en que "tenía toda la convicción" de su inocencia. En julio del 2021, el entonces candidato Gabriel Boric, en una entrevista de La Tercera, antes de la primaria con Daniel Jadue declaró. "Tengo y defiendo con fuerza mis convicciones, pero no me las sé todas" (sic. Estimado director, yo también tengo toda la convicción, que la última cita, aclara toda la polémica por el citado indulto, ¿O me equivoco?

Luis Enrique Soler Milla

No le cambiemos el nombre

El 15 de diciembre del 2022 se aprobó el calendario escolar del Mineduc para el año siguiente, en el cual se indican las fechas de las actividades, hitos y efemérides importantes a considerar y conmemorar durante el próximo año escolar. Dicho calendario, señala que el 3 de diciembre de 2023 se conmemorará el "Día de la Inclusión y la No Discriminación", en consecuencia, que este año fue aprobado y publicado en el Diario Oficial, la Ley de la República que la fija para el 1 de marzo. De ser un error o no, y de mantenerse la fecha propuesta por el Mineduc, debemos recordar que el 3 de diciembre, según Naciones Unidas, es el "Día Internacional de las Personas con Discapacidad", lo que fue aprobado en 1992 por la Asamblea General de la ONU con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de todas las personas que se encuentran en situación de discapacidad.

Cierto que se podría argumentar que la "Inclusión y no Discriminación" abarcaría también a las personas en situación de discapacidad, sin embargo, en mi experiencia de trabajo en escuelas de alta vulnerabilidad con estudiantes que presentan necesidades educativas especiales asociadas a alguna discapacidad, me lleva a afirmar que cambiar el nombre de "Día Internacional de las Personas con Discapacidad" a "Día de la Inclusión y la No Discriminación", invisibiliza a las personas con discapacidad, porque se asociará ese día más a la diversidad sexual que a la discapacidad. Por supuesto, que también para quienes sufren discriminación por su orientación sexual deben ser protegidos y debemos generar acciones de promoción de sus derechos, pero no a costa de la invisibilización de las personas en situación de discapacidad.

Según el Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC II) en Chile, el 16,7% de la población tiene discapacidad y aún no hemos generado conciencia para lograr su total inclusión. En ese sentido, lo del Ministerio de Educación no ayuda.

Viviana Rivera Barrientos , fonoaudióloga y académica de la Facultad de Educación, UCEN