El cierre de cada año es quizás la mejor oportunidad para efectuar un análisis sobre los principales desafíos que se enfrentaron y extraer las necesarias lecciones de cara al futuro. Así como el 2020 nos mostró la fragilidad y precariedad de nuestro mercado laboral con una pandemia que destruyó más de dos millones de puestos trabajo, el 2022 nos dejó lecciones importantes y un sinnúmero de desafíos para el 2023.

A comienzos del 2022, con la invasión de Rusia a Ucrania, se nos volvió a recordar las fragilidades y vulnerabilidades que enfrentan las economías modernas. Dada la magnitud de esta crisis se ha cuestionado -y con justa razón- la capacidad de abastecimiento energético de casi toda Europa, lo que ha derivado en retrocesos en los procesos de descarbonización y una creciente preocupación sobre la excesiva dependencia que se tiene del comercio internacional.

Chile por supuesto también sufrió distintas consecuencias derivadas del conflicto. Es sabido que este fue uno de los principales causantes de la inflación del 2022, y es que una economía que importa la mayoría de los bienes consume, y casi el 50% de sus alimentos, es excesivamente sensible ante sucesos externos de toda naturaleza. Quizás, al igual que Europa, también sea el momento de replantearnos esta excesiva dependencia del comercio exterior, no solo por nuestras importaciones, sino también por el lado de nuestras exportaciones.

En el 2022 también aprendimos -de la peor manera posible- que la estabilidad económica que nos caracterizó en las últimas décadas no está en lo absoluto garantizada. Las cifras nos mostraron cómo algunas políticas implementadas en tan solo un par de años nos llevaron de ser una de las economías más estables de la región a ser una de las con mayor inflación, solo detrás de Argentina y Venezuela. Al mismo tiempo, pasamos de ser uno de los países con mayor crecimiento en el 2021, a ser uno con los de peor desempeño en 2022, y probablemente el único en tener recesión en 2023.

Es de esperar que en las próximas discusiones que tendremos como país, hayamos demostrado haber aprendido de nuestros aciertos y errores. Tal como dice el dicho, quien no conoce su historia está condenado a repetirla.

Hay una frase muy acertada para la vida que dice que "para construir relaciones sanas, necesitamos tener conversaciones incómodas". Esto permite fortalecer los lazos y avanzar de mejor forma en las diversos ámbitos de índole personal.

Pues bien, esa frase puede servir perfectamente para afrontar uno de los mayores desafíos de 2023, como es la salud mental que se ha ido deteriorando de forma ostensible producto de la pandemia y otros factores, lo que se refleja en estadísticas y estudios brutales. En octubre la Encuesta Ipsos mostró que Chile, Suecia e Irlanda son los países preocupados por la salud mental de la población, mientras que en Atacama se reveló que en 2022 se triplicaron las licencias por diversas condiciones o patologías.

¿Y por qué esa frase? Porque definitivamente debamos dar el paso y dejar la incomodidad de hablar de salud mental, dejar de decir eufemismos para cuando abordamos este tema, sentar las bases de cómo queremos recuperar niveles adecuados para el diario vivir y que tenemos un grave problema con el uso injustificado de licencias médicas.

A pesar que desde tiempos Antes de Cristo las enfermedades mentales han sido objeto de estudio, en pleno siglo XXI no se sabe cuándo es necesario acudir en ayuda por las condiciones mentales que van surgiendo. La idea de que se le puede tratar de "loco", llegar a situaciones extremas o creer que los sicólogos o siquiatras son un gasto de plata, son parte del comentario que debe ser encauzado de la forma más integral.

Los programas gubernamentales son necesarios, pero también el trabajo de distintas especialidades como la siquiatría y la sicología pueden llegar a ser mucho más útiles. En este sentido, ¿qué herramientas actualizadas tienen los sicólogos? En el caso de los siquiatras ¿hasta qué punto la medicación constante es el principal método para salir de crisis o estados?

Junto a esto, el mal uso de las licencias médicas es una realidad de la que no nos hemos hecho cargo. El fraude por cerca de 30 mil millones de pesos de realizado por profesionales de la salud, es una muestra de la liviandad con que se toma este tema que va en directo perjuicio de el sistema de salud y de los chilenos en general.

Comenzando un nuevo año, es interesante analizar los desafíos que se presentarán en el ámbito de la justicia penal para propender al mejoramiento de un sistema crucial en el devenir del Estado de Derecho, en un contexto de temor y percepción de inseguridad. Antes que todo y en estas breves líneas, el concepto desafiante y que es necesario abordar, es el de legitimidad en el sentido de cómo un sistema complejo y con altos niveles de desacreditación, recupera o adquiere (de acuerdo al diagnóstico que tengamos), legitimación social y por lo tanto, una razonable adherencia en una sociedad que se ha transformado de manera acelerada en los últimos años y que exige respuestas innovadoras con vehemencia.

Lo primero, es entender la respuesta penal en su integralidad, es decir, el sistema como un cuerpo multidimensional que controla con mayor o menor intensidad punitiva el ejercicio de la política criminal en un país, con las consecuencias que aquello implica, sobre todo en percepción de seguridad, pero también en el eje exclusión/inclusión social. De ahí, que los objetivos de la policía no pueden ser contradictorios con los de la Fiscalía, que los Tribunales de Justicia deben ponderar con rigor jurídico y acento en las garantías fundamentales las acciones punitivas desplegadas y que los defensores deben desarrollar las defensas con solidez técnica y con un enfoque en los DD.HH., en un contexto de volatilidad legislativa y de uso del instrumento penal con objetivos múltiples y a veces contradictorios.

Lo segundo, es el urgente retorno a la presencialidad y que más allá de las observaciones planteadas por diferentes actores, el sistema público de justicia penal no se legitima desde la virtualidad. Un sistema que tiene la capacidad de privar de libertad a una persona por décadas, no puede hacerlo desde un espacio digital- ausente, sin el riesgo de convertirse en un mero dispositivo biopolítico de control y vigilancia social. Se debe asumir el contacto con la población con un lenguaje claro y sencillo, dando respuesta a los problemas acuciantes de la justicia como es la gestión integral de erradicación de la discriminación y los múltiples sesgos desde la interseccionalidad género, raza y clase, sobre todo en la aplicación de una institucionalidad anacrónica como es la cárcel, especialmente en el uso de la prisión preventiva.

Finalmente, es necesario robustecer y actualizar las instituciones, como por ejemplo la anunciada reforma de Carabineros, un rediseño de la generación de las autoridades de la Fiscalía o la inevitable autonomía de la Defensoría Penal.

Más allá de estadísticas, las sociedades diversas y complejas requieren solidez valórica de sus sistemas de justicia. En lo penal comencemos por la legitimidad.