Redacción

Fueron dos meses de extenuante juicio, los que permitieron una sentencia condenatoria, contra un comerciante y nueve funcionarios públicos involucrados en una serie de delitos.

Según quedó establecido en la investigación, el propietario de una conocido botillería de la ciudad, recibía valiosa información que le permitía evadir los controles a los que podía ser sometido su local.

Proceso que estuvo liderado por el fiscal Luis Miranda, quien presentó acusación a los investigados luego de reunir medios de prueba testimonial, digital, documental, pericial, científico y fotográfico, que llevaron a acreditar delitos de cohecho pasivo simple y agravado, uso indebido de información reservada y receptación aduanera.

Según los antecedentes que pudieron ser recabados, se pudo llegar a establecer que entre los meses de marzo y julio de 2020, los nueve ex funcionarios de Carabineros, se comunicaban vía telefónica y por whatsapp con el dueño de la botillería "Santa Cecilia" y su hijo, esto a fin de alertar respecto de los controles policiales o del trabajo de fiscalización que en ese período realizaba personal de Ejército y la PDI.

Los efectivos que eran parte de la subcomisaría Pedro León Gallo de Copiapó, entregaban esta información y evitaban que la botillería fuera fiscalizada en medio de la pandemia, cuando se había establecido el toque de queda.

"Se obtuvo sentencia condenatoria respecto de los 11 acusados, 9 funcionarios públicos, funcionarios de Carabineros y dos civiles, dueños y atendedores de una botillería conocida en la comuna de Copiapó", explicó el fiscal Miranda.

Pagos

La investigación permitió también determinar que hubo oportunidades en que los condenados dieron aviso al comerciante que serían ellos los que realizarían las rondas de fiscalización en horario nocturno, por lo que el funcionamiento del local comercial podía continuar sin inconvenientes.

Esta información era retribuida por parte del dueño de la botillería y su hija, con la entrega de bebidas energéticas, bebidas alcohólicas y cigarrillos.

"Los delitos, fueron delitos contra la corrupción, delito de cohecho, violación de secreto, contrabando y desde ese escenario se le dispusieron distintas penas", agregó el fiscal.

SENTENCiAS

Mario Escuti, dueño de la botillería en que ocurrieron los hechos fue condenado a 12 delitos de cohecho activo o soborno y un delito de receptación aduanera, siendo sentenciado a la pena de tres años de presidio y una multa de 36 UTM. Además de otros 61 días de cárcel y una multa superior a los 600 mil pesos por su responsabilidad en el delito de receptación aduanera.

En el caso de Escuti, de acuerdo a lo que establece la Ley, no se le otorgaron beneficios alternativos a a la pena impuesta, por lo que deberá ingresar a cumplir ambas sanciones a un recinto, privado de libertad.

Mientras que su hija, Cecilia Escuti, fue sancionada a dos penas de 284 días de presidio además de dos multas de 3 UTM. Sus condenadas se dieron por cumplidas por el tiempo que estuvo privada de libertad y mientras cumplió otras cautelares durante el período que duró la investigación.

Mientras que en relación a los 9 funcionarios que se vieron involucrados, el Tribunal dicto condenada que varían entre los 59 días y los 5 años, en virtud de su participación .

Cabe mencionar que respecto de las penas aplicadas en contra de los ex funcionarios policiales, éstas se cumplirán en libertad vigilada intensiva bajo el control de Gendarmería, mientras que en algunas de ellas el Tribunal aplicó la remisión condicional.

Un hecho que tuvo una gran repercusión, al tratarse de un local comercial ampliamente conocido en la comuna de Copiapoó.

Luego que la Corte de Apelaciones de Copiapó rechazara el desafuero parlamentario de Jaime Mulet, su periplo judicial sigue en curso.

El Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, solicitaron a la Corte Suprema reconsiderar el desafuero del parlamentario, ante lo cual el diputado también decidió tomar medidas.

Representado por su abogado Ciro Colombara, ingresó una solicitud de inaplicabilidad por inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional.

La solicitud de desafuero nace luego que el 6 de octubre Mulet, fuese formalizado en Copiapó por "cohecho pasivo", en un proceso vinculado a un fraude ambiental en la Municipalidad de Tierra Amarilla.

Recordar que en el fallo de la Corte de Apelaciones, se expuso que "no existe un desarrollo claro, concreto, específico y categórico respecto de la hipótesis de autoría que se le imputa, ya que solamente se observan expresiones absolutamente genéricas, vagas e imprecisas por medio de las cuales se le sindica como quien planificó los hechos por los cuales fue formalizado".

Será ahora el TC el que determinará que ocurrirá finalmente con el parlamentario. Si tendrá opción de seguir en sus funciones o de lo contrario, es desaforado.

Se debe determinar si los hechos en que se vio envuelto Mulet y que terminó en su solicitud de desafuero ocurrieron como han expuesto tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado.

Proceso judicial que arrojará qué fue lo que efectivamente ocurrió en el municipio de Tierra Amarilla y de qué forma estuvo involucrado el diputado, que hoy se encuentra siendo acusado por cohecho pasivo.

El imputado conocía a la menor y según los antecedentes que se pudieron recopilar durante la investigación, abusó de esta cercanía para cometer este ataque sexual.

La víctima frecuentaba la vivienda del imputad de manera recurrente, fue en una de estas oportunidades que de acuerdo a los antecedentes recopilados, el hombre la agredió sexualmente.

Hechos que fueron denunciados y posteriormente investigados por la Brigada de Delitos Sexuales, BRISEX de la PDI de Copiapó., que realizaron las diligencias respectivas.

Los funcionarios realizaron el trabajo que fue liderado por la Fiscalía, recabando la evidencia necesaria para dar por acreditados los hechos que le fueron imputados.

Los jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Copiapó tras conocer la evidencia rendida, setenciaron al sujeto a una pena de 15 años de presidio efectivo.

Además, una vez cumplida esta condena, deberá estar por otros 10 años con vigilancia de la autoridad, debiendo informar su domicilio cada tres meses a personal de Carabineros, del lugar donde se encuentre residiendo.

La condenada además, fue ratificada por la Corte de Apelación de Copiapó.

Un hecho que causó conmoción en el círculo cercano de la víctima, esto debió a la relación de cercanía que existía con quien luego se convirtió en su agresor.

Delito que se pudo investigar por la denuncia oportuna y la investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía, con el apoyo de la brigada especializada de la PDI a cargo de estos ilícitos.