Redacción

Una masiva convocatoria registró el Programa "Generando Espacios de Participación Ciudadana con Actores de la Sociedad Civil Atacameña" impulsado por el Gobierno Regional de Atacama, el que busca promover instancias para compartir y escuchar la opinión de representantes de diversas organizaciones sociales, las cuales servirán como guía para futuros planes, programas o proyectos, que se realizarán durante el 2023 y 2024 en Atacama.

La actividad más reciente se centró en revisar las necesidades más urgentes de las juntas de vecinos, instancia que convocó a más de 180 dirigentes y dirigentas de toda la región, quienes se suman a los encuentros previos, realizados con adultos mayores, clubes deportivos y sindicatos de la pesca artesanal.

El programa de participación, tiene como objetivo cumplir con uno de los compromisos plasmados en el Plan de Trabajo del Gobierno Regional, el cual es generar instancias de diálogo y participación de las personas en las decisiones que les afectan directamente.

Al respecto, el gobernador de Atacama, Miguel Vargas Correa, manifestó que "aquí hemos escuchado planteamientos muy claros respecto de las necesidades que aún subsisten, problemas de los cuales tenemos que seguir haciéndonos cargo. Por ejemplo, aparece con mucha fuerza, con mucha claridad y esto es bastante transversal en los dirigentes y dirigentas, el problema de la seguridad ciudadana. Es evidente que hay una percepción de inseguridad muy instalada en cada rincón de la región y así lo han expresado los dirigentes y dirigentas. Problemas que tienen que ver con la infraestructura que requiere Carabineros, el apoyo que requiere no sólo esta institución, sino que también la Policía de Investigaciones, la Armada, el caso del borde costero y otros temas vinculados con la problemática de la seguridad que tienen que ver con óptimos canales para hacer las denuncias, la capacitación que tienen que recibir los vecinos para articularse mejor y enfrentar los problemas".

En la misma línea el gobernador indicó que "también se plantearon otras materias, por ejemplo, el avanzar con más rapidez en la construcción de viviendas sociales, los problemas de conectividad, fundamentalmente digital. La situación en la que viven todavía las localidades aisladas, donde se observan muchas deficiencias en materia de acceso a servicios básicos, por ejemplo agua potable, luz eléctrica, alcantarillado o sistemas de tratamiento de aguas servidas. Había muchos representantes del mundo rural que están en desventaja respecto de quienes viven en el mundo urbano. Las familias, por ejemplo, en localidades como La Arena, Chañaral de Aceituno y otras caletas de pescadores en la región de Atacama tienen problemas con conectividad terrestre, problemas con servicios básicos y de los cuales el Gobierno tiene que hacerse cargo".

Por su parte, Mabel Rojas Aranda, dirigenta de la Junta de Vecinos Vista Alegre de Vallenar, primera etapa, señaló que fue una "Muy buena iniciativa, ojalá se vuelva a repetir, porque así nosotros representamos a las juntas de vecinos con sus peticiones, las situaciones que se presentan en cada comuna y podemos presentarle toda esa situación a nuestro gobernador para que sea un ente informante, también al gobierno de turno, para poder tener alguna solución en cuanto a lo que más se pide en cuanto a delincuencia, salud, educación, entonces podemos ser escuchados de una u otra forma".

Finalmente, la presidenta de la Junta de Vecinos Bellavista de Caldera, Teresa Inostroza, aseveró que "nosotros ya hemos tenido reuniones con el Gobernador (…) él sabe la problemática que tenemos Caldera, así que ojalá que ahora podamos decir que con esto ya vamos a solucionar los problemas. Tenemos una reunión donde lo citamos, es una reunión con la Unión Comunal de juntas de Vecinos de Caldera, para ver la posibilidad de conversar con él y así las juntas de vecinos que no pudieron venir ahora también puedan presentar sus inquietudes".

"Aparece con mucha fuerza, con mucha claridad y esto es bastante transversal (...) el problema de la seguridad ciudadana"

Miguel Vargas, gobernador de Atacama

Chile es un país que por su geografía tiene una rica biodiversidad, la que favorece el crecimiento de diversas especies y desarrollo de ecosistemas. En este sentido, los delitos medioambientales varían según la zona en la que se realicen, sin embargo, existen algunos que pueden ser transversales como es el abandono o maltrato animal y la usurpación de aguas que están presentes en casi todas las regiones del país.

Los delitos medioambientales son definidos, según el Ministerio Público, como aquellos hechos realizados intencionalmente, de manera accidental o negligente, que producen menoscabo o destrucción al ecosistema, las especies animales o vida vegetal, cuya protección es considerada valiosa por el hombre para la mantención de las condiciones de vida, salud, actividades económicas o culturales.

Desde el año 2002, la Policía de Investigaciones de Chile cuenta con Brigadas especializadas en la investigación de estos delitos. Las Brigadas Investigadoras de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) son nueve a lo largo del país, incluyendo una Brigada en Copiapó que abarca toda la Región de Atacama.

Los delitos contra el medio ambiente y el patrimonio cultural se dan en un amplio escenario, donde la legislación chilena cuenta con distintos cuerpos legales que abarca el desarrollo investigativo desde hechos que transgredan o dañen la vegetación como la tala de árboles de bosques nativos, el robo y/o hurto de madera, incendios forestales, maltrato animal, contaminación de agua y el aire por desechos, partículas o derrames, incendios, y el tráfico de especies protegidas, entre otras; las que están enmarcadas en su amplia diversidad.

"Durante los últimos dos años, la Región de Atacama ha investigado delitos como el abandono o maltrato animal y la caza y comercialización de especies prohibidas. Además, durante la pandemia se investigaron delitos contra la salud pública en coordinación con el Ministerio Público. Por otro lado, como Bidema Copiapó en el último año se está trabajando en delitos medio ambientales como la subsidencia ocurrida en una minera de Tierra Amarilla y los daños al Desierto Florido, buscando siempre el resguardo de nuestro entorno", señaló el comisario Nelson Mazuelos, jefe subrogante de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural de la PDI Copiapó.