Ocupaciones ilegales en terrenos fiscales superan las 5 mil en Atacama
SEGÚN INFORME. Desde la Seremi de Bienes Nacionales indican que gracias al presupuesto 2023 podrán tener recursos para aumentar la fiscalización, desalojar "si es necesario" y trabajar de la mano con el Minvu en un Plan de Emergencia Habitacional que no es menor. De hecho, desde la Cámara Chilena de la Construcción indican que existiría un déficit de 14 mil viviendas en la zona.
La Región de Atacama es la segunda zona a nivel nacional en número de ocupaciones ilegales de terrenos fiscales. La zona presenta más de 5 mil asentamientos distribuidos en sus nueve comunas según informe de Bienes Nacionales.
El primer lugar lo ocupa la Región de Antofagasta con más de 8.600 asentamientos. A nivel nacional hay más de 19 mil asentamientos que son tomas por primera vivienda y las criticadas segundas viviendas en los bordes costeros.
La seremi de Bienes Nacionales, Mónica Marín, indicó que "en la Región de Atacama hemos realizado un intenso trabajo de desarmes de cercos, en el sector de Caldera, y también en sectores cómo Chamonate, en la comuna de Copiapó, en el marco de ocupaciones incipientes. Pese a todo, creemos que el desalojo es clave para frenar el crecimiento de ocupaciones, evitando que se consoliden. Como Gobierno debemos actuar y si es necesario desalojar".
La autoridad recalcó que "en el Gobierno del Presidente Boric nos estamos haciendo cargo de este problema. Gracias al presupuesto 2023 podremos aumentar las fiscalizaciones, y evitar así la proliferación de ocupaciones ilegales y loteos irregulares".
Marín puntualizó que "el problema de las ocupaciones es una realidad que no se puede desconocer y se vincula con el déficit de vivienda que afecta a miles de personas. Hay una crisis habitacional en el país y nuestra región no es excepción. Para eso trabajamos con el Minvu en el Plan de Emergencia Habitacional que comprometió el Presidente Boric y que impulsa el Ministerio de Vivienda, destinado a proporcionar un banco de suelos. Y como Bienes Nacionales, nuestra tarea es buscar terrenos aptos para construir viviendas sociales".
Además, añadió que "el Gobierno está esforzándose para enfrentar el problema de las ocupaciones con sus diferentes aristas. Pero solos no podemos, es necesario que la ciudadanía nos colabore en la denuncia de ocupaciones ilegales o loteos irregulares".
Por su parte, Juan Pablo Hinojosa, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Copiapó, afirmó que "por un lado tenemos una realidad en que no se está siendo capaz de dar solución a la problemática de falta de viviendas -según la Corporación Déficit Cero, en la región hay un déficit habitacional de 14 mil viviendas, de las cuales el 40% corresponde a campamentos-, por lo mismo es importante que los instrumentos de planificación se adecúen de manera más rápida a las dinámicas que se viven en nuestras ciudades, por ejemplo el impacto que ha tenido la inmigración, y así haya suelo disponible para una construcción habitacional más eficiente, lo mismo en avanzar en innovación y productividad en los procesos constructivos".
Además, agregó que "tenemos las ocupaciones irregulares de segunda vivienda en el borde costero, que se debe abordar desde el Estado de Derecho y también con una política más proactiva para adelantarse a futuras tomas y en ese sentido regularizar o dar posibilidades a una posible demanda, pues sino lo que tenemos hoy es una gran cantidad de viviendas en riesgo ante posibles eventos naturales, como por ejemplo un tsunami, y también un tema medioambiental -por el exceso de basura- que afecta a uno de los patrimonios de Atacama".