Niños que no juegan
Un reciente estudio que en Chile fue liderado por la Universidad de la Frontera vino a sumar nuevos datos a un diagnóstico lamentable: la pandemia y el encierro produjeron un desastre educativo brutal. El informe documentó los cambios y los factores que incidieron en las conductas del movimiento durante la emergencia del coronavirus entre los niños latinoamericanos menores de 5 años.
El principal hallazgo fue que el tiempo dedicado a las pantallas prácticamente se duplicó, mientras que la actividad física, principalmente en forma de juego, se redujo en 20%, al tiempo que la calidad del sueño bajó en 15 puntos. En Chile, uno de los factores más influyentes en los cambios negativos relacionados al movimiento fue la falta de un espacio para jugar y vivir en departamentos.
Si a esto le sumamos lo que vemos en terreno a través de nuestro trabajo en la Fundación y que es el peligro e inseguridad que se percibe en las calles, lo que impide el juego en los espacios exteriores, es claro que las políticas públicas en pos de la primera infancia vulnerable nunca serán lo suficientemente robustas si no intervenimos las familias y los entornos.
Es imperioso crear conciencia sobre lo crucial que es que los lugares en los que se habita permitan un desarrollo integral de los preescolares, lo que incluye contar con instancias y espacios para algo tan esencial como es jugar.
Anne Traub, directora ejecutiva Fundación Familias Power
Exclusión educativa
La exclusión educativa es un tema gravísimo, con consecuencias definitivas sobre la vida de las personas, sus familias y de la sociedad en su conjunto. Es como una dura montaña de hielo, que se interpone en el futuro de al menos 224 mil niños, niñas y jóvenes que en Chile han sido privados de su derecho a la educación. Este 2022, 50 mil no se matricularon y no fueron a clases, quedando a merced de la calle, donde abundan los explotadores laborales de toda índole. Busquemos todos juntos -gobierno, legisladores, sociedad civil organizada- una solución definitiva al problema. Aquí proponemos una hoja de ruta con cuatro acciones urgentes:
Proponemos una discusión inmediata del proyecto de ley para implementar una subvención para la modalidad educativa de reingreso; crear una campaña nacional de búsqueda de niños, niñas y jóvenes que hayan -por diversas razones- abandonado su educación, convocando a actores públicos y privados en esta tarea, para lo cual, las 90 oficinas locales de la niñez, dependientes del Ministerio de Desarrollo Social, pueden ser una gran herramienta; creemos también necesario mejorar la oferta de reingreso, desafiando a nuestro sistema educativo, en alianzas público-privadas, para que cada comuna cuente de aquí a 2024 con al menos un aula, escuela y/o centro de reingreso; y, aunque todas las ideas que sumen en esta tarea son bienvenidas, hacemos por último un llamado a mejorar y ampliar los fondos concursables de reinserción. Hoy existen 26 proyectos, que ni siquiera tienen presencia nacional. Por ello, proponemos que en 2023 existan al menos 70 proyectos para esta tarea.
Queremos que la educación vuelva a tener un espacio en sus vidas. Estamos y debemos transversalizar los esfuerzos para buscar y dar a nuestros niños y jóvenes una oferta pertinente para que nunca más vuelvan a sentir que se quedaron atrás.
Fernando Rojas, Alejandra Arratia, Juan Cristóbal Romero y Liliana Cortés
Paridad de género
No comparto lo establecido en el Acuerdo por Chile sobre la paridad de género: "El Consejo Constitucional se integrará bajo el principio de paridad de entrada y de salida".
A mi juicio y considerando que la inteligencia y las capacidades de las personas son independientes del sexo, la paridad de entrada en la definición de candidaturas es absurda y lo es, más aún, la paridad de salida; pues con ello se vulneran la garantía constitucional de igualdad ante la ley (arts. 15 y 19 2º CPR) y la voluntad ciudadana al "meter la mano en la urna" y torcer los resultados, con lo que algunos candidatos resultan elegidos gracias a su género y no a su mérito o talento.
Se ha llegado al extremo de pretender imponer esta paridad forzada no solo en los órganos de representación popular, sino que en la composición del Poder Judicial y en otros ámbitos de la actividad social, incluso en directorios de sociedades anónimas y en la adjudicación de becas de doctorado.
Adolfo Paúl Latorre
Paridad de género
En nuestro país ha existido un avance en el aumento de la recaudación fiscal mediante distintas medidas, tales como las modificaciones al impuesto a la renta, impuesto al IVA y de manera muy relevante, en materia de elusión y evasión tributaria. Todo ello con la finalidad de lograr una mayor distribución del ingreso.
Sin embargo, la tarea no ha sido fácil, ya que los recursos son escasos y las necesidades ilimitadas. Y esa premisa hace que al ser humano le resulte muy difícil aceptar la incorporación de nuevos tributos o la eliminación de exenciones tributarias que solo provocan una mayor desigualdad en sus habitantes.
La ley 21.420, impulsada por el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, busca reducir una serie de exenciones. Una de ellas es la referida a la modificación legal del IVA a los servicios, quedando afectos a este impuesto a contar del 01 de enero de 2023.
En su esencia, dicha ley es un gran avance, sin embargo, sigue manteniendo la exención del IVA para las sociedades de profesionales, postergando la posibilidad de generar un cambio en este aspecto. Lo anterior no significa que todo sea color de rosa para las sociedades de profesionales, ya que deberán cumplir con varios requisitos. Ejemplo de ello es que todos sus socios trabajen efectivamente para la sociedad, y por lo tanto, potenciales contribuyentes evasores no podrán utilizar la práctica de incorporar socios simulados, tales como sus "conocidos", para escapar del cumplimiento de sus obligaciones tributarias a través de la reducción de la base imponible del impuesto global complementario.
El proceso que asegura el cumplimiento de los requisitos para que las Sociedades de Profesionales queden exentas de IVA es muy simple y bastante básico, sin embargo, ya se escuchan voces de quienes solicitan que para éstas se postergue la entrada en vigencia de la ley. ¿Qué razón podría estar detrás de esta postura si la misma norma contempla que este tipo de sociedades sigan exentas de IVA? ¿Será que quienes no cumplen los requisitos básicos son los interesados en posponer la aplicación de esta ley? ¿Desconocen aquellos que impulsan estas propuestas las grandes necesidades de la población? ¿Olvidaron las demandas que provocaron los hechos ocurridos a partir del 18 de octubre del 2019?
Alejandro Vera Espinosa Expresidente del Colegio de Contadores