Redacción

El Tribunal Electoral Regional, rechazó en su totalidad los cargos formulados por los concejales de Copiapó, Carolina de la Carrera, Juan Manuel Cáceres, Juan Pablo Rico y Pedro Bedoya, en contra del alcalde de Copiapó, Marcos López.

En julio de 2021, los ediles presentaron una acusación por notable abandono de deberes contra el edil, y graves irregularidades financieras y faltas a la probidad al interior del municipio, agregando informes de Contraloría en sus informes.

Impresiones

Para los concejales, esta resolución, no queda hasta aquí. La autoridad comunal, Carolina de la Carrera, sostuvo que seguirán hasta las últimas consecuencias.

"Ahora nos queda la instancia de apelación del Tribunal Calificador de Elecciones, que es el TRICEL, que ese es el paso que ahora nosotros vamos a seguir. Son tribunales independientes, se vuelven a examinar todos los hechos desde cero, no son vinculantes las opiniones de un tribunal con el otro", explicó De la Carrera.

La edil señaló que "nosotros nos enteramos durante el concejo de esta noticia, y por lo menos con el concejal Rico y Cáceres, vamos a seguir, tenemos la idea de que necesitamos una respuesta de este organismo (Tribunal Calificador de Elecciones). Esta acusación no puede quedar sin ningún castigo, aunque sea mínimo, porque se incurrió en faltas, no podemos dejar todo abierto, que ocurran faltas y que después no haya castigo de por medio".

Por último, la concejala indicó que "nosotros lo hacemos por transparencia para la comunidad, que creemos que han ocurrido situaciones que se produjeron que no fueron las más transparentes hacia la comunidad y que estas requieren ser vistas, y ser examinadas, y recibir las sanciones correspondientes. Hubo faltas a la probidad por el tema de haber recibido estas ayudas para periodos de campaña, pero además todos conocemos que los hechos administrativos son reiterativos en el municipio, no es que nosotros hayamos agarrado un informe, si no que, en marzo, de nuevo hubo otro informe con horas extras que tampoco está justificado, y nosotros como concejales debemos velar por el patrimonio de la comuna", puntualizó.

Decisión

El documento entregado por el Tribunal Electoral Regional de Atacama, detalla en algunos artículos que:

1. Se rechaza la objeción de documentos deducida por la requerida respecto de las planillas electrónicas proporcionadas por el Servicio Electoral, para determinar las personas y montos de los aportes a campañas electorales.

2. Que se rechaza la alegación en cuanto a la falta legítima de los señores concejales requirentes, por estimar el Tribunal que ellos, en el ejercicio de sus funciones, son los llamados a fiscalizar los actos del municipio en general y del alcalde en particular.

3. Que se rechaza la alegación referida, en cuanto a que puntos del requerimiento constituirían cuestiones prejudiciales de índole administrativo, previas, toda vez que de los antecedentes aportados por las partes y del mérito de los antecedentes que se conocieron mediante la dictación de medidas para mejor resolver, el Tribunal es competente y tuvo los antecedentes suficientes para pronunciarse respecto de las mismas.

4. Que no se condena en costa a los requirentes, por cuanto tuvieron motivo plausible para litigar.

La Fiscalía busca acceder a los registros del Servicio Electoral, en busca de información, sobre los aportes reservados de la campaña política en el período en que era candidato a diputado Jaime Mulet.

La medida, forma parte de la investigación que encabeza el Ministerio Público en contra del diputado por la causa de minera Candelaria.

La Fiscalía busca determinar cuáles fueron los aportes que recibió Mulet en contexto de su campaña política entre los años 2013 y 2019. Es por ello que el órgano, solicitó a la Corte de Apelaciones que autorice la entrega de la información a través de un documento público ingresado en la plataforma del Poder Judicial.

Además, el órgano persecutor, solicitó a la Corte de Apelaciones el desafuero de Jaime Mulet. Decisión que se conocería en diciembre de este año.

Al respecto, el diputado sostuvo que "eso corresponde a cierta obsesión que tiene algunos fiscales del ministerio público con mi persona, que después de tres años y medio solicitan una información al Servel respecto de la cual no tengo ninguna objeción que la pidan. Es más como consta en el escrito que presenté el día de ayer, adjunto un documento que el ministerio público no adjunto por error y me pongo a disposición y me allano a que se entreguen los antecedentes que el ministerio público requiere. Yo no tengo nada que esconder. Llevan cinco años investigándome. No han encontrado nada. Esto es una operación comunicacional de algunos fiscales".

Mientras que desde la Fiscalía de Atacama se indicó que en esta causa, así como en todo el resto de las investigaciones vigentes en la región, los fiscales a cargo instruyen diversas diligencias investigativas a distintos órganos auxiliares, además de solicitar antecedentes y reunir documentación de instituciones públicas y privadas.

Rutas abiertas para todo tipo de vehículos y cinco querellas por la Ley de Seguridad del Estado para los que resulten responsables por bloqueos de vías fueron los anunció que dio el delegado presidencial de Atacama (s), Jorge Fernández sobre el desarrollo del conflicto con los transportistas

La autoridad aclaró que la movilización continúa, tras las negociaciones con el Gobierno, pero que los cinco puntos tomados habían sido liberados.

Al respecto, el delegado Fernández, sostuvo que "los camioneros siguen estando presente, pero con sus vehículos a un costado en la berma", detalló.

Sobre la acción legal, Fernández enfatizó que "no dejar pasar camiones aljibes como a la comunidad de San Pedro es grave, no dejar pasar camiones a los rellenos sanitarios es muy grave o tener la duda sobre los camiones sobre alimento o el paso de vehículos menores es grave y todo esto se considera".