Javiera Sánchez

La jornada de hoy jueves 17 de noviembre debía ser de alegría para los comerciantes del centro de Copiapó, quienes tenían planificada la inauguración de tres cámaras de vigilancia de 360° que habían sido instaladas en diferentes puntos de la ciudad con el fin de resguardarse ante posibles eventos delictuales.

Sin embargo, los planes de los 40 miembros del Sindicato de Comerciantes Ambulantes históricos de Copiapó con permiso establecido, cambiaron drásticamente cuando la madrugada del pasado lunes una de las tres cámaras fue sustraída del lugar.

"Postulamos a un proyecto del Gobierno Regional de la glosa n° 7 en la parte seguridad, porque sentíamos que esa área es muy necesaria para todos nosotros, tanto para los comerciantes que estamos en la calle, como para quienes están establecidos alrededor de donde se pusieron las cámaras de seguridad", explicó Maiten Vega, representante legal del sindicato.

Un hecho lamentable que golpea directamente a los trabajadores, quienes se adjudicaron $7.582.000 por el Proyecto Cámaras de Seguridad: "Empoderando la seguridad de la ciudadanía", para la compra e instalación de las cámaras de seguridad y todo su equipamiento.

Fueron tres los puntos donde se colocaron los domos de las cámaras, los que fueron escogidos estratégicamente por robos y peleas que suelen ocurrir en el sector.

La primera de ellas en calle Atacama, en la azotea de un local que permite tener visión desde Maipú a Colipí, otra en Chañarcillo y la tercera y principal de ellas, en calle Chacabuco en el techo de un recinto, frente al supermercado Unimarc, la cual fue robada a pocos días de su implementación y sin que se sepa cómo.

Cámaras avaluadas en cerca de $2.750.000 cada una, las que serán monitoreadas y operadas por seguridad ciudadana de la Municipalidad de Copiapó gracias a la coordinación y gestiones del sindicato de trabajadores, quienes se encontraban felices y esperanzados por el logro obtenido, pero que hoy ven con frustración la pérdida de su esfuerzo.

"Se hizo la denuncia en PDI porque se trata de gastos públicos. Nosotros nos ganamos el proyecto donde habían muchas postulaciones y por primera vez fuimos favorecidos en algo tan importante como la seguridad y nos sucede esto. Nosotros estamos expuestos a vivir situaciones y una de las cosas que se quería prevenir con la cámara era poder tener un registro de lo que está sucediendo", añadió Vega.

Fondos públicos

Equipamiento sustraído que fue adquirido con fondos públicos, por lo que desde el Consejo Regional (CORE) no han sido indiferentes al hecho. En ese sentido, el presidente de la Comisión Provincial Copiapó del CORE de Atacama, Javier Castillo, sostuvo que el tema de la seguridad era una preocupación para el Consejo, por lo mismo, han sostenido reuniones con la Coordinación de Seguridad Ciudadana de la Delegación Provincial para generar una red que mejore la percepción de seguridad en la comunidad.

"Nos parece absolutamente grave que un recurso de los fondos regionales que se pone a disposición para esto termine en manos de la delincuencia, cuando se supone que está para evitarla. Es una situación muy grave y vamos a hacernos parte en las denuncias que haga el Sindicato de Comerciantes Ambulantes de Copiapó, de las acciones jurídicas y conjuntamente con ellos haremos el esfuerzo para que las policías puedan recuperar ese bien público", manifestó Castillo.

En tanto el fiscal jefe (s) de Copiapó, Ariel Guzmán Moya, mencionó que "las cámaras de seguridad son un aporte desde la perspectiva de evidenciar patrones de conductas de personas dedicadas a la comisión de delitos en el sector céntrico de la ciudad o ataques a víctimas o delitos de robo a locales comerciales. Cuyos registros visuales sirven además como medio de prueba ante la comisión de algún delito".

Rechazo causó la propuesta de la diputada Sofía Cid para la agrupación de familiares y amigos de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos de Atacama y Agrupación de usuarios y beneficiarios PRAIS de Atacama. A través de un comunicado que entregó la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos humanos y Sociales, criticaron la indicación que fue descartada en la Cámara.

"Sumamos el profundo rechazo que provoca en nosotros la propuesta de la diputada Sofía Cid de otorgar un peso al presupuesto del INDH para el año 2023. Nada justifica las violaciones a los DD.HH. ni de ayer ni de hoy. La diputada, con su propuesta de los hechos de violencia por parte del estado al negar la funcionalidad de una institución que se crea en Chile precisamente para dar garantías de no repetición ante los crímenes de lesa humanidad de la dictadura de Pinochet. Nos parece una burla y provocación a los miles de víctimas en Chile", indicó el vocero de la Agrupación de Familiares y Amigos de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Atacama, Rodolfo Villarroel.

Mientras que el presidente de dicha agrupación, Mario Silva, recordó que el INDH nació en Chile en el marco del Acuerdo de París, en el que los diversos países se comprometieron así a traer los estándares internacionales en derechos humanos a cada uno de los suscritos, y "este tipo de declaraciones no ayuda a que lleguemos a un estándar aceptable en materia de derechos humanos, no queremos más negacionismo, queremos una cultura de respeto a la vida y que promueva la paz y las garantías de no repetición", indicó.

Nacional

A través de un comunicado, las organizaciones integrantes de la Coordinadora Nacional, indicaron condenar "rotunda, categórica y enérgicamente, las expresiones ofensivas proferidas por el diputado del partido Republicano Cristian Araya, al referirse a víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura cívico militar encabezada por Pinochet y víctimas del estallido social durante el gobierno de Sebastián Piñera, utilizando la sede parlamentaria para esconder su cobardía al amparo del fuero parlamentario". En la carta, indican que "sepa el diputado Araya que no son supuestas las víctimas de las violaciones a los derechos humanos de ayer y de hoy, son personas reales, las que han sido violentadas en sus derechos fundamentales por agentes del estado, situación reconocida por diversas sentencias judiciales y por diversos organismos de derechos humanos nacionales e internacionales".

"La búsqueda de detenidos desaparecidos no solo es una obligación ética sino que jurídicamente legitima y justa, porque se trata de delitos de lesa humanidad que de acuerdo al derecho internacional son imprescriptibles. El Museo de la Memoria es parte del proceso de justicia transicional, porque la memoria se opone al olvido y sin memoria respecto a hechos oprobiosos y graves, constitutivos de violaciones a los derechos humanos ofenden la dignidad humana", explicaron las organizaciones.