Rochel Saavedra Zepeda

Si bien, el ingreso de una indicación por parte de la diputada (RN) Sofía Cid, que plantea darle $1 (un peso) al Instituto Nacional de Derechos Humanos en el Presupuesto 2023, fue catalogada como inconstitucional, la iniciativa no quedó exenta de opiniones entre congresistas.

A través de un medio de comunicación nacional, Cid indicó que "la actuación de la institución deja mucho que desear, y con lo que hemos conocido tras la salida del exdirector Sergio Micco, quedan serias dudas que esté cumpliendo su misión institucional".

Agregó que queda la impresión que es "una maquinaria política capturada por sectores altamente ideologizados" y que es importante que los recursos puedan ser reasignados otros organismos que "reflejen las necesidades de las personas".

Dentro del Presupuesto 2023, el organismo público, recibirá un monto que supera los 14 mil millones de pesos.

Reacciones

Quienes concordaron con la opinión y propuesta de la diputada Cid, fueron los parlamentarios Juan Manuel Fuenzalida (UDI) y Marcos Antonio Sulantay (UDI).

Al respecto, el congresista Fuenzalida, sostuvo que "sin duda el INDH, hoy día se ha transformado en una institución que perdió su foco, que lamentablemente, se ideologizó, que está asumiendo postura, en materia de derechos humanos, y en ese sentido, no está cumpliendo el rol para el cual fue creado, asimismo, hemos visto como se ha generado una suerte de apropiación de un concepto que tiene que corresponder a todos, y no solo a todos, hoy día con ese presupuesto que está planteando donde además el sesgo en su distribución se hace, es realmente poco aceptable".

El diputado Sulantay, apoyó rotundamente a la diputada Cid en su indicación. "Lo que ella plantea es una realidad lamentable que se aprecia a simple vista, ya que el INDH es una institución que en teoría es muy importante, pero que en los hechos es una repartición capturada por operadores políticos de extrema izquierda, en especial del Partido Comunista. No estamos para dilapidar los siempre escasos recursos estatales, menos en estos tiempos de recesión económica", indicó.

Por otra parte, el diputado Socialista, Juan Santana, no estuvo precisamente de acuerdo con las intenciones y declaraciones de la diputada de RN.

"Afortunadamente primó la sensatez y la indicación de la diputada fue rechazada. Sin embargo, detrás de su presentación hay un evidente negacionismo. Una negación a que en Chile hubo torturados, hubo perseguidos, hubo asesinados. Por eso se solicita ese financiamiento, para que organismos como el INDH puedan defender y promover el valor de los derechos humanos. Todos esos hechos, documentados y corroborados, la diputada Cid pretende desconocerlos. Sin lugar a duda es un desprecio tremendo a la historia reciente y una preocupante validación del terrorismo de estado", explicó el diputado.

Antecedentes

Entre los precedentes que sostienen los dichos de la diputada y los parlamentarios UDI, se encuentra la salida del exdirector del organismo, Sergio Micco, quien enfrenta una querella por encubrimiento de delitos y abusos del Estado en las protestas de 2019, presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Además, la iniciativa de la congresista RN, fue catalogada por inconstitucional, ya que, de acuerdo a la actual legislación, solo el Ejecutivo puede decidir el destino de los dineros públicos.

Otro de los antecedentes que se suman, es que el INDH, no se encuentra sujeto a algún organismo que fiscalice su trabajo. De hecho, la semana pasada, diputados ingresaron un proyecto que busca fiscalizar al organismo por medio de la cámara baja, pues acusan la inexistencia de reciprocidad en la colaboración para la entrega de información del instituto.

"Afortunadamente primó la sensatez y la indicación de la diputada fue rechazada. Sin embargo, detrás de su presentación hay un evidente negacionismo. Una negación a que en Chile hubo torturados, hubo perseguidos, hubo asesinados".

Juan Santana, Diputado PS

Tras conocerse los resultados del estudio del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS) de la Universidad Católica y la Universidad de Concepción realizado en Copiapó, el cual arrojó altos niveles de cobre, plomo, mercurio y arsénico en los suelos de la zona, la diputada Daniella Cicardini y el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, expusieron su preocupación y postura frente al tema.

Específicamente se habrían detectado concentraciones de cobre y arsénico que estarían un 90% por sobre normas de referencia de Canadá, así como concentraciones elevadas de elementos como plomo, mercurio y cobalto en otras muestras analizadas provenientes del área urbana y periféricas de la capital regional de Atacama.

Cicardini dijo que "estos resultados nos preocupan y mucho, pero no nos sorprenden ni creo sorprendan a la mayoría de las y los copiapinos y atacameños, cuando lamentablemente hemos señalado tantas veces que toda Atacama es una región de daño o sacrificio ambiental, con casos emblemáticos como Tierra Amarilla, Huasco y Chañaral. Lo relevante de este estudio es que siempre será importante contar con nuevos antecedentes y más y mayores insumos para fundamentar la toma de decisiones tanto a nivel de ordenamiento territorial, en salud, o para poder exigir medidas preventivas o a la hora de legislar en la materia".

A raíz de estas conclusiones, la parlamentaria indicó que espera reunirse con la ministra de Medioambiente por el tema, e informó que " ya he tomado contacto con el diputado Daniel Melo, presidente de la Comisión de Medioambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados, de la que también soy parte, a fin de solicitar que se pueda invitar a los autores de este estudio del CEDEUS, para poder conocer de primera mano los alcances de estos resultados, sus consecuencias, recomendaciones y en especial su visión del potencia riesgo que esto representa para la población".

Por su parte, el gobernador Miguel Vargas, dijo que dijo estudio "hace una aseveración importante que es el potencial riesgo que existe para la salud de la población, pero también ahí el mismo análisis que los datos que se aportan podrían decir que son concluyentes, respecto de los efectos nocivos que esto puede tener para la salud de las personas; por lo tanto, lo que aquí nace creo que es la obligación de seguir profundizando en este tema (...) para descartar cualquier riesgo, o también tomar las medidas adecuadas para que estos efectos en la población no sean significativos"

"Aquí la minería tiene que jugar un rol más preponderante en este ámbito, hacerse cargo de sus pasivos ambientales, no solo en los proyectos de ahora, sino que también en una mirada de compromiso con la región, en una mirada de compensar los daños ambientales hacia el pasado (...)", señaló el gobernador.