Fundación Fútbol Más busca promover el bienestar de la infancia y sus comunidades, fortaleciendo procesos de resiliencia, la cohesión comunitaria y los vínculos significativos, potenciando los liderazgos locales a través del juego y el deporte, utilizando el fútbol como estrategia de transformación social. Para aquello, incorpora en su malla de contenidos seis de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la agenda 2030 de la ONU. Uno de los objetivos abordados es el número cinco, correspondiente a la equidad de género.

Si bien, el deporte tiene una deuda en acortar brechas de género (en especial en deportes masculinizados históricamente como lo es el fútbol), cuando se mira fuera de la cancha y se profundiza el análisis en las organizaciones sociales, tales como: juntas de vecinos, clubes deportivos, sociales y artísticos, entre otros, se logra evidenciar una alta participación de mujeres en el tejido social.

Incluso en el fútbol profesional, referentes como la "tía Edith" en Curicó Unido, hincha que se caracteriza por su liderazgo y gestión con fines de acompañar al club de sus amores a cada rincón y momento del campeonato, refuerzan la idea de que los espacios sociales, políticos y deportivos si tienen participación femenina, pero en su mayoría invisibilizadas.

Un dato aportado por el Observatorio de Género: mujeres y territorios, 2022, indica que en los territorios más pequeños existe una participación de mujeres por sobre los hombres de un 27% en organizaciones vecinales, cifra que muestra la efectividad de lo sostenido. Sin embargo, aumentar la participación de mujeres ¿asegura igualdad de oportunidades?

Desde estas interrogantes el desafío sigue latente, fortalecer los liderazgos y potenciar espacios desde la equidad, pueden ser estrategias incidentes en la búsqueda de la paridad en todos los niveles decisorios de la vida política, económica y social. Así como también, visibilizar a mujeres en el deporte, puede abrir puertas para acercarnos al sueño de canchas barriales con niñas y niños conviviendo en ambientes deportivos sin distinción de género.

Libertad condicional en Atacama

El Decreto Ley 321 establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, la postulación al beneficio es conocida por una Comisión, que sesiona en los meses de abril y octubre de cada año, en cada Corte de Apelaciones, y tiene la facultad de conceder, rechazar y revocar, en su caso, el beneficio mediante resolución fundada.

Este último semestre, en Atacama, postularon a la libertad condicional 75 personas, fueron acogidas 21 solicitudes que corresponden al 28%, y rechazadas 54, que es el 72%. Las causales del rechazo se fundamentan en que los privados de libertad, al momento de la postulación, no demuestran avances en su proceso de reinserción social, es decir, no están preparados para salir al medio libre, por una multiplicidad de factores, por ejemplo, porque presentan un nivel medio o alto de riesgo de reincidencia delictual, porque no cuentan con red de apoyo familiar que sea capaz de actuar como agente de control que permita ejecutar acciones de prevención ante eventos de riesgo, entre otros.

En la región, existen tres recintos penales, dos Centros de Cumplimiento Penitenciario; Chañaral y Copiapó, y un Centro de Detención Preventiva en Vallenar, todas las cárceles pertenecen al sistema tradicional, es decir, no son concesionadas, y están altamente hacinadas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el hacinamiento constituye en sí mismo una violación del derecho a la integridad personal; asimismo, obstaculiza el normal desempeño de las funciones esenciales en los centros penitenciarios; e impide que todos los condenados puedan participar y beneficiarse de las actividades asociadas a la resocialización o readaptación para incorporarse al medio libre con todas las herramientas necesarias para evitar la reincidencia, mostrar empatía, conciencia del delito, etc.

El inciso 2º del artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece un principio general respecto del trato debido a las personas privadas de libertad basado, por un lado, en la dignidad del ser humano, y por el otro, bajo el entendimiento que el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de los derechos de las personas privadas de libertad.

La posición de garante del Estado incumbe a todos los poderes públicos en el marco de sus competencias, lo que incluye el control judicial de la ejecución de la pena privativa de la libertad, según mi opinión es imprescindible la creación de los juzgados de ejecución de la pena, dotados de recursos necesarios, y que garanticen la coordinación de los operadores de justicia con la administración penitenciaria, con la finalidad que en la ejecución de las penas privativas de la libertad, se procure que la persona del penado se pueda reintegrar a la vida libre en condiciones de coexistir con el resto de la sociedad sin lesionar a nadie, es decir, en condiciones de desenvolverse en ella conforme a los principios de la convivencia pacífica y con respeto a la ley.

Este 4 y 5 de noviembre el país se volvió a unirse en torno a la campaña Teletón, que por más de cuatro décadas se encarga de reunir millonarios fondos con el fin de financiar al instituto de rehabilitación que funciona a lo largo del territorio nacional.

Pese a que no han faltado sus detractores, para la gran mayoría de los chilenos, la campaña es la mejor forma de reunir los fondos necesarios para que los niños y jóvenes en situación de discapacidad obtengan un tratamiento de calidad, en busca de incorporarse de la mejor manera a una vida social y laboral.

Según cifras de Teletón, el costo de la rehabilitación por paciente llega a un millón 100 mil pesos, siendo casi 32 mil usuarios los que la requieren. A nivel local, en el Instituto de Copiapó se atienden a más de 600 niños, pero otros tantos corresponden a comunas cercanas, como así tambíen de otros países.

Sin duda el desafío de este año fue igual o más importante que el de años anteriores, con una situación económica mundial que ha encarecido los costos, pero también con desafíos que crecen a la vez que se abren más centros en el país.

Pero más allá del trabajo de rehabilitación, los esfuerzos tienen un objetivo que va más allá, que es el desarrollo personal y profesional de las personas en situación de discapacidad y, para ello, es necesario seguir avanzando en inclusión.

El director nacional médico de la Teletón, doctor Bruno Camaggi, la semana recién pasada llamó a las empresas a seguir avanzando en esta materia, Camaggi llamó a ir más allá, por que las personas en situación de discapacidad "son un tremendo aporte a los equipos de trabajo, mejoran el engagement (compromiso), mejoran el clima laboral, generan motivación". En este contexto, expuso que es "importante ver la diversidad como un valor, asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades y eliminar formas de discriminación fundadas en la discapacidad".

La inclusión puede ser promovida desde el Estado y en general de las instituciones, pero principalmente debe nacer de cada persona, de ponerse en el lugar del otro e ir más allá de hacer un aporte económico anual, sino reafirmarlo todo el año con las acciones necesarias, para convertirnos en un país más solidario.