El alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, aseguró a Emol que no cuentan con recursos para pagar a profesor producto de un déficit que registra la Municipalidad, por lo que están organizando un evento benéfico para juntar el dinero de los sueldos de diciembre.

El jefe comunal explicó que esta situación "tiene una composición mixta. Parte de la composición mixta es un déficit que se arrastra por la ley de Planta Docente que establece que hay horas de docencia y otra que son para planificación y esas horas se consolidaron con esta ley y lo que hacia era que el profesor que tenía 40 horas de clases ya no tenía 40 horas, sino 20 y 20 de planificación y por lo tanto había que contratar otro profesor que supliera las otras 20 horas de clases. Ahí aumentó la dotación. En el caso de Coyhaique teníamos 700 funcionarios y llegamos a 1.200 en el DEM (Dirección de Educación Municipal)".

Producto de lo anterior, señaló que la cantidad de matrículas en la educación pública disminuyó, por lo que comenzaron a percibir menores ingresos, pero los gastos operacionales se mantuvieron.

Además, agregó que a lo anterior se suman otros problemas como el aumento del costo de algunos servicios como la calefacción, que ya estaría costando el doble.

Según Gatica, "ya hemos sacado de todas las cuentas que hemos podido" y "tuvimos que reducir en más de un 40% las ayudas sociales", pero ya no dan abasto, por lo que organizaron un bingo.

"Estamos organizando, planeando un bingo, una acción que pueda hablar de recursos. Estamos hoy día consiguiéndonos premios, buscando a empresas a todos lados dentro de las mismas gestiones que podemos hacer es buscar premios para levantar el bingo", sentenció.

Legisladores por la zona pidieron al Mineduc un pronunciamiento y la entrega de recursos de manera urgente.

Los diputados de Renovación Nacional, comandados por Andrés Celis y José Miguel Castro, enviaron un oficio a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, pidiendo transparentar el aumento del gasto de la Secom, que habría incrementado un 33% en el proyecto de ley de presupuesto para el 2023 respecto al de este año. Según el documento, los parlamentarios señalan que el presupuesto excede en $399.000.000 al de este año, que sería de $1.182.000.000. También destacan que "ha pagado por una serie de estudios estratégicos tanto cuantitativos como cualitativos", y especifican tres, que juntos suman cerca de $259.000.000. El diputado Celis fue crítico y aseguró que "esto evidencia la falta de conexión con la realidad que tiene el Gobierno".

Antes de comience la discusión oficial de la reforma previsional en el Congreso, desde Chile Vamos, el Partido Republicano y el Partido de la Gente ya hicieron algunos planteamientos para la tramitación en el parlamento.

Una de las principales iniciativas de la oposición es dividir el proyecto entre las iniciativas que tienen relación con modificar el sistema previsional y las que son sobre el aumento a la Pensión Garantizada Universal (PGU), ya que en este punto habría mayor consenso.

Sin embargo, dentro del oficialismo apuntan a que se debe tratar estas materias de forma integral y no separarlos.

"La reforma es un conjunto de modificaciones que son virtuosos entre sí, es una reforma integral que requiere que cada uno de estos aspectos que van a ser incorporados o modificados sean retroalimentados entre sí", señaló el diputado socialista Juan Santana, de la Comisión de Trabajo.

También añadió que "esperamos más bien que la oposición se abra a la posibilidad de atender lo que la reforma está planteando".

Para el parlamentario Vlado Mirosevic, del partido Liberal, "son dos cosas diferentes: es el proyecto de reforma tributaria la que propone el aumento de la PGU y esa propuesta no se trata separadamente ya que incorpora necesarias mejoras en Salud y Educación entre otras".

De todas formas, el legislador independiente Carlos Bianchi, que está en la bancada Independientes-PPD, sí es partidario de separar ambas tramitaciones, pero criticó las trabas de la oposición para aumentar la recaudación fiscal.

Desde la Democracia Cristiana, el diputado Alberto Undurraga opinó que "es bueno para el país aprobar ambas reformas".

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, detalló en radio Universo que "los gastos en los que va a incurrir el Estado como empleador" para el total de las modificaciones que incluye la reforma, "son equivalente a un tercio de la reforma tributaria, eso equivale entre un 1,2 y 1,5 del producto, que es alrededor de US$4.500 millones".

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició una investigación a Mastercard, Visa y American Express por alza en los cobros de las tarjetas, según publicó Pulso. Las diligencias comenzaron en julio después de que llegara una denuncia por un aumento en los conceptos de tasas de intercambio y costos de marca que extraerían rentas tanto a los comercios como a los consumidores finales. Si bien solicitaron a las empresas antecedentes sobre las tasas de intercambio, costo y su evolución para evaluar la admisibilidad, tanto Mastercard como Visa entregaron informes parciales y pidieron prórrogas, por lo que la FNE no pudo descartar "conductas anticompetitivas" y ahora comenzó la toma de declaraciones a ejecutivos de la industria para seguir las indagatorias.

Redacción

Ayer, tras una nueva reunión en el exCongreso Nacional en Santiago, representantes del oficialismo, Chile Vamos, la Democracia Cristiana y Amarillos por Chile llegaron a un acuerdo sobre la figura del árbitro para el proceso constituyente en el que llevan trabajando desde que ganó el Rechazo en el último Plebiscito.

En concreto, la función la cumplirá un Comité técnico con 14 integrantes encargado de velar por las bases del proceso.

El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, sostuvo que "hemos dado un paso adicional, con el objeto de arribar a un buen acuerdo para Chile, que nos permita llevar adelante un proceso exitoso".

"Se ha acordado establecer un comité técnico de admisibilidad. Va a ser un órgano paritario compuesto por 14 integrantes, nombrados por ambas cámaras del Congreso Nacional", detalló y también explicó que su función será "resguardar la neutralidad y el respeto de las bases institucionales del proceso constituyente. Va a estar compuesto por juristas, con destacada trayectoria profesional y académica".

"Este paso que hemos dado hoy (ayer) es muy importante en la lógica de arribar a un buen acuerdo para el país, tal cual se demanda, transmitir una nueva señal de certeza respecto del compromiso que existe con el proceso constituyente", destacó Elizalde.

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, manifestó que el comité va a "permitir que cuando, en el trámite del futuro órgano de redacción de la nueva Constitución, se incumpla o se vulnere alguna de las 12 bases institucionales, se pueda actuar para que ese límite se respete".

"Es un mecanismo que, creo, le da garantías a todos los sectores políticos, pero especialmente a la ciudadanía", opinó.

Así, el parlamentario dijo que el árbitro tendrá que "fundar sus decisiones, sus resoluciones, de manera basada en el derecho. Resoluciones fundadas en antecedentes de derecho. Van a ser, por tanto, personas que tengan expertise desde el punto de vista profesional y académico".

Oposición

La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, afirmó que con esta figura "recogemos la expectativa ciudadana de incorporar el conocimiento técnico en este órgano que va a ser además paritario y ha quedado el encargo de resolver algunos aspectos operacionales de su funcionamiento internos para la próxima semana".

En tanto, el secretario general de RN, Diego Schalper, resaltó que "podemos decir con mucha satisfacción que las fuerzas políticas están avanzando entorno a un acuerdo".