De esta manera, el ahora diputado habría convencido al alcalde para la contratación de abogados de su confianza para conformar un equipo jurídico que se encargara de conducir y patrocinar las demandas judiciales que forzaran una negociación contra ley con la minera. Sellándose así la contratación de los imputados investigados Hernán Bosselin y Ramón Briones a través del estudio jurídico del cual formaban parte en diciembre de 2013.

Ese mismo mes se presentó la demanda de reparación por daño ambiental ante el Segundo Tribunal Ambiental en la que se solicitó que Minera Candelaria fuera condenada a la reparación de los daños ambientales, a través de medidas que única y exclusivamente estuvieran dirigidas a reparar la situación ambiental en la que se encontraba y se encuentra aún la comuna; de forma paralela se efectuó una intervención permanente en el proceso de calificación ambiental del proyecto de continuidad operacional "Candelaria 2030" solicitando el rechazo del mismo por parte del municipio, efectuando denuncias ante la Superintendencia de Medioambiente por las infracciones a la normativa ambiental.

Según la investigación y los antecedentes indagados que dio a conocer el Ministerio Público en la audiencia, posterior a las acciones judiciales ambientales ya presentadas, los imputados coordinaron reuniones de negociación con los representantes de Minera Candelaria, en las que no se buscaba una reparación del daño ambiental que afectaba a la comuna de Tierra Amarilla ni medidas de mitigación, sino que obtener una millonaria suma en favor de la Municipalidad y de los abogados patrocinantes, lo que se plasmó en una transacción extrajudicial en que, a cambio de importantes sumas de dinero, el alcalde Delgado Quevedo renunciaba a todas las acciones ambientales en contra de Candelaria, cuestión expresamente prohibida por la ley. En dicho acuerdo, el municipio declaraba y reconocía sin reserva la inexistencia del daño ambiental alegado en las demandas.

Asimismo, en el acuerdo transaccional, la Municipalidad de Tierra Amarilla se obligaba a renunciar a cualquier pretensión encaminada a la impugnación de la resolución de calificación ambiental ante la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama, que calificó favorablemente el proyecto de continuidad operacional Candelaria 2030, y renunciaba al ejercicio de todas las acciones, pretensiones y derechos de cualquier naturaleza vinculados a la controversia de daño ambiental.

Hubo dos instrumentos privados suscritos entre las partes, el primero referido a una transacción de 7 millones de dólares; y el segundo, un convenio de cooperación mutua que significó el compromiso de un aporte cercano a los 40 millones de dólares. Con ello, se procedió a la firma de una escritura pública, en que se determinó, entre otros puntos, que Minera Candelaria no había incurrido en ninguna de las conductas constitutivas de daño ambiental descritas en la demanda y denuncias; no perseverar con la demanda presentada por la Municipalidad ante el Tribunal Ambiental; además de declarar y reconocer la inexistencia de daño ambiental alegado en las demandas, denuncias o acciones existentes.

Finalmente, se indicó que del beneficio económico obtenido por el acuerdo, que alcanzó los US$7.000.000.- recibidos por el Municipio, US$3.000.000.- ingresaron a las arcas municipales, en tanto que US$4.000.000.- se destinó a los honorarios de los abogados imputados en esta causa.

Formalización

Por estos hechos, la Fiscalía investiga a los imputados Bosselin y Briones, además de Jaime Mulet, por su participación en calidad de autores inductores del delito de cohecho pasivo, además de soborno en relación de la persona jurídica de Minera Candelaria y soborno respecto del abogado de dicha empresa Miguel Troncoso.

Ayer se fijó una nueva audiencia para el próximo 21 de octubre, fecha en la que el Ministerio Público procederá a reformalizar a los abogados Bosselin y Briones, además, por el ilícito de prevaricación de abogado.

Finalmente, el plazo para la investigación de los hechos, respecto del diputado Mulet, el Tribunal decretó 2 meses para el desarrollo de las diligencias investigativas.

Respecto de esta causa y declaraciones que hablan de una supuesta persecución política en esta causa, el fiscal regional de Atacama, Alexis Rogat, indicó: "La Fiscalía de Chile no tiene ningún interés que no sea indagar hechos que son constitutivos de delito cumpliendo la función constitucional en este caso y no hay ningún interés de los fiscales, de quien habla ni de la institución de efectuar una persecución política", finalizó.

2 meses fue el plazo de investigación que fijó el Juzgado de Garantía para la causa en que se indaga a Jaime Mulet.

7 millones de dólares fue el monto del contrato de transacción que firmó la municipalidad de Tierra Amarilla y Candelaria.

CONVENIO

El abogado Ciro Colombara, quien representa al diputado Jaime Mulet, abordó las circunstancias en torno a la formalización que realizó el Ministerio Público respecto al parlamentario. Según argumentó, " al inicio de la audiencia Mulet no se encontraba presente, pues aún no se resolvía la petición de desafuero que el fiscal Alexis Rogat había solicitado ante la Corte de Apelaciones".

Ante la ausencia del diputado, el tribunal accedió a la petición de la fiscalía y ordenó la detención del parlamentario.

"Esta quedó sin efecto pocos minutos después, luego que Mulet se conectara de manera telemática a la audiencia y escuchara los hechos de la formalización, que implican un presunto cohecho pasivo en una disputa ambiental de la Minera Candelaria y el Municipio de Tierra Amarilla", informó.

Colombara, tras la audiencia, comenzó señalando que Mulet "es absolutamente inocente" de los hechos que son investigados por la Fiscalía. Añadió que "se realizó una audiencia en que violando normas constitucionales y legales el abogado Alexis Rogat, fiscal regional de Atacama, pidió una orden de detención y de manera gravemente errónea se concedió".

Una casa fue destruida por incendio

Un incendio afectó a una casa en el sector de San Pedro en Copiapó, el que dejó la casa destruida.

El hecho ocurrió alrededor de las 20 horas de ayer y las llamas amenazaron con expandirse a otras estructuras, a pesar de ello bomberos logró controlar la emergencia.

Sin embargo, luego de ello comenzaron a surgir las dudas respecto al origen de la emergencia. Ante esto, el fiscal de turno solicitó a personal de Labocar (Laboratorio de Criminalística de Carabineros), efectuar el peritaje respectivo para esclarecer las causas de la emergencia.