Atacama es una de las regiones más mineras de Chile. El 35,9% de nuestro PIB se explica por esta actividad. Además, nuestros valles representan el 26% del total de nuevas inversiones mineras chilenas para la próxima década, con US$18.197 millones (en base a Cochilco). Asimismo, un 69% de los trabajadores locales tiene relación directa o indirecta con esta industria, siendo la región con mayor porcentaje de trabajadores vinculados al sector (según datos del Consejo Minero).

En definitiva, la minería constituye la columna vertebral de nuestra forma de ser en Atacama y, por lo mismo, todo lo que la afecte, impacta en nuestra gente. Nos desmotiva que el centralismo no sea capaz de comprender esto, ni menos empatizar con nuestra realidad. Pareciera que desde las oficinas de la capital se habla de la minería en abstracto, sin tomar en cuenta que somos cientos de chilenas y chilenos quienes tenemos una vida concreta en torno a esta actividad, de la que nos sentimos orgullosos.

Pero la minería lo ha pasado mal en los últimos años: si antes producíamos el 36% del cobre, ahora solo es un 26%, lo que se explica por un alza en los costos, por la baja de la ley de los yacimientos y porque el riesgo de invertir en Chile ha crecido, tal como lo corroboró Goldman Sachs en su reciente informe.

Por eso el proyecto de royalty del Gobierno es una mala noticia. Porque lejos de despejar la ruta, nos castiga con una mochila muy difícil de llevar: con tasas efectivas entre 55% y 65%, transformándonos en el país minero más caro del mundo.

El Ministerio de Hacienda señaló que habrá ajustes y presentó una Propuesta Pro-Inversión. En el caso de la minería, se consideró rebajar la tasa ad valorem por cinco años para proyectos nuevos y de expansión.

Pero ¿cuánto tiempo necesita un proyecto minero para desarrollarse y operar? Quienes conocemos este sector sabemos que puede tardar diez, sino 20 años o incluso más. Así las cosas, los 5 años de exención propuesto por el ejecutivo son completamente insuficientes para esta industria que a todas luces requiere de importantes estímulos para retomar su crecimiento.

Además, esta propuesta no ha incorporado incentivos para promover inversiones en innovación o en la incorporación de nuevas tecnologías, por ejemplo, en temas hídricos o de energías verdes, algo que es complementario con el desarrollo minero contemporáneo.

En Atacama nos duele cuando no se considera a la minería, más aún, con lo relevante que es su aporte para todo el país, no solo para nuestra región. Por eso solicitamos corregir los errores del proyecto de royalty, esto es hacer sostenibles las tasas efectivas y descartar la modalidad ad valorem. Queremos que nuestra minería siga aportando, pero para eso, se le deben asegurar adecuadas condiciones de competitividad.

Juan José Ronsecco

Presidente de Corproa

12 años | 5 de octubre de 2010

"Nelson Cossio está confirmado para el año 2011"

El presidente de Deportes Copiapó, Guillermo Cortés, ratificó ayer que Nelson Cossio será el técnico de "El León" para la próxima temporada. "Nelson Cossio está confirmado para el año 2011. Antes que él llegara a salvarnos de este problema de bajar a tercera división, estaba condicionado que él seguía en esa categoría si es que no nos salvaba".

12 años | 5 de octubre de 2010

"Confiamos en que muy pronto haremos contacto"

Viene por tres días a Copiapó y preguntarle si está aquí para ver cómo su máquina finalmente hará el contacto

con los mineros en casi 700 metros de profundidad le saca una risa nerviosa.

Se trata de Pedro Buttazzoni, presidente de Geotec Boyles Bross S.A. empresa a cargo del Plan B de rescate de los 33 mineros.

9 años | 5 de octubre de 2013

Más del 50% de conductores no supera examen teórico

Según datos entregados por la Seremi de Transportes y Telecomunicación más del 50% de los atacameños no pasó el examen teórico de conducir de clase B y C, donde la comuna de Caldera, tiene el mayor número de rechazos, con un 54,1% de quienes se presentaron a dar el examen por primera vez.

La empresa CGE informó que el aumento de los campamentos en Copiapó impactan directamente en la calidad de servicio de las viviendas de los sectores aledaños, con cortes de energía eléctrica y bajas de voltaje. Y claro el alza sin control de asentamientos trae consigo que personas se cuelguen al servicio eléctrico y con ello presionan el sistema, que colapsa y que seguirá colapsando. La compañía tiene un punto que es cierto, pero que de cierta manera delega responsabilidades. Si bien hay una "causa efecto", lo cierto es que se podría terminar desviando el foco, que es brindar un servicio acorde y con una gestión que requiere salvaguardar estas situaciones. Mal que mal, estamos hablando de un servicio básico por el que se paga y que no tiene el estándar de aquello.

¿Qué pasa con los otros sectores que no tienen campamentos a su alrededor y que también están sufriendo por los trastornos producto de estos asentamientos?

El caso CGE-campamentos nos lleva a recordar las dualidades de una región que no tiene una matriz residencial acorde a un estándar que supla necesidades y que cumpla con la calificación de "capital de las energías renovables no convencionales".

Parece una contradicción vital que una región que tiene una gran oferta para la industria, no tenga el mismo ritmo de crecimiento en la reconversión de las fuentes para los hogares.

La instalación de paneles solares sigue siendo de alto costo y los programas para potenciar su uso no corren con la misma fuerza que el aparataje brindado por empresas de ERCN, que dicho sea de paso siguen teniendo una deuda gigantesca con la responsabilidad social de las comunidades y los territorios.

Hoy Atacama tiene una capacidad instalada de 4.506,29 MW, la que se compone en un 69% por fuentes renovables, lo que es muy positivo en términos de medioambiente por ejemplo, pero del que el ciudadano a pie no siente que se ve favorecido cuando la cuenta de la luz llega a la casa.

Y es que ni siquiera en materia de empleo es un aporte importante. Los proyectos fotovoltaicos, eólicos y otros una vez que están operando necesitan un mínimo de personal, lo que puede ser frustrante para las comunidades, que se preguntan qué más pueden hacer más allá de alguna inauguración de una iniciativa a baja escala.