El miércoles en la noche, el Gobierno argentino ordenó iniciar acciones judiciales para anular los contratos de concesión de autopistas con el grupo español Abertis, principal accionista de las dos mayores vías con peaje de ingreso a Buenos Aires.

Las empresas que administran estas dos autopistas aseguraron ayer que la renegociación de los contratos de concesión que el Gobierno argentino pide anular es "legítima".

Autopistas del Sol (Ausol) y el Grupo Concesionario del Oeste (GCO) remitieron a la Comisión Nacional de Valores (regulador de los mercados en Argentina) dos comunicados de idéntico contenido en los que aludieron a la decisión anunciada este miércoles por el presidente argentino, Alberto Fernández, de impulsar en la Justicia la nulidad de las concesiones de las dos autopistas.

Mediante un decreto, publicado este jueves en el Boletín Oficial, Fernández instruyó a la Dirección de Vialidad de Argentina a iniciar una acción judicial por "lesividad" en perjuicio del Estado y a los fines de que la Justicia dictamine la nulidad de los contratos de concesión firmados en 2018, durante el Gobierno de Mauricio Macri.

Las empresas, que indicaron que de momento no han sido notificadas de ninguna acción judicial al respecto, afirmaron que harán "las presentaciones conducentes para el resguardo de sus derechos".

Ambas compañías aseguraron que los acuerdos de renegociación de las concesiones firmados en 2018 son "plenamente legítimos" y fueron aprobados por el Ejecutivo argentino.

Añadieron que esos acuerdos son el resultado de un proceso de renegociación que se extendió por 16 años.

"Dicho proceso comenzó en el año 2002, con un acuerdo parcial aprobado en 2006 y que se completó en el año 2018 con la firma del acuerdo integral, habiéndose cumplido con todas las instancias de control establecidas en la normativa aplicable", afirmaron.

Objeciones

Tras un proceso de auditoría de dos años, el Gobierno argentino anunció su decisión de iniciar una acción judicial para solicitar la nulidad de esos acuerdos.

El Ejecutivo de Fernández alega que, en el marco de las renegociaciones de los contratos, el Gobierno de Macri reconoció "sin ninguna justificación" una deuda bruta a favor de las empresas, por un total de 813,1 millones de dólares, "dolarizó" los contratos que antes estaban en pesos y fijó un aumento del 8% anual en las tarifas de los peajes, otorgando una "rentabilidad extraordinaria" a las compañías.

Además, cuestiona que se hayan prorrogado de "manera arbitraria hasta 2030 las concesiones que iban a caducar en 2020.

Según declaró el ministro de Obras Públicas de Argentina, Gabriel Katopodis, "lo que se hizo fue transformar un contrato de concesión en un pagaré a simple firma", configurándose "un negociado absolutamente escandaloso".

El Grupo Concesionario del Oeste está compuesto por Autopistas Concesionaria Española (Acesa, empresa del grupo español Abertis, con 42,87% de las acciones), el grupo malayo IJM (20,10%) y el fideicomiso Supervene I (5,73%), mientras que el resto de las acciones se cotizan en la Bolsa de Buenos Aires.

En tanto, Autopistas del Sol está compuesta por Abertis (31,59%), la firma italiana Webuild (19,82%) y la argentina Natal Inversiones (14,12%), mientras que el resto de las acciones está bajo oferta pública.

Estados Unidos advirtió ayer al Gobierno de Venezuela que su paciencia no es "infinita" y amenazó con intensificar las sanciones si no reanuda las negociaciones con la oposición en Ciudad de México, que fueron interrumpidas el año pasado.

"Nicolás Maduro comete un error grave si piensa que nuestra paciencia es infinita y que las tácticas dilatorias le van a servir. Estamos preparados para responder con sanciones y medidas exhaustivas", expresó ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado el subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols.

Presionado por el presidente de la comisión, el senador demócrata Bob Menéndez, el subsecretario rehusó poner un plazo límite para el regreso a las negociaciones, pero advirtió que el Gobierno de Biden usará las diferentes herramientas de que dispone "para sancionar y hacer cumplir la ley".

Nichols prometió que si no hay avances, su Gobierno seguirá trabajando en coordinación con sus socios "para garantizar que el régimen no tenga acceso a los activos que están congelados" y promoverá "investigaciones" de varios organismos, como la Corte Penal Internacional (CPI), sobre violaciones de los derechos humanos en Venezuela.

"Mi opinión personal es que (Maduro) ha cometido crímenes contra la humanidad", dijo el funcionario.

Desde hace unos meses, Estados Unidos se ha mostrado abierto a aliviar las sanciones al Gobierno de Maduro si se retoman las negociaciones con la oposición en Ciudad de México auspiciadas por Noruega, que se suspendieron en octubre de 2021 por la extradición al país del norte de Alex Saab, quien es considerado testaferro de Maduro.

Brian Nichols aseguró que su país está coordinado con la opositora Plataforma Unitaria de Venezuela, y que ha sostenido reuniones informales en Oslo y Caracas con "avances significativos".

La reina Isabel II será enterrada el lunes junto a los restos de su esposo , el duque de Edimburgo, en la capilla Rey Jorge VI, en el castillo de Windsor, en una ceremonia privada, informó ayer el Palacio de Buckingham.

La ceremonia tendrá lugar a las 19.30 de Londres, después de la celebración en Londres del funeral de Estado, que tendrá lugar en la Abadía de Westminster, próxima al Parlamento, y al que asistirán numerosos jefes de Estado o Gobierno y representantes de casas reales.

Según algunos detalles divulgados ayer, al término del servicio religioso habrá en todo el país dos minutos de silencio tras lo cual se entonará el himno nacional "Dios salve al Rey".

El lunes, los invitados al funeral empezarán a llegar a partir de las 08.00 hora local a la abadía, para la misa a las 11.00 hora local, a la que asistirán unas 2.000 personas.

Una cureña de la Marina Real (Royal Navy), de 123 años de antigüedad y tirada por 98 marineros, llevará el féretro de Isabel II desde el Salón de Westminster, donde está ahora instalada la capilla ardiente en el Parlamento británico, hasta la Abadía de Westminster, para el funeral de Estado.

Desde el Parlamento, el rey Carlos III y otros miembros de la familia real caminarán detrás del cortejo fúnebre. En la procesión irán gaiteros de regimientos escoceses e irlandeses, así como músicos de la Real Fuerza Aérea (RAF).

Al término del funeral, el rey y otros miembros de la familia real caminarán detrás del féretro de la reina hasta el Arco de Wellington, en el centro de Londres, desde donde será llevado hasta el castillo de Windsor, la que fuera residencia de fin de semana de la reina y donde vivió el último año.

Anoche, tras una jornada en la que decenas de miles de británicos siguieron haciendo una fila kilométrica para despedirse de Isabel II, se esperaba que Carlos III y sus hermanos, Ana, Andrés y Eduardo, hicieran la "vigilia de los príncipes", la tradición de velar el ataúd, como lo hicieron el lunes en la catedral de St. Giles en Edimburgo.

Mientras, los presidentes de Estados Unidos y de Francia, Joe Biden y Emmanuel Macron, eran ayer los pocos jefes de Estado cuya presencia en el funeral se había confirmado, junto a los reyes de España, Felipe VI y Letizia, si bien se informó que no se divulgará el listado oficial con los 2.000 invitados al evento, incluidos unos 500 jefes de Estado y dignatarios.