cientes a los 11 establecimientos educacionales afectados por los problemas de emanaciones, a cinco como medida provisoria se les ha entregado raciones frías que no entregan el aporte nutricional necesario para afrontar jornadas escolares completas.

En esa línea, la directora nacional de Junaeb, Camila rubio, señaló que "hoy día en cinco establecimientos, y fue lo que nos informó el SLEP, es que se están entregando raciones frías, las raciones frías en estricto rigor, están diseñadas por tiempos más acotados, y acá se ha extendido un poco más de la cuenta, producto de las diferentes situaciones que se han dado en las escuelas. Por eso claro, la colación fría no reponde a todas las necesidades nutricionales que requiere un estudiante, por eso estamos ya iniciando la entrega de comidas calientes".

"Nuestro compromiso está en asegurar la alimentación en todos los establecimientos educacionales del país. Frente a la crisis actual que vive la región, se focalizará el esfuerzo en 11 escuelas para que todas las niñas, niños y jóvenes cuenten con raciones calientes en dichos establecimientos educacionales asegurando la calidad y la carga nutricional adecuada; pero esto no significa que olvidaremos el resto de las escuelas de la región, estamos en revisión y atentos a cualquier ajuste que se requiera", enfatizó la directora.

Sobre la continuidad de las clases, Cataldo dijo que "nosotros desde la Dirección Provincial de Educación estamos analizando caso a caso, pero estamos considerando todo este periodo de actividades telemáticas como parte de este proceso de recuperación, entendiendo que nuestro límite es cercano al 15 de enero, por lo tanto, cualquier tiempo perdido que exceda el 15 de enero, va a ser algo muy complejo de recuperar, y algo que va a haber de planificar en el trabajo pensando en el inicio del primer semestre del próximo año".

Slep

Otro tema que abordó el subsecretario de Educación, dice relación con las críticas que han recibido los Servicios Locales de Educación Pública, sobre todo el de Atacama. "Primero, empatizar mucho con la intencionalidad de los apoderados respecto a querer un mejor servicio educativo para sus estudiantes, nosotros compartimos que hay una crítica, y es que no se ha implementado bien la nueva educación pública, además de que la misma ley contiene elementos que hay que corregir", afirmó de entrada la autoridad.

"Por eso que el Mineduc primero, en lo general, tiene una estrategia con la que quiere abordar el fortalecimiento de la Ley 21.040, que es la Ley de Nueva Educación Pública, y para lo cual vamos a presentar un proyecto de Ley en un mes más, aproximadamente hacia fines de septiembre el proyecto de ley debería ingresar al congreso", añadió Cataldo.

Por último, consultado sobre los 100 mil millones de pesos que costaría resolver los problemas de infraestructura de los colegios del SLEP Atacama, de acuerdo al informe presentado ante la comisión de Educación del Gobierno Regional, el subsecretario sostuvo que eso es efectivo. "De hecho te pongo un dato peor, el presupuesto global de educación a nivel nacional, es de 138 mil millones de pesos, o sea, es casi el presupuesto completo del país en materia de infraestructura escolar", finalizó Nicolás Cataldo.

11 establecimientos fueron catalogados como "críticos" y que en consecuencia necesitan de una intervención urgente. El periodo de extensión de esos trabajos será de dos meses.

138 mil millones de pesos es el presupuesto nacional de Educación en materia de infraestructura. Solo los recintos del SLEP Atacama necesitan 100 mil millones de pesos para su reparación.

15 de enero es la fecha límite para la recuperación de clases, después de ese límite, será "muy complejo" en palabras del subsecretario de Educación.

La Corte de Copiapó confirmó, con declaración, la sentencia dictada por el 1° Juzgado de Policía Local de esa ciudad, que condenó al supermercado Unimarc al pago de una multa por infracción a la Ley N°19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.

El fallo determinó la responsabilidad de la empresa por no indicar el precio por unidad de medida drenado del jurel enlatado; no señalar la vigencia de los precios de las ofertas publicitadas; y por la inobservancia al deber de seguridad respecto de los usuarios, al no controlar adecuadamente el aforo máximo permitido para el local.

La sentencia estableció la concurrencia de la agravante dispuesta en el artículo 24 de la Ley N°19.496, por haber puesto en riesgo la seguridad de los consumidores al no garantizar el aforo máximo permitido, pero acogió las circunstancias atenuantes contenidas en el mismo artículo 24, letras c) y d), esto, "atendido a que el local denunciado no ha sido sancionado antes y, como consta en el acta, prestó colaboración a la fiscalización", por lo que condenó a la empresa al pago de una multa de 5 UTM, más las costas del juicio.

En contra de esa decisión, el Servicio Nacional del Consumidor dedujo recurso de apelación, alegando que el sentenciador no ponderó los hechos con la gravedad que amerita, de momento en que estimó aplicables las atenuantes recién mencionadas.

Al respecto, el Tribunal de alzada manifiesta su acuerdo en cuanto a la aplicación de la minorante establecida en la letra d), por cuanto se trata de una circunstancia objetiva, determinada tras contrastar los antecedentes y la ausencia de denuncias previas de la querellada.

En cuanto a la atenuante comprendida en la letra c) del artículo 24, el fallo señala que resulta controvertible. En razón de ello, determina la no concurrencia de la atenuante comentada, ya que la colaboración prestada por el proveedor no es otra cosa que el cumplimiento de la obligación que expresa el precitado artículo 58, so pena de aplicación de multa, en caso de contravención.

Además, indican que la empresa implementó "medios notoriamente ineficientes y de manera poco profesional, a fin de dar cabida a la prevención de contagio del COVID-19 dentro del supermercado, haciendo descansar su implementación en una empresa externa, que verificaba su cumplimiento recurriendo a métodos poco ortodoxos".

En mérito de lo expuesto, confirmó la sentencia dictada por el 1° Juzgado de Policía Local de Copiapó, con declaración de que la multa impuesta se aumenta a 80 UTM.