Rodrigo Caballero

La crisis de la educación pública, gatillada principalmente por los sucesivos llamados de emergencia por emanaciones de ácido sulfhídrico que han derivado en suspensiones de clases, manifestaciones e incluso tomas de recintos educacionales, motivaron la declaración de emergencia sanitaria, acto administrativo que permitió acceso a financiamiento para dar celeridad al diagnóstico de la problemática que afecta a los recintos educacionales a nivel local.

Bajo ese contexto, ayer el subsecretario de Educación, Nicolás Cataldo y la directora nacional de Junaeb, Camila Rubio, encabezaron una serie de reuniones con autoridades regionales, jefes comunales y comunidades educativas de la zona, exponiendo los alcances del plan de contingencia que tendrá una serie de objetivos, a saber: erradicar las emanaciones de gases, asegurar la alimentación de los estudiantes con raciones calientes y así poder garantizar la continuidad de estudios para los alumnos que ya suficientes horas de clases han perdido a raíz de la crisis que afecta principalmente a 11 establecimientos catalogados como "críticos" y que requieren intervención inmediata (ver recuadro pág. 3).

Uno de los primeros encuentros fue con el seremi de Educación, Gabriel González, el director del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama, Pedro Lagos y la directora regional de Junaeb, María José Robles con el fin de resolver en conjunto las medidas a implementar en el corto y mediano plazo en términos de infraestructura y alimentación escolar en los establecimientos educacionales de la comuna de Copiapó que se han visto afectados por la emisión de gas sulfhídrico y, por consiguiente, han suspendido sus clases.

Sobre los problemas que presentan las cámaras desengrasadoras de los establecimientos educacionales, el subsecretario de Educación, Nicolás Cataldo, expresó que "en algunos casos, y depende de cada uno de los establecimientos y los diagnósticos que se han hecho, en algunos casos tiene que ver con que los declives no son los correctos, según la normativa, en otros casos las cámaras son demasiado grandes y por lo tanto lo que genera es sedimento, que es el que se descompone y por ende generan los gases, o sea, hay muchos factores y que depende mucho del caso a caso".

En consecuencia, "lo que habría es una solución transitoria que sería un bypass, para evitar que efectivamente vuelvan a ocurrir los hechos de emanación de gas", explicó la autoridad nacional.

Cataldo comentó además que "posteriormente a ello, viene toda otra etapa que es la intervención más estructural y definitiva (...) hoy día lo que estamos haciendo es una intervención que permite subsanar inmediatamente el problema, estas obras demoran alrededor de dos semanas por caso, por escuela, y posteriormente a eso, viene otra etapa de solución definitiva, para regularizar todo ese proceso y cumplir la normativa sanitaria que se corresponde".

En total, serán 11 los establecimientos educacionales a intervenir por un espacio aproximado de dos meses, lo cual abre una arista relacionada a la continuidad de clases, sobre ese punto, el subsecretario indicó que "en ese periodo en que se desarrolle las obras inmediatas, el bypass (en lo que queda de agosto y septiembre principalmente), vamos tener clases telemáticas con las que vamos a resolver la continuidad del servicio educativo para los estudiantes de manera tal que no pierdan más clases".

En relación a la alimentación de los estudiantes pertene-