En septiembre parte ley contra el acoso sexual, la discriminación y la violencia de género en la educación superior
PROGRAMAS. Siete de ocho planteles de la región cuentan pon políticas de prevención de estas conductas. Estudio de la Superintendencia de Educación Superior (SES) estima como los modelos de prevención como el punto más débil de las casas de estudio superior de la región.
U n nuevo espacio legal de regulación al acoso sexual, la discriminación y violencia de género comenzará a regir desde el 15 de septiembre en todos los espacios de educación superior del país, bajo a vigencia de la Ley 21.369 que instruye la implementación de un conjunto de exigencias en el sentido de desplegar políticas, protocolos y modelos de prevención, así como de investigación y sanción de todas las conductas de acoso sexual, violencia y discriminación de género, como asimismo que dispongan de estructuras organizacionales y mecanismos para su gestión para lograr establecer ambientes seguros y libres de acoso sexual, violencia y discriminación de género.
El organismo encargado de velar por este cumplimiento será la Superintendencia de Educación Superior, la ley en cuestión se encuentra vigente desde 2021, pero otorgó un año de plazo a las instituciones para la implementación de las medidas, que deberán estar en vigencia el 15 de septiembre.
Debido a lo anterior, la Superintendencia de Educación Superior (SES) efectuó un levantamiento de información a fin de verificar qué nivel de avance van presentando los distintos planteles académicos, a menos de dos meses de que se hagan exigibles los nuevos requerimientos.
A nivel nacional, el trabajo realizado por la SES incluyó información de 150 instituciones de nivel superior, de las cuales, durante el mes de junio, se pudo constatar que 129 ya se encontraban con algún grado de avance en cuanto a desarrollo de políticas contra el acoso, la violencia y la discriminación de género.
Respecto a esta cifra que corresponde a un 89% de las instituciones de educación superior del país, el Superintendente de Educación Superior (S), Gerardo Egaña, señaló que " es una buena noticia saber que un 89% del total de los planteles consultados declaró contar con alguna política contra el acoso sexual, la violencia y discriminación de género. Sin embargo, las respuestas son más heterogéneas cuando se verifica el avance sobre la existencia de modelos de prevención y de investigación y sanción. Es importante precisar, al respecto, que la gran mayoría de las instituciones ha señalado que se encuentra trabajando en la elaboración y constitución de los instrumentos que exige la ley y que existe el compromiso de que ellos estén implementados dentro del plazo legal".
La realidad en la región de Atacama en tanto también resultó alentadora puesto que siete de los ocho planteles de educación superior con matrícula vigente en la región declararon tener políticas y protocolos al respecto, lo que sin duda es un gran avance en términos de generar ambientes seguros para las estudiantes de la región, quedando en pendiente un CFT.
La matrícula de educación superior en Atacama supera los 12 mil estudiantes y se divide en 3 Centros de Formación Técnica (CFT); 3 Institutos Profesionales (IP) y 2 Universidades, de acuerdo con la información entregada por el Departamento de Información y Gestión de Buenas Prácticas de la SES.
Respecto a la creación de políticas en términos de prevención del acoso, la discriminación y la violencia de género, siete de los planteles en la región contaban con este material antes de la promulgación de la ley hace casi un año atrás, siendo el punto más destacado por la SES la existencia de unidades de implementación. Sin embargo, el punto que figura con mayor retraso es el de los modelos de prevención.
Universidad de atacama
A este respecto, la Universidad de Atacama como la única estatal de la región, ha presentado un importante avance en la creación de una Oficina de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género, la cual es de carácter triestamental y paritario, encontrándose en funcionamiento desde 2019.
La abogada de esta unidad, Karen Torres Naveas, explicó a este medio que "en el año 2018 y con el objeto de dar respuesta a la demanda de los movimientos feministas de ese año, es que se implementa la Política de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género, que fue la primera política de equidad de género en la UDA y a propósito de esa política se crea la Oficina de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género junto a la primera ordenanza de investigación y sanción por conductas en el marco de acoso sexual, violencia y discriminación de género".
"Con la implementación de esta política se han trabajado diversas sanciones y actividades para el efecto de investigar, sancionar y erradicar este tipo de conductas de la Universidad de Atacama, pero también para transversalizar la perspectiva de género en la casa de estudios" explicó la abogada Karen Torres.
Respecto a la entrada en vigencia de la Ley 21.369 "la Universidad debe avanzar en ordenar y cumplir con los mandatos del legislador en el sentido de crear una nueva política integral de igualdad de género de la UDA; pero además crear dos modelos, uno que incluya la prevención y otro que se refiera a la investigación y sanción de estas conductas" detalló la abogada.
Justamente hace unos días la UDA celebró la aprobación de la propuesta de nueva política integral junto a los dos modelos de prevención y sanción, los cuales presentó y trabajó la Oficina de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género con la participación de una comisión precisamente creado para el desarrollo del texto. "La importancia de esta comisión es que tiene representación de todos los estamentos de la Universidad de Atacama, incluyendo la academia, los y las funcionarias y estudiantes, siendo además paritaria y representando un gran avance y un hito en la universidad, en el sentido de la aprobación de esta propuesta, que si bien aún debe pasar por la Junta Directiva, ya va avanzando solo en tema administrativos, pero lo importante acá es que al 15 de septiembre la Universidad de Atacama contará con una nueva política integral para dar respuesta a los requerimientos de la ley", sentenció la abogada.