Agencias

El Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) oficializaron ayer la reanudación de las negociaciones de paz en Cuba, detenidas desde 2019.

El anuncio fue hecho en La Habana por el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en el salón de protocolo de El Laguito., el mismo lugar en donde se realizaron las dos conversaciones frustradas con el ELN y las llevadas a cabo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que culminaron con el acuerdo de paz de 2016.

"Ambas partes coincidimos en la necesidad de iniciar el proceso de diálogo" para demostrar la "voluntad real" del Gobierno colombiano y el ELN para buscar la "paz total", "estable, duradera y sostenible", dijo Rueda.

También aseguró que el Gobierno "reconoce la legitimidad de la delegación de diálogos" de la guerrilla. Además de que ha constatado que el ELN escucha "las voces de múltiples sectores de la sociedad (...) que están clamando por una solución dialogada al conflicto armado".

Rueda forma parte de la delegación colombiana, liderada por el canciller Álvaro Leyva, que partió el jueves rumbo a La Habana y que también incluye al senador Iván Cepeda.

Antes de la rueda de prensa, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, se reunió en el Palacio de la Revolución -sede del Ejecutivo- con Cepeda, Leyva y Rueda, con integrantes del ELN, así como con los garantes de Cuba y Noruega, representantes del Secretario General de la ONU y de la Conferencia Episcopal colombiana.

"Ratifiqué a todos los participantes en el encuentro el invariable compromiso de Cuba y la inquebrantable voluntad de continuar contribuyendo al logro de la anhelada paz para Colombia", escribió en Twitter.

A esto se sumó el secretario general de la ONU, António Guterres, quien respaldó este viernes la decisión del Gobierno colombiano.

Guterres celebró por medio de una portavoz "los esfuerzos del presidente (Gustavo) Petro para profundizar y expandir la paz en Colombia".

La reanudación de los diálogos de paz fue una de las promesas de campaña del presidente Petro, quien tomó posesión el pasado domingo.

La idea de reactivar la mesa de diálogo con el grupo insurrecto ya se venía confeccionando incluso antes del inicio formal de su Gobierno.

Las negociaciones del Gobierno colombiano con el ELN comenzaron en 2017 en Quito, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, y en 2018 fueron trasladadas a La Habana.

Tras el atentado contra la escuela de cadetes en Bogotá en 2019, que dejó 22 muertos y 68 heridos y fue cometido por el ELN, el Gobierno colombiano pidió a Cuba la entrega de los negociadores, pero la isla invocó protocolos diplomáticos para no acatar esa solicitud.

El equipo legal del presidente peruano, Pedro Castillo, defendió ayer un recurso ante el Poder Judicial contra una de las seis investigaciones abiertas contra el mandatario, quien en su afán de tratar de movilizar a sus bases visitó el norteño departamento de San Martín, uno de sus bastiones.

En la audiencia, el abogado de Castillo, Benji Espinoza, solicitó al juez supremo Juan Carlos Checkley que anule la declaración del exministro del Interior Mariano González de la denuncia por presunta obstrucción a la justicia abierta en su contra.

El letrado argumentó que la Fiscalía de la Nación había tomado la declaración testimonial de González después de acusar públicamente a Castillo de obstruir la detención de prófugos de la Justicia, pero antes de abrir la investigación preliminar contra el mandatario.

Por su parte, el Ministerio Público replicó que el fiscal adjunto supremo Marco Huamán alegó que no fue afectado el derecho a la defensa de Castillo.

Durante la audiencia, Huamán desestimó que la indagación previa, que posibilitó que la Fiscalía recogiera la declaración de González, haya vulnerado el derecho a la defensa, por no haber participado en esta el abogado del mandatario.

El presidente peruano ya acudió a prestar su testimonio a la Fiscalía el pasado 4 de agosto y negó haber obstruido a la Justicia, aunque se negó a responder preguntas.

En San Martín, en tanto, Castillo prometió ayer que "me van a quebrar, gracias a este pueblo que me ha puesto al frente del país (...) Cuando hay un debate en el primer poder del Estado (el Congreso), lejos de ver esta realidad, ciertas personas que se han criado en alfombras ningunean y tratan mal a las hermanas congresistas que vienen de la clase obrera".

Finalmente, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barros, negó que su institución forme parte de alguna confabulación o persecución política contra el Gobierno y rechazó así las acusaciones de Castillo, quien afirmó tras el arresto de su cuñada ser víctima de una operación golpista para sacarlo del poder.

El gobernador republicano de Arizona, Doug Ducey, ordenó ayer tapar con contenedores casi 400 metros de huecos en el muro fronterizo en la zona de Yuma tras la decisión del Gobierno de Joe Biden de poner fin al programa migratorio que devuelve a los solicitantes de asilo a México.

La construcción, que se financiará con seis millones del presupuesto estatal del año fiscal 2023, arrancó de inmediato.

Ducey atribuyó la medida en parte a la decisión del Gobierno de Biden de poner fin al programa Protocolos de Protección a Migrantes, también conocido como "Quédate en México", establecido por el entonces presidente Donald Trump en 2019.

"Nuestras comunidades fronterizas se están utilizando como puerta de entrada a los Estados Unidos, abrumando a las fuerzas del orden público, los hospitales, las organizaciones sin fines de lucro y los residentes", dijo Ducey y agregó que es "su responsabilidad" proteger a los residentes de Arizona de "una crisis sin precedentes" en la frontera.

La construcción, que está gestionada por el Departamento de Asuntos Militares y de Emergencia de Arizona, utilizará 60 contenedores que se apilaran en la frontera y serán reforzados con alambre de púas en la parte superior.

Los rescatistas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ingresaron anoche hasta en tres ocasiones a la mina colapsada en el estado mexicano de Coahuila, en la que siguen atrapados 10 mineros desde hace 9 días pero se toparon con más objetos que obstruyen la entrada.

El retiro de esos obstáculos retrasó la entrada de los especialista al pozo 2 de El Pinabete, una mina de carbón mineral que se ubica en el municipio de Sabinas, Coahuila, y que se colapsó por una inundación el pasado 3 de agosto.

Ayer, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, adelantó que "estaban revisando la posibilidad" que los equipos de rescate estuvieran "a unos minutos, de ingresar ya a los tres pozos" y que se tenían listos los recursos necesarios para iniciar las acciones de búsqueda y rescate.

Horas después, la entidad informó que los rescatistas del Ejército mexicano habían descendido en tres ocasiones para retirar los obstáculos.

"El Equipo de Respuesta Inmediata ante Emergencias y Desastres (ERIE) de la Secretaría de la Defensa Nacional han realizado tres descensos al pozo 2, retirando elementos que obstruyen el ingreso de los rescatistas", informó Protección Civil.

Agregó que "en el rescate de los trabajadores de la mina El Pinabete se trabaja día y noche, bombeando ininterrumpidamente para disminuir los niveles de agua".

Por la tarde-noche, una intensa lluvia dificultó las labores de rescate, que continuarán día y noche. En el lugar hay más de 600 efectivos de Fuerzas Armadas y civiles que han extraído agua en un promedio de hasta 300 litros por segundo.

El derrumbe reactivó la polémica en México por la actuación de las mineras en la región carbonífera, donde se han registrado más de 100 muertes de acuerdo a la Familia Pasta de Conchos, que agrupa a familiares de fallecidos en el derrumbe de 2006 en la mina de ese nombre.