Un total de 40 microbuses de la empresa Sol de Atacama se encuentran detenidos, sin poder ser utilizados para la prestación de servicios en la Provincia de Copiapó, no porque tengan fallas mecánicas, sino debido a la falta de conductores profesionales, situación que se repite en la Federación de Taxis Colectivos de la capital regional. Preocupados por los efectos de la escasez de locomoción en la calidad de vida de las personas, el Gobierno Regional, junto a las Seremis del Trabajo y Transporte, anunciaron la ejecución de un plan de capacitación y certificación, financiado por medio de franquicia tributaria y fondos públicos.

El gobernador Miguel Vargas, en un punto de prensa realizado este martes, especificó que "generar condiciones de empleabilidad es una de las preocupaciones del gobierno en su conjunto y para que podamos avanzar en este objetivo es necesaria la vinculación y el trabajo mancomunado entre las distintas reparticiones. Aquí existe un instrumento de Sence, que se complementa también con recursos del Gobierno Regional y aportes privados, a través de la empresa Caserones."

Por su parte, Gladys Cortés, seremi del Trabajo y Previsión Social, agregó: "Esta alianza público-privada busca capacitar a 50 mujeres, 25 con licencia A-2 y 25 mujeres para licencia A-3 y a través de los sindicatos de Sol de Atacama y de taxis colectivos vamos a certificarlas para que puedan tener la oportunidad de absorción de mano de obra local. Ésto, busca resolver el déficit que tenemos en la tasa de empleo femenino".

Carla Orrego, seremi de Transporte y Telecomunicaciones afirmó que "el déficit de conductores y conductoras profesionales no es una situación exclusiva de la Región de Atacama, sino a nivel país. Como ministerio y como gobierno estamos muy preocupados, tenemos micros y colectivos parados, los gremios nos han dado a conocer esta problemática. Hacemos un llamado a las empresas mineras que tenemos en la región a que nos apoyen en esta iniciativa tan potente que ha tenido Caserones".

Redacción

El Juzgado de Garantía de Copiapó fijó nuevamente una fecha para la formalización del diputado Jaime Mulet por la investigación por el convenio que suscribió el Municipio de Tierra Amarilla con minera Candelaria en 2015, donde se le imputará cargos por cohecho pasivo.

En ese año, el municipio de Tierra Amarilla liderado por el entonces alcalde Osvaldo Delgado concretó un convenio con la empresa, sin embargo las negociaciones empezaron dos años antes, cuando la minera presentó un plan de continuidad operacional denominado "Candelaria 2030". Jaime Mulet, quien no era diputado, junto a otros funcionarios municipales convencieron al alcalde de iniciar acciones legales en contra de la minera por daños ambientales que ésta ocasionaba en la comuna, según la Fiscalía esto con la finalidad de obtener beneficios económicos para ellos y no para reparar el daño ambiental. Fue así como se contrató a un equipo jurídico para las demandas judiciales que forzaran una negociación con Minera Candelaria, con la finalidad que esta última evitara conflictos, ante la cercanía de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental.

El acuerdo con la empresa minera implicó un traspaso de dinero cercano a 16 mil millones de pesos a favor del municipio. Esto hizo posible que los abogados recibieran aproximadamente 2 mil 700 millones de pesos en honorarios.

Los abogados Hernán Bosselin y Ramón Briones, que formaron parte del equipo jurídico, fueron formalizados el 5 de abril como inductores del delito de cohecho pasivo, mientras que el diputado Jaime Mulet no compareció a la audiencia, pero sí lo hizo su abogado defensor donde hubo un debate respecto al desafuero.

En esa oportunidad el Ministerio Público anunció que solicitaría a la Corte de Apelaciones el desafuero del diputado, lo que no ocurrió. Sin embargo, para la Fiscalía no es necesario que un parlamentario esté desaforado para su formalización de cargos.

Artículo 186

Jaime Mulet, solicitó a través de su defensa considerar el artículo 186 del Código Procesal Penal, que permite a una persona que no ha sido formalizada solicitar al juez ordenar al fiscal información de los hechos por los cuales se le indaga, lo que no fue acogido por el tribunal.

La Fiscalía pidió que se procediera derechamente a una audiencia de formalización de cargos, la que fue fijada para el 6 de octubre, la duda que queda es si el parlamentario comparecerá esta vez o esperará un desafuero para asistir al tribunal.

Ayer Mulet se refirió al tema explicando que "el 15 de julio le pedí a mi defensa que presentara un escrito haciendo uso del artículo 186, que se llama control judicial, para que en definitiva se determine si el Ministerio Público va a avanzar o no en mi contra, ya que me tienen seis años investigando, seis años donde han anunciado formalizaciones a días de inscribir mi candidatura, formalizaciones que querían llevar a efecto tres días antes de las elecciones que después no hicieron, la suspendieron una y otra vez".

Agregó que "el 5 de abril hicieron una formalización y mi defensa me señaló que no me presentara para que pidan el desafuero y donde el Ministerio Público se comprometió públicamente a pedir mi desafuero y no lo piden".

Además, apuntó a que "el 6 de octubre es una audiencia de formalización, donde el Ministerio Público si quiere avanzar en mi contra debe pedir el desafuero, ya no lo hizo, por qué no lo hace, porque no tiene antecedentes".

Finalmente, el parlamentario señaló que "si quieren formalizar pidan el desafuero (...) la justicia la imparten los tribunales".