Correo
Democracia Ambiental
Señor director: Distintos países han reorientado sus políticas públicas, transitando desde una mirada antropocéntrica a una biocéntrica. Chile es un ejemplo de ello y busca ser vanguardista en esta materia, al poseer tribunales especializados para la resolución de conflictos socioambientales, al adherirse al Acuerdo de Escazú y actualmente, al discutir una propuesta constitucional que incorpora importantes principios en la materia.
Todo lo anterior, señor director, se relaciona transversalmente el derecho a acceder a la información, a participar en procesos de toma de decisiones y a acceder a la justicia ambiental, pilares que sostienen la Democracia Ambiental.
En esta línea, señor director, la incorporación de este concepto en el diseño e implementación de políticas públicas permite a la ciudadanía expresar sus intereses desde sus vivencias, conocimientos y preferencias en relación al uso del territorio, facilitando la retroalimentación de información a objeto de adecuar sus políticas públicas. Lo que finalmente fortalece la confianza y la legitimidad en las instituciones, refuerza la democracia y la posición de las y los ciudadanos, genera conocimiento y articulación ciudadana, ayuda a lograr acuerdos, mejora la eficacia en la planificación de políticas públicas y eleva los estándares ambientales nacionales.
Algunos autores sostienen que la aplicación de este concepto, sobre todo a nivel local, "contribuye a ganarse un voto de confianza y a facilitar la cohesión social". Por todo lo anterior, señor director, me niego a tomar palco y ser un mero espectador de discusiones vacías y superfluas de autoridades políticas que su único reparo en materia ambiental, es que la impresión de la propuesta constitucional es poco ecológica, indigenista y que condiciona la democracia. Siendo que su contenido abarca justamente lo contrario, al referirse a temas que claramente buscan fortalecer y resguardar la Democracia Ambiental.
Danilo Gutiérrez Bornes, ingeniero ambiental
Una niñez libre de violencia
Vivir una vida libre de violencia desde la niñez es fundamental para el desarrollo pleno de todas las personas. Sin ir más lejos, la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas (ONU) nos insta a erradicarla en las distintas dimensiones del quehacer diario.
Sabemos que existen distintos niveles de violencia y que algunas de sus expresiones son más tangibles que otras, pero todas debieran movilizarnos como sociedad con la misma fuerza. Por ejemplo, que casi un millón de niñas, niños y adolescentes en Chile vivan en situación de vulnerabilidad -más de 700 mil en pobreza por ingresos y más de 260 mil en pobreza extrema según CASEN 2020-, es violencia.
Que casi 190 mil niñas, niños y adolescentes estén desescolarizados, según cifras del MINEDUC 2021, es violencia. Que el 77% de los casi 2.800 hogares que se vieron afectados por la pérdida de un ser querido debido a la crisis sanitaria -con la muerte de uno o ambos progenitores, dejando a casi 3.900 niños, niñas y adolescentes sin sus padres y/o madres, según el MDSF 2022- estén en el 40% más vulnerable del país, es violencia.
Si además consideramos que durante abril de este año el MINEDUC dio cuenta de 1.500 denuncias en establecimientos educacionales, de las cuales un 30% corresponden a hechos de violencia, y que la Superintendencia de Educación informó un aumento de un 148% en las denuncias de ciberacoso durante marzo en comparación con el promedio del mismo periodo de 2018-2019, no podemos mirar para el lado. Así como tampoco debemos ignorar la violencia sexual, CUIDA dio a conocer hace poco que una de cada cuatro personas fue víctima de abuso sexual durante su infancia, una cifra realmente dolorosa.
Es por todo esto que desde hace más de 10 años en Colunga acompañamos iniciativas de la sociedad civil que buscan proteger a la niñez y adolescencia contra toda forma de violencia a través del Fondo Transforma Colunga Huneeus como por ejemplo Conversemos mamá del Instituto de Neuro Protección Infantil (INPI) o Doble impacto: empoderamiento materno y desarrollo infantil de EMMA. Y actualmente estamos invitando a más organizaciones a sumarse a este desafío porque creemos que en conjunto podremos generar los cambios que necesitamos en Chile porque vivir libre de violencia lejos de ser un deber moral, es un derecho fundamental
Rafael Moyano, director Sistema Transforma Fundación Colunga
Contraloría
Estimado Director: En algún momento, la Contraloría calificará, si hay o no intervencionismo del gobierno en la campaña por el apruebo, pero hoy, el presidente Boric, se puso la emblemática camiseta Nº10 del fútbol, del típico organizador del juego, que controla los tiempos, el del pase filtrado, y casi literalmente, se echó a la espalda la campaña del apruebo... ¿El Todo ó Nada?
Luis Soler
Sistema de Salud
Una de las cuestiones que preocupan a la clase media es esclarecer si el Sistema de Salud contenido en la propuesta constitucional acaba o no con la salud privada. El derecho a la salud está consagrado en el art. 44 de la propuesta constitucional. En el número 7 se prevé la posibilidad de que este Sistema esté integrado por prestadores públicos y privados. Asimismo, se encarga a la ley establecer los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse a este Sistema.
El financiamiento de este Sistema será por dos vías: a través de las rentas generales de la nación y adicionalmente por cotizaciones obligatorias que deberán pagar empleadores y trabajadores. La propuesta de Constitución no acabará con la salud privada. Sin embargo, se sientan las bases para que se dé el siguiente escenario: Será una ley ordinaria, aprobada por la simple mayoría de diputados/as la que podrá determinar que el todo o parte de nuestras cotizaciones de salud sea destinada al financiamiento del Sistema Nacional de Salud. Si a una persona le obligan a contribuir en este Sistema podrá seguir siendo usuario del sistema privado de salud, pero ya no lo financiará con sus cotizaciones obligatorias, ya que estas irán al Sistema Público. El usuario deberá pagar adicionalmente para obtener las prestaciones de salud a las que hoy puede acceder con el 7% de su renta imponible. ¿Será esto un problema para la gente rica? desde luego no, pero para la clase media, que hoy puede elegir el sistema de Isapre y atender sus contingencias de salud en el sistema privado, ya no le resultará fácil financiar dos sistemas, pagando, por ejemplo, un seguro complementario.
Jorge Astudillo Muñoz, coordinador de Investigación Facultad de Derecho UNAB