La gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Bernardita Silva, dijo que la posibilidad de un feriado el próximo 16 de septiembre perjudica a los sectores productivos, pero el comercio minorista y el turismo "se benefician".

La Cámara de Diputados aprobó este martes realizar la solicitud de forma oficial al Presidente Gabriel Boric, aludiendo a la vida social retrasada por la pandemia y el fomento al turismo y al comercio, lo que no ha sido confirmado desde el Gobierno y genera miradas dispares desde gremios y los parlamentarios.

Desde la CNC, Silva sostuvo que "los sectores productivos se ven más afectados, mientras que el comercio minorista y el turismo se benefician de un feriado adicional. El efecto de un día feriado no irrenunciable en el comercio minorista podría ser positivo y hacer que se comporta como un sábado, un domingo, que son los días que más se vende".

"El impacto de un día feriado en un año normal (prepandemia) es entre 0,2 y 0,9 puntos porcentuales menos del Imacec mensual dependiendo del día hábil de la semana que cae, ya que no todos los días tienen igual impacto. De hecho, si es un viernes el impacto está en la parte baja del rango", añadió.

No obstante, recalcó que si el feriado hace que se produzca un fin de semana largo, "ahí se produce un efecto menor en las ventas de la Región Metropolitana y, en efecto, mayor en regiones".

Pero en los sectores del turismo se espera que sea otorgado el feriado, como afirmó Helen Kouyoumdjian, vicepresidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur): "Para una industria que sigue en crisis después de dos años y medio, disponer de un feriado más para una fecha tan importante como es para el turismo las Fiestas Patrias. Nos parece positivo, ya que ayudaría al rubro en un contexto complejo".

Redacción

Tras la reunión semanal entre el Gobierno, las Fuerzas Armadas y policías en que se evalúa el Estado de Emergencia en la Macrozona Sur, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informó ayer que recomendarán al Presidente Gabriel Boric solicitar al Congreso una nueva prórroga.

"Hay que recordar que el estado de excepción vigente termina el 30 de julio y, por lo tanto, el Gobierno va, de manera pronta, a ingresar la solicitud al Congreso para que pueda citar a una sesión para debatirlo", dijo en La Moneda.

Ante los últimos hechos de violencia registrados en Los Ríos, Monsalve, quien el miércoles visitó esa región y se reunió con autoridades y gremios locales, anunció que iniciarán "una etapa previa a cualquier decisión respecto de un estado de excepción" en esa zona. "O sea, mejorar las condiciones de manera previa", acotó.

Comprometió, en ese sentido, "la instalación de puntos de control en lugares que son considerados estratégicos", entre otras medidas, y dijo que "si bien no hay una unanimidad respecto de qué hacer en el caso de la región, sí puedo transmitir un sentido mayoritario de las autoridades políticas y ellos quieren medidas de seguridad".

La exclusión de Los Ríos, sin embargo, generó inmediatas reacciones de parlamentarios de la zona: el diputado Marcos Ilabaca (PS) afirmó que "no comparto en absoluto la medida adoptada por el Gobierno" y la senadora María José Gatica (RN) apuntó que "el Gobierno está minimizando el problema de seguridad en la región".

Infraestructura crítica

La nueva discusión en el Congreso de la extensión de esta medida pondrá a prueba nuevamente el respaldo de los parlamentarios oficialistas al Ejecutivo, luego de que el miércoles varios diputados de partidos gubernamentales rechazaran o se restaran de apoyar el veto sustitutivo para la ley de infraestructura crítica, desechada por la Cámara.

Ayer La Moneda evitó responsabilizar a sus legisladores por la caída del proyecto, pero desde RN, partido que votó contra el veto, enviaron una carta en la que pidieron a Boric "ingresar un nuevo proyecto de reforma constitucional de protección de infraestructura crítica con discusión inmediata", comprometiendo esta vez su apoyo.

Diferente fue la posición de los diputados de la UDI Juan Manuel Fuenzalida y Henry Leal, quienes tildaron a los ministros Camila Vallejo y Giorgio Jackson de "mentirosos" y plantearon que hubo una "trampa en la que nos quiso hacer caer el Ejecutivo, obligándonos a aprobar esta medida para que no tuvieran que renovar el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la Macrozona Sur".

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, se refirió ayer a los dos accidentes fatales que se han producido durante los últimos días en faenas de la empresa estatal y reconoció que se trata de una "falla en nuestro trabajo".

"Nosotros como empresa sabemos que estamos en una actividad de riesgo, pero nosotros no estamos condenados a tener accidentes fatales. Sabemos que con el cuidado de cada uno y de cada equipo, somos capaces de trabajar y volver sanos y salvos a nuestros hogares", dijo el representante de Codelco ante la comisión de Minería y Energía del Senado.

"De hecho, esta división, Ministro Hales, que comenzó a operar el 2011, no ha tenido ningún accidente fatal, lo que prueba que es posible hacer el día a día sin accidentes fatales, y que cuando ocurren estos accidentes es una tremenda falla en nuestro trabajo. Y por lo mismo es que hemos tomado serias medidas. Por lo pronto todo Codelco, hoy el turno A detuvo sus operaciones para poder hacer una reflexión sobre esto".

"Hemos procedido a paralizar todas las actividades de la Vicepresidencia de Proyectos. En Codelco trabajan 60 mil personas, de los cuales 15 mil son trabajadores directos, y los otros 45 mil son trabajadores de empresas colaboradoras, de las cuales 25 mil están en la Vicepresidencia de Proyectos, que es la responsable de desarrollar los proyectos de inversión y principalmente los proyectos estructurales", añadió.

Pacheco también dijo que "hemos procedido a contratar a una empresa internacional independiente para que revise todos los proceso que tenemos en la Vicepresidencia de Proyectos en términos de seguridad y los sistemas, y la salvaguarda, las medidas de prevención con que opera".

"Hemos encargado la constitución de una comisión investigadora para el accidente en Chuquicamata y El Salvador", detalló el directivo.

A su vez, mencionó que la cuprífera está "siendo investigada por Sernageomin, por la PDI, y por otras instancias externas a la división".

La senadora independiente Fabiola Campillai, cegada por el impacto de una bomba lacrimógena disparada por un carabinero durante el estallido social, presentó antes de asumir su cargo una demanda contra el Estado por 2.200 millones de pesos.

Campillai perdió la vista, el gusto y el olfato en noviembre de 2019 cuando se dirigía a su trabajo en San Bernardo.

Ayer, tras salir a la luz el monto, Campillai dijo a radio Cooperativa que "no puede solamente ser el carabinero quien pague, porque él solamente va a tener años de prisión, los cuales se pueden acortar, porque aquí hay beneficios para cualquiera, incluso para los violadores de los derechos humanos. El Estado por, ser el empleador, porque los policías son agentes del Estado, debe indemnizar por lo que Carabineros causó".

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, reveló ayer que en medio de un procedimiento policial se detuvo a uno de los líderes del denominado Tren de Aragua, organización criminal venezolana que opera en el extremo norte de Chile.

En entrevista con CNN Chile, el persecutor informó que "las últimas detenciones, que fueron el domingo, se practicaron incluso en el desierto. Uno de los sujetos, que para nosotros era uno de los líderes, fue sorprendido intentando abandonar el país caminando por medio del desierto. Eso nos habla de que efectivamente los tenemos acorralados y habla de una persona desesperada que ya no tiene casas de seguridad dentro de la región, lo que también habla del trabajo que han hecho las policías".