La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, dijo ayer que la visita que realizó a China no se concibió como una misión de investigación, sino como una oportunidad para establecer una relación con el Gobierno de Pekín para que proteja los derechos humanos.

"Las visitas de alto nivel no son por definición misiones de investigación, hubo limitaciones especialmente en relación con las restricciones por la covid-19", explicó.

La visita que Bachelet realizó a China a finales de mayo ha sido foco de severas críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de algunos países que consideran que las conclusiones que ofreció la alta comisionada tras la misma fueron muy blandas.

En una presentación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se reúne en Ginebra, Bachelet respondió a preguntas anteriores que los países le formularon sobre ese viaje y, entre otros comentarios, reconoció que no pudo hablar con ningún detenido en los campos de "reeducación" para miembros de la minoría musulmana uigur, asentada en la provincia de Xinjiang.

"Estuve acompañada por funcionarios del Gobierno durante mi visita a Xinjiang", comentó. "No pude hablar con ningún uigur actualmente detenido ni sus familias, pero anticipando esto me encontré con antiguos detenidos que están fuera del país y familias que han perdido contacto con sus seres querido" en esa región, explicó.

Bachelet sostuvo que el Gobierno chino facilitó todas las reuniones que solicitó con representantes del Poder Judicial, funcionarios con responsabilidad en distintos ministerios, empresarios y académicos.

"El gobierno también respetó mi deseo de reunirme con entidades de la sociedad civil y esto fue organizado por mi oficina sin presencia de funcionarios públicos", agregó.

La alta comisionada, quien esta semana anunció que concluirá su primer mandato el próximo 31 de agosto y que no buscará un segundo, hizo hincapié en que la criticada visita a China le permitió exponer varios temas importantes de preocupación a los líderes y responsables políticos chinos. "Me ofreció un amplio espacio para discutir y hacer preguntas", declaró.

También recordó que su organismo ha recogido desde hace bastante tiempo información sobre la situación en Xinjiang de forma remota y que en base a esto publicará un esperado informe sobre la situación de derechos humanos de los uigures, que inicialmente se esperaba para diciembre pasado.

Agencias

La Fiscalía de Perú solicitó este miércoles a la Justicia del país andino investigar al presidente Pedro Castillo como "líder de una organización criminal" enquistada en el Estado para obtener "beneficios ilegales" de los contratos que suscribió el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Samuel Rojas, representante de la Fiscalía de la Nación, explicó al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Perú los motivos por los cuales el fiscal general, Pablo Sánchez, abrió una investigación preliminar contra Castillo, al responder a la demanda de "tutela de derechos" presentada por su abogado, Benji Espinoza, para que se anule este proceso

"Es la primera vez que un presidente en funciones ha sido sindicado de liderar una organización criminal enquistada en los estamentos del Estado", a los que juró defender al asumir el cargo, para "cometer delitos de corrupción", expresó Rojas durante su exposición.

Rojas pidió a la sala que evalúe la necesidad de compatibilizar los artículos de la Constitución que señalan, por un lado, que el presidente de la República sólo puede ser investigado por traición a la patria o impedir las elecciones, mientras esté en el cargo; en tanto que, por otro, pide al Estado combatir los actos de corrupción.

Añadió que la investigación contra Castillo "no proviene de una acusación de organización civil, ni de un miembro del Congreso", sino de información "gestada en investigaciones fiscales", a raíz de las irregularidades denunciadas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto a las adjudicaciones de una serie de obras de infraestructura.

"Esa circunstancia hace necesaria que el Ministerio Público adopte la medida de variar el criterio, dada la gravedad de las imputaciones y los indicios que hacen que esta imputación no sea política", apuntó Rojas.

La defensa de Castillo presentó una demanda de tutela de derechos antes de que el fiscal de la Nación pueda interrogarlo sobre las imputaciones que lo colocan como el responsable de organizar la adjudicación de obras a empresarios que colaboraron con su campaña electoral y de nombrar a funcionarios afines a esa tarea.

Las investigaciones de la Fiscalía arrojaron evidencia sobre "la existencia de una organización criminal que maneja el Estado utilizando estas contrataciones para obtener beneficios ilegales", afirmó Rojas.

"Es el primer mandatario del Estado que está llamado a cautelar el interés nacional, quien está siendo imputado de perpetrar delitos de corrupción de funcionarios", agregó.

El abogado de Castillo, Benji Espinoza, declaró que el fiscal de la Nación no es competente para investigar al presidente, pues este solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones, disolver el Congreso, o impedir el funcionamiento de los órganos electorales.