Caso Matancilla: Informe confirmaría que no existe uso de derechos de aguas en el río
RECURSOS HÍDRICOS. Además, durante la jornada de ayer, el gobernador regional se hizo parte de una denuncia presentada por pequeños agricultores por presuntas irregularidades en la inscripción de derechos de aguas.
Durante la jornada de este lunes, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, encabezó una reunión en la que estaba acompañado por el director (s) de la Dirección General de Aguas (DGA), Cristian Núñez, la senadora Yasna Provoste y el aún presidente de la Junta de Vigilancia del Río Huasco (JVRH), Nicolás del Río, instanciaen que la que se dieron a conocer los resultados de la inspección realizada por la DGA en el Río Matancilla.
La visita técnica se realizó entre el 11 y 15 de marzo de este año, con el propósito de evaluar la situación actual del estero Matancilla ante el perfeccionamiento de 920 litros por segundo (l/s) de derechos de aprovechamiento de agua, informe que confirmó los argumentos de la JVRH respecto que no existe "uso de estos derechos" eventuales, además de verificar que "el caudal es de 260 a 420 l/s".
Por si esto fuese poco, en la mañana deayer, el gobernador regional, Miguel Vargas, se hizo parte de proceso sancionatorio de fiscalización ante la DGA Atacama en contra de tres privados por caso de agua de Río Matancilla. De esta manera, el Gobierno Regional se hará parte del procedimiento iniciado en contra de tres privados tras la denuncia presentada por regantes del Valle de Alto del Carmen.
Autoridades
Sobre el encuentro para conocer los resultados de la visita inspectiva, Juan Carlos García, ministro de Obras Públicas, señaló que "fue una importante reunión que permite mantener informada a la Junta de Vigilancia sobre las medidas que estamos tomando como Ministerio de Obras Públicas, en particular la DGA sobre el Río Matancilla, y las próximas medidas que se vienen. Creemos que es fundamental que las comunidades estén enteradas de las acciones que tomamos amparando el buen resguardo de este recurso. Quedamos muy contentos con la reunión, un diálogo muy fluido".
En el mismo contexto, Cristian Núñez, director (s) de la cartera sectorial, entregó información actualizada "respecto a visitas técnicas que hizo la DGA para constatar en terreno cuál era la condición donde están potencialmente estos derechos de agua, como es la zona y si existe la factibilidad del agua, pero lo que nos llamó la atención es que hay una zona prístina, que tiene un valor ecológico, lo cual vamos a coordinar con el Ministerio de Medio Ambiente para que nos diga de qué manera se puede evaluar esa zona y ver si esa biodiversidad debe ser protegida de acuerdo a lo que establece el nuevo Código de Aguas".
"Lo que se constata en la visita que hizo el equipo técnico a principios de marzo, es que hoy día no hay uso de estos derechos, quedan algunos vestigios de que hubo algunas captaciones muy antiguas, pero en la actualidad no hay ninguna evidencia que eso haya sido en el corto o mediano plazo, fue hace mucho tiempo", agregó el director nacional de la DGA.
Cabe recordar, que el destino de las aguas del Matancilla está en manos de la justicia luego de varios procesos judiciales, a la espera de admisibilidad en la Corte Suprema donde se espera que estos antecedentes contribuyan a resguardar el recurso hídrico en favor de los usuarios de agua y habitantes de Atacama.
Gobierno Regional
Sobre la diligencia realizada en la mañana de ayer, el gobernador regional Miguel Vargas, afirmó que "El gobierno Regional de Atacama se hace parte en denuncia administrativa interpuesta por dos pequeños agricultores de la parte alta del Río Huasco, Osiel Cubillos y Amalia Robles, en representación de los pequeños y pequeñas agricultores y agricultoras del Río Huasco que están muy preocupados, evidentemente, por lo que está ocurriendo respecto de los derechos de agua del estero Matancilla".
En ese contexto, el gobernador Vargas remarcó que "hemos tomado la decisión de hacernos parte en otra arista relacionada con este caso, que tienenque ver con los procedimientos utilizados a la hora de inscribir y perfeccionar los derechos de agua por parte de los particulares en cuestión, y les estamos solicitando, a partir de la denuncia interpuesta, a la DGA, que utilice todas las facultades para investigar esta situación y establezca las sanciones, si corresponde, contemplada en el Código de Aguas".
Consultado sobre si hubo omisión por parte de la DGA en este proceso, Miguel Vargas declaró que "a juicio nuestro, y a partir de los antecedentes que hemos venido conociendo de todo este proceso, hemos notado una ausencia importante de la DGA en todo este proceso y esperamos que esto se pueda corregir en esta administración" y agregó que "lo que se denuncia del punto de vista administrativo, es que, al parecer, se habrían doblemente inscrito los derechos de agua, y eso nos parece una falta grave, contemplada en el Código de Aguas, y por lo tanto, nosotros esperamos que esta situación se pueda aclarar. Es decir, por la vía del perfeccionamiento, se habrían otorgado el doble de los derechos existentes en el estero del Matancilla, y eso nos parece, de ser así, un hecho grave".
"Por eso que hemos tomado la decisión de hacernos parte en este proceso administrativo, no judicial (porque lo judicial está radicado actualmente en la Corte Suprema), y esperamos que la DGA en función, o a partir de sus facultades, pueda hacer la investigación respectiva y poder emitir un pronunciamiento, y si compete, aplicar las sanciones contempladas en el Código de Aguas", esgrimió el gobernador.
Polémica por elecciones en la JVRH
Respecto de la polémica suspensión de la Asamblea Extraordinaria de la JVRH que debió llevarse a cabo el sábado pasado, el director (s) de la DGA, Cristian Núñez, señaló que "la dirección regional entregará soporte a la Junta de Vigilancia para que puedan realizar su asamblea como corresponde lo antes posible, además de ayudarlos en la acreditación del rol y de las personas que pueden votar efectivamente en la elección del directorio". Cabe mencionar que ese día hubo acusaciones cruzadas. Por una parte, la junta acusó "irregularidades y falta de garantías" de un grupo de usuarios en el proceso de acreditación para la elección del nuevo directorio, y por el otro, habían voces disidentes, como la de Cecilia Anacona, directora electa por el tramo uno, quien dijo que "el presidente (de la JVRH) trató de aceptar un descuelgue de votos en una comunidad, lo que es ilegal, a pesar de que había un acta de Directorio que daba poderes para la votación".