Redacción

El Gobierno anunció ayer la modificación del calendario de vacaciones de invierno para los escolares de 14 regiones del país: las adelantó y extendió ante el aumento de la circulación de los virus respiratorios, un crecimiento adicional al causado por el covid-19, que va también en alza.

Según detalló el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, la medida se aplicará a todos los colegios entre las regiones de Arica y Parinacota y de Los Lagos, que pasarán a tener tres semanas de vacaciones, entre el jueves 30 de junio y el domingo 24 de julio.

Esta decisión "es obligatoria para todos los establecimientos educacionales, tanto públicos como privados" -con excepción de aquellas cuyo calendario está organizado en trimestres- y tiene como objetivo "reducir el contacto entre estudiantes y la circulación de virus respiratorios", sostuvo la autoridad.

Además, Ávila garantizó que el servicio de alimentación que entrega la Junaeb se mantendrá durante la semana adicional de receso (30 de junio al 8 de julio).

En las regiones de Aysén y Magallanes no habrá cambios en sus vacaciones de invierno que ya eran de tres semanas, con fecha de inicio el jueves 7 de julio y de retorno el 1 de agosto.

Alta ocupación

La ministra de Salud, María Begoña Yarza, expuso que "estamos preocupados por el alza en la circulación de virus respiratorios" aparte del covid, principalmente el sincicial, que representa el 47,6% de los casos diagnosticados, y enfatizó que la situación de las camas pediátricas "nos preocupa particularmente: tenemos 599 unidades, divididas en cuidados intensivos y cuidados intermedios, con 91% de ocupación en UCI y 84% en UTI. Es un escenario muy relevante".

Por ello, el Minsal está adoptando "medidas para que podamos seguir transformando camas de adultos en pediátricas, pero no basta con medidas en el sistema sanitario" y se requieren disposiciones "intersectoriales para proteger a nuestros niños", como el adelanto de vacaciones.

"No hay condiciones"

El presidente metropolitano del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, apoyó la medida, pero llamó a tomar acciones que apunten al fondo del problema.

"Esto viene a confirmar algo que habíamos señalado muy anticipadamente: que en los colegios no están las condiciones sanitarias ante los virus respiratorios. Hemos dicho que 45 estudiantes hacinados en una sala es un exceso, hemos dicho que en muchos colegios de Chile no hay condiciones para una ventilación adecuada", detalló Aguilar.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien había dicho el lunes que evaluaba esta medida para su comuna, ayer afirmó que "valoramos el anuncio de los ministerios de extensión de vacaciones. Sin embargo, no descartamos adelantarlas aún más, debido a que los contagios continúan creciendo".

Uno de los fenómenos más alarmantes de la vida social en el Chile contemporáneo, lo constituye el incremento de la criminalidad y la violencia contra las fuerzas policiales.

En menos de un mes han muerto tres carabineros a manos de la delincuencia.

¿A qué puede deberse un fenómeno como ese?

Ha de haber varios factores; pero entre todos uno indudable: se ha socavado su legitimidad.

La vida social está constituida por una amalgama de reglas y costumbres, la mayor parte tácitas o implícitas, que cuando tienen plena vigencia se antojan naturales como la respiración. Ese conjunto de usos sociales establece lo que es lícito de hacer y lo que no, lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es legítimo y merece obediencia y lo que es ilegítimo y debe ser resistido.

En otras palabras, ese océano de usos sociales funda a la autoridad y enseña el deber de obediencia a ella.

Pero esos usos sociales no se sostienen solos. Es necesario enseñarlos y aprenderlos.

Una de las tareas de las élites (o si se prefiere de las minorías excelentes de esas que hay en todas las clases y en todos los sectores) consiste en transmitirlos a través del sistema escolar y los medios de comunicación. Pero si las élites (v.gr. las élites políticas o los medios) en vez de enseñar esos usos sociales que trazan la línea que divide lo legítimo de lo que no lo es, se dedican, por ignorancia, lenidad, convicción ideológica o simple estupidez, a deteriorarlos, a relativizarlos, o lo que es peor a corroerlos, entonces ese entramado invisible de la vida social principia a desaparecer y se desdibuja.

Y eso es, desgraciadamente, lo que ha estado ocurriendo en Chile.

Se ha venido configurando una lenta pero persistente deslegitimación de la policía, a la que se ve como un aparato meramente represivo, y a la que se presenta como un enemigo de la libertad. Ha contribuido a ello, desde luego, el comportamiento de las propias fuerzas policiales (es cosa de recordar el caso Catrillanca, o los desfalcos en que incurrió parte del alto mando); pero sobre todo se debe a la irresponsabilidad de la clase política (parte de la cual hoy gobierna) la que, en vez de prestar apoyo a la fuerza pública, muchas veces pareció esmerarse en deslegitimarla, en deteriorarla, como si cualquier intervención de la fuerza frente a la delincuencia o el desorden hubiera sido ilegítima.

El resultado está a la vista.

Ese fenómeno ha deslegitimado el quehacer policial, ha disminuido su poder simbólico. Si antes un policía poseía el aura y el prestigio del poder estatal, hoy día carece de él. El problema es extremadamente grave porque como es obvio, la capacidad de control de la policía no depende solo o únicamente de la fuerza de que dispone, sino sobre todo de la nube de prestigio y legitimidad que al rodearla inhibe el empleo de la violencia en contra de ella. Pero una vez que esa nube de prestigio se disipa (gracias entre otras cosas al discurso que alguna vez profirieron o cohonestaron las mismas autoridades que hoy tienen el control del estado) la policía queda indefensa, sin ese escudo que es muchísimo más eficaz que cualquier medio material.

Urge pues reconstituir el aura de prestigio de la fuerza pública y para lograrlo las élites (partiendo por las élites políticas, las instituciones educativas y los medios de comunicación) han de evitar el simplismo de creer que siempre que la policía emplea la fuerza ello es lesivo de los derechos de las personas, olvidando así que sin esa fuerza la vida social simplemente no existiría.

Si esa aura de prestigio no se hubiera deteriorado, es probable que los tres carabineros no hubieran sido asesinados. Pero despojados de esa aura de legitimidad y prestigio, ni los asesinos se detuvieron, ni esos carabineros hoy difuntos (como dijo entre sollozos el padre de uno de ellos) sintieron que podían emplear la fuerza para hacer cumplir la ley.

El principal sospechoso del asesinato del cabo David Florido, perpetrado el domingo en un tiroteo en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, fue liberado hace seis meses de la cárcel, pese a que el beneficio había sido rechazado en una primera instancia por la Comisión de Libertad Condicional.

Según La Tercera PM, el sujeto identificado con las iniciales J.G.Q. cumplía una pena de ocho años de presidio en la cárcel de Colina I por el delito de robo con violencia e intimidación, periodo que se cumpliría en 2024.

En diciembre pasado, la Comisión de Libertad Condicional rechazó darle beneficios, pero su defensa recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago, instancia que revocó la decisión y le otorgó la salida de prisión.

La postura de la comisión se debió a que existían dudas sobre su capacidad de reinsertarse en la sociedad, principalmente por las amistades delictuales que mantenía en la población Lo Valledor, lugar donde residía.

"El postulante presenta un riesgo medio de reincidencia delictual, con necesidades criminógenas medias en educación, empleo, historial delictual y pares, ya que ha presentado socialización con pares antisociales desde la adolescencia. Se estima que resulta necesario un mayor periodo de observación de los permisos de salida dominical y de fin de semana del cual goza el interno, a fin de evitar el riesgo de reincidencia", indicó la secretaria Olga Alarcón.

Las abogadas Romina Riveros y Javiera Morales recurrieron de amparo asegurando que era ilegal mantenerlo privado de libertad, ya que contaba con un trabajo y con redes de apoyo para reinsertarse en el exterior.

Tras el crimen de Florido, quien fue ascendido de manera póstuma a suboficial mayor, el sospechoso sigue prófugo.