El Centro General de Padres y Apoderados del Liceo Manuel Blanco Encalada de la Comuna de Caldera informó que debido a la "no respuesta satisfactoria del Servicio Local de Educación Pública ante los hechos de violencia que sucedieron en el establecimiento, los alumnos no ingresarán a clases, ni tampoco la comunidad educativa.

Según manifestaron hay amenazas a la Comunidad Educativa y hay un proceso investigativo por lo tanto la decisión la Directiva del Centro General en conjunto con los Subcentros es de no reingresar a clases y se solicita el apoyo de los apoderados. Entre algunas demandas que exigen padres y apoderados está la contratación de inspectores con urgencia, dar cumplimiento a los acuerdos tomados el 2 de mayo, reemplazos para personal con licencias médicas, pendientes que no han llegado, arreglo de vehículos de transporte, para salidas a terreno, personal faltante para el PIE, contratación de guardias y mantención del recinto.

Luego que la Corte Suprema acogiera la acción cautelar presentada por las comunidades indígenas atacameñas Camar y Coyo poniendo fin a la licitación internacional del litio impulsada por el Gobierno de Piñera, argumentando que en las bases del proceso "no se cumplió con el requisito de fijar un área específica para desarrollar el proyecto, con lo que no se pudo hacer la consulta indígena previa, como estipula la ley", el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, informó que el Gobierno Regional Atacama se desistirá del recurso de protección presentado ante la Corte de Apelaciones de Copiapó.

Lo anterior debido a que los dos fallos respecto de la licitación del litio que se formuló en la administración anterior, ventilados en la Excma. Corte Suprema, resolvieron que se dejó sin efecto las bases de licitación pública, dejó sin efecto el decreto n° 23 del 27/07/2021 del Ministerio de Minería, que hizo el llamado a la licitación y dejó sin efecto la adjudicación de contratos de exploración, explotación y comercialización de dos cuotas de 80.000 toneladas de litio metálico comerciable cada una, a las empresas ByD Chile SPA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A. contenidas en las resoluciones exentas n° 68 y 69 del Ministerio de Minería de fecha 12 de enero de 2022, que adjudicó a estas dos empresas las cuotas señaladas.

Tras la decisión el gobernador de Atacama, Miguel Vargas precisó que "si ya la Corte Suprema emite un pronunciamiento bastante contundente en esta materia, no tiene mucho sentido que el Gobierno regional persista con su acción judicial. Ahora, sí queremos considerar algunas disposiciones contempladas por la Corte Suprema, fundamentalmente y donde identifica un vicio, en que la licitación no contemplaba los lugares donde se iban a materializar los proyectos en cuestión, y al no contemplarse los lugares, eso inhibe o dificulta la participación ciudadana, específicamente lo que alegan las comunidades indígenas, la aplicabilidad del Convenio 169".