Redacción

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió ayer a los incidentes ocurridos el jueves en la estación Ñuñoa del Metro de Santiago, donde comerciantes ilegales golpearon a ocho guardias y dejaron a dos con lesiones graves, y apuntó a que "detrás del comercio ilegal hay crimen organizado".

Según Monsalve, "el comercio ilegal "está vinculado a la violencia, al uso de armas de fuego, al contrabando" y agregó que "lamentablemente" este se encuentra "rodeado de un conjunto de hechos que permiten llegar a la conclusión que detrás del comercio ilegal hay en la realidad crimen organizado".

La violenta reacción de los comerciantes se produjo pasadas las 20 horas del jueves, en el andén de la estación que combina las líneas 3 y6, cuando funcionarios de la empresa realizaron un control en el interior de la estación e hicieron salir a los vendedores ambulantes.

Nueve trabajadores agredidos terminaron lesionados, incluyendo un guardia que resultó con un TEC cerrado y un corte en una oreja tras ser golpeado con un fierro.

Debido a la violenta agresión, el Gobierno, a través de la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, anunció que presentaron una querella criminal contra quienes resulten responsables. "Hay que perseguir a bandas organizadas que se han constituido como verdaderas mafias en la capital, y vamos a seguir trabajando para poder recuperar nuestros espacio públicos", dijo.

Agregó que "trabajaremos para identificar a los responsables y esperamos una pronta recuperación de los funcionarios heridos".

Hay coordinación

Por su parte, Carabineros acusó ayer que hubo una coordinación entre los vendedores ambulantes vinculados a las agresiones en la estación Ñuñoa del Metro, con otro grupo de comerciantes que opera en la estación Universidad de Chile.

En este sentido, la mayor María Irene del Campo entregó detalles de la agresión y sostuvo que los implicados "en definitiva fueron rescatados por los comerciantes ambulantes".

Añadió que "posteriormente se detuvo a una tercera persona, que estaba apoyando la situación hacia los comerciantes ambulantes, y asimismo actúo en forma agresiva hacia los vigilantes de Metro", señaló la uniformada, quien concluyó que "ellos en sí tienen una comunicación".

Luego que el fallo de la Corte Suprema resultara favorable para el proyecto portuario minero Dominga, propiedad de la empresa Andes Iron, el alcalde de La Higuera, Yerko Galleguillos, se manifestó a favor del avance de la iniciativa que busca instalarse en su comuna y que ahora depende de un Consejo de Ministros.

Galleguillos señaló en Radio Cooperativa que "para nosotros, que como municipio siempre hemos manifestado una postura favorable a este proyecto, dado que creemos y entendemos que es un proyecto que cumple todo lo que la ley establece, y lo vemos como una oportunidad para una comuna donde hay muchos proyectos, pero nada concreto, creemos que es una tremenda noticia".

Con el fallo de la Suprema, que rechazó los últimos recursos en contra, el proceso de aprobación del proyecto minero portuario queda a la espera de la determinación que adopte el Consejo de Ministros, por lo que se halla a resguardo la presentación de argumentos y vías procesales de todos los intervinientes.

Sobre esta decisión, el alcalde sostuvo que "si el Consejo de Ministros rechaza el proyecto, al Presidente Boric le va a pasar lo mismo que a la Presidenta Bachelet, le va a desarmar el gabinete. Recordemos lo que pasó cuando el Consejo de Ministros rechazó este proyecto el año 2018, se le desarmó el gabinete".

Lo anterior, debido a que a su criterio "los ministros están para cumplir un rol técnico, obviamente también político, pero no puedes ir contra la institucionalidad. Si hoy día el máximo tribunal de Chile ha dicho que el proyecto Dominga es un proyecto que cumple con lo que la institucionalidad dice y establece, ¿cuál es el motivo para rechazarlo?".

Sobre el fallo, el Presidente Gabriel Boric señaló que "ahora está en una instancia que le corresponde al Estado, le corresponderá a los ministros pronunciarse, pero ustedes saben cuál fue mi posición".

"Mi posición respecto al proyecto es clara y no ha cambiado", agregó, al recordar que en la campaña lo rechazó.

Una mujer chilena asegura que pasó encerrada cerca de cuatro años en la vivienda de su esposo, el ciudadano peruano Giorgio Armas Gabrieli, y sus suegros, en la localidad de Chiclayo en Perú.

De acuerdo a los que informó Radio Biobío, la víctima fue identificada como Viera Rivera Salazar, de 42 años, y es oriunda de Traiguén, Región de La Araucanía.

Según comentó su hija al Diario Correo de Perú, llegó a cumplir dos años en el encierro, hasta que fueron rescatadas el miércoles 11 de mayo por la policía peruana, cuando agentes del área de Delitos contra la Libertad y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la División de Investigación Criminal (Divincri) allanaron la vivienda tras denuncias sobre la situación de la mujer.

La investigación se originó luego de que el 1 de mayo la chilena sangrara tras caer desmayada en el baño, golpeándose la cabeza.

Fue en esos momentos que una vecina se habría dado cuenta de la situación, avisando a la policía peruana.

Diciembre de 2018

Según relató la mujer, fue en diciembre de 2018 que su esposo le habría impedido salir de la casa, cuando pretendía viajar a Chile. "Conocí a mi esposo por el Facebook, por ello viajé a Perú", señaló Rivera, según la prensa peruana.

La mujer agregó que "al vivir en casa de mis suegros, me insultaban de la peor manera, pese a que estaba embarazada. Incluso mi suegro me golpeó al descubrir que hablaba con mi hermana pidiéndole ayuda que me rescaten".

Asimismo, relató que en este supuesto encierro, "la comida me la daban por la puerta y luego me encerraban, pues todo el día me tenían vigilada. Mi hija no habla, no interactúa con otros niños porque no hemos salido a la calle. Mi hermana desde Chile hizo una denuncia, pero me obligaron a mentir y la denuncia se archivó".