La revuelta popular del 18 de octubre trajo consigo un sin número de promesas de cambio en la vida nacional. Reformas estructurales en las que el proceso constituyente que hoy vivimos se vino a erigir como símbolo de una nueva era que deje atrás ese país inmoralmente desigual ante el cual el Pueblo se reveló.

En ese contexto, la Universidad Pública debe empoderarse como un espacio propicio para el logro de aquellos objetivos. El rol de éstas debe plasmarse, desde luego en la formación de sus estudiantes y el desarrollo de la investigación pero, post revuelta popular, esta ya no puede hacerse al margen de sus comunidades y territorios.

No habremos entendido nada, si no arrancamos de raíz los viejos paradigmas en la relación universidad-comunidad como si se tratara de entes diversos y ajenos, entre los cuales todo lo más cabe un acercamiento.

Pues no, la universidad es parte de Atacama y su gente, y con ellos debemos laborar en conjunto como integrantes activos del territorio en el que nos insertamos, contribuyendo a mejorar la vida de todos, todas y todes, trabajando en la superación de las desigualdades que nos aquejan y de dicha forma fortalecer la democracia pues, no existe democracia real sin equidad social. Sólo así, situados, puede comprenderse la verdadera importancia y justificación de ser una Universidad Regional, Pública y Laica.

Ese es el contexto y leitmotiv del proyecto de Centro Jurídico-Psicosocial UDA: una apuesta decidida por la Equidad Social. Este implementará un trabajo transdisciplinar de Derecho, Psicología y Trabajo Social, realizando atenciones en materias civiles, laborales, de familia y derechos de los consumidores, asumiendo a su vez la representación judicial cuando corresponda. Se trabajará también en el área clínica, educativa y específicamente en materias socio comunitarias y de familia, desarrollando intervención a corto plazo y peritajes sociales cuando sea el caso.

Nuestra intención es aportar al bienestar de las personas en una doble dimensión; por una parte se trabajará en disminuir la desigualdad en el acceso al apoyo jurídico y psicosocial de los y las habitantes de la Atacama, y por otra, en fortalecer el proceso formativo de nuestros y nuestras estudiantes, llevándoles tempranamente al trabajo con actores del territorio.

Es un imperativo ineludible que la formación de los y las estudiantes se empape de realidad social, y de dicha manera lograr que nuestros egresados y egresadas sean profesionales comprometidos y agentes transformadores. No se nos escapa que este Centro Jurídico-Psicosocial es sólo un paso en el enorme desafío que nos planteamos, y que para ello todos somos pocos, sin embargo, estamos convencidos que no hay otro camino: la universidad pública, sobre todo la regional, debe estar al servicio de su Pueblo.

Violencia escolar en pandemia

A sólo nueve semanas del inicio del año escolar el escenario está desafiante, el clima de las comunidades escolares ha experimentado graves situaciones de violencia que exceden el accionar de los establecimientos y sus protocolos afectando a los integrantes en todos sus niveles.

La violencia se extiende y no sólo cubre a la educación pública reconocida por ser más diversa sino al sistema escolar en su totalidad y ocurre después de un extenso cierre de colegios por la pandemia y situaciones sociales que aún no se han detectado de manera integral.

El poco tiempo transcurrido no ha permitido dimensionar los conflictos que afectan a los estudiantes, los llamados de atención que generan, los grupos de pertenencia a los que se han unido, las motivaciones que los mueven y menos quienes están detrás de ellos empujando su participación escolar.

Para los actores de las comunidades educativas uno de los problemas más acuciantes radica precisamente en la dinámica familiar, porque la familia es la unidad esencial para contribuir de mejor manera a resolver lo que experimentan los estudiantes, pero que en los casos con mayores complejidades muchas veces falla o es inexistente.

Por ese motivo, la intervención más efectiva radica en identificar a tiempo el problema y activar las derivaciones o denuncias sobre situaciones que afecten el desarrollo escolar de los niños, niñas y adolescentes, incorporando de manera activa a las redes colaboradoras que financia el Estado en el territorio.

Las escuelas y liceos necesitan que todos los organismos que trabajan con infancia y adolescencia y en especial con materias sociales y de seguridad colaboren de manera mancomunada para abordar un fenómeno que está escalando y que afecta de manera directa el anhelo de la calidad educativa porque la violencia escolar impacta directamente el rendimiento y el avance escolar.

Hoy un establecimiento educacional, como una medida excepcional, puede expulsar o cancelar matrícula si uno de sus estudiantes ejerce violencia física o psicológica ante un integrante de la comunidad escolar, pero hacerlo muchas veces significa reconocer que las intervenciones, derivaciones o remediales están fallando, y eso exige revisar con urgencia en qué punto estamos y qué es lo que se necesita como sociedad para fortalecer la tarea educativa.