Investigan presunta amenaza con arma de fuego en Colegio San Lorenzo de Copiapó
DENUNCIAS. Fiscalía y Superintendencia de Eduación confirman que hay una diligencia en curso. Además, los apoderados acusan a rector de ocultar situaciones irregulares desvinculando funcionarios, con malos tratos, amenazas a funcionarios e intimidación. El rector del establecimiento negó los hechos tajantemente.
Una serie de denuncias han realizado apoderados y ex funcionarios del colegio San Lorenzo de Copiapó, siendo la más grave la realizada por una apoderada, que acusa al rector del establecimiento de haber ocultado información respecto a una situación en la que su hija, habría sido amenazada con un arma de fuego.
Lorena Rojo, abogada penalista y funcionaria pública denuncia haber vivido en primera persona la actitud intimidante del rector del Colegio San Lorenzo, Isidoro Zambrano, quien a juicio de la afectada "incumplió gravemente su obligación de dar a conocer a la autoridad competente una situación ocurrida en el colegio". Esto, luego de enterarse por el relato de su hija y no por el colegio, de una amenaza que la menor habría recibido por parte de una compañera, quien la habría intimidado con un arma de fuego.
La apoderada y madre de la menor afectada, realizó la denuncia en contra del rector y del colegio, a través de diversos canales tras conocer el hecho relatado por su hija, del cual otros apoderados también habrían tenido conocimiento.
Según lo detallado por la afectada, fue tras una semana de haber notado cambios en el comportamiento de su hija -una estudiante de excelentes calificaciones y comportamiento- que decidió abordar estos cambios, tras lo cual se enteró del hecho. Indignada ante la situación acudió al colegio, en donde según su relato, sostuvo una fuerte discusión con el rector, quien la habría expulsado junto a su esposo del establecimiento, profiriendo amenazas e insultos.
Con todo lo anterior, decidió retirar a su hija del establecimiento y seguir los canales formales de denuncia. Fue así como denunció ante la Fiscalía de Atacama, la Superintendencia de Educación y la Defensoría de la Niñez, por lo que consideró, la vulneración de los derechos de su hija.
Diligencias indagatorias
Desde el Ministerio Público confirmaron la existencia de una investigación. De hecho, de acuerdo con lo expresado por el ente persecutor es importante que la ciudadanía considere que "respecto de hechos que puedan constituir delitos penales y que ocurran en cualquier contexto de la sociedad, el llamado es siempre a que sean oportunamente denunciados ante la Fiscalía o las policías para comenzar con las diligencias pertinentes que lleven a su esclarecimiento".
Por otra parte, la Superintendencia de Educación también confirmó la existencia de la denuncia y declaró a este medio que "se solicitaron antecedentes al establecimiento con el fin de investigar las medidas adoptadas ante los hechos denunciados". Además, señaló que "en el caso de que a partir de esos antecedentes pueda detectarse un posible incumplimiento, se instruye una fiscalización. Posteriormente, si a partir de una fiscalización se detectan hechos que constituyen una eventual infracción a la normativa educacional, se inicia un procedimiento administrativo que puede terminar en sanciones de amonestación o multas en UTM, de acuerdo a la naturaleza y gravedad de la infracción".
Desde la Superintendencia aclararon también "es deber del establecimiento denunciar ante el Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o ante cualquier tribunal con competencia penal, cuando existan antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito o se tenga conocimiento de hechos constitutivos de delito que pudiesen afectar a los estudiantes, dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho".
Otras acusaciones
Pero no fue sólo respecto de esta denuncia que consultamos al establecimiento educacional, sino por casi una decena de testimonios de otros apoderados y exfuncionarios, quienes relatan situaciones de malos tratos y negligencias al interior del colegio.
Uno de los relatos los realiza una exfuncionaria, quien habría prestado servicios por más de 20 años en la institución, siendo los últimos de ellos bajo la administración del actual rector. Relata haber cesado su relación laboral con dicho establecimiento después de no soportar más los malos tratos, gritos y órdenes peyorativas del rector.
Si bien de profesión es docente, debido a diversas circunstancias su rol fue cambiando al área administrativa, momento desde el cual el trato del rector hacia ella habría comenzado a ser discriminador, al punto que, entre las exigencias planteadas a su rol, el rector esperaba el café en dos horas del día y "por temor y en el afán de mejorar, dejaba de hacer las cosas que él mismo me encomendaba o dejaba a las personas para ir a servirle. Es más, tiene la costumbre, que cuando el ingresa a la oficina, abre su puerta y sólo me mira y debo deducir que él quiere que le sirva ya su café" relató la afectada, quien incluso debió recibir atención psiquiátrica y psicológica tras terminar su relación laboral, en la cual, tras negociaciones de su abogado, logró el pago de todos sus años de servicio. A pesar de eso, el daño emocional la afecta aún, pues incluso en el relato para esta nota se emociona y entristece al comentar que "había que caminar detrás de él como un edecán, si cualquier cosa fallaba en algún acto o ceremonia, tenía que después llamar o escribir correos disculpándome y asumiendo que esos errores eran culpa mía, me daba instrucciones por radio, todo de manera intimidante".
Otra exfuncionaria que denuncia relata situaciones similares en las que el aludido rector realiza golpes de puños sobre la superficie del escritorio, alza su voz y "reta a los funcionarios cual papá a los hijos". De hecho, en este caso la desvinculación se habría tratado de una amenaza cumplida, dado que, tras una diferencia con la profesora en cuestión, él le habría señalado que dicho momento llegaría. La desvinculación se habría producido fuera del marco de la ley por lo que existiría un juicio laboral pendiente por despido injustificado.
La afectada incluso relata que el rector "solía comentar orgulloso que en ese escritorio (el suyo) había hecho llorar a varias profesoras" situación que las profesoras consideraban absolutamente inapropiada e innecesaria.
Otra de las denunciantes, señala que "en una oportunidad nos dimos cuenta de que nos hacía firmar hojas de asistencia por un desayuno y luego nos enterábamos de que usaba estos documentos para justificar términos de matrículas a algunos alumnos". Agregando que "se han enviado cartas a las empresas que sostienen el colegio, pero hacen oídos sordos".
Una apoderada del colegio, quien al igual que los otros testimonios pide reserva de su identidad por miedo a represalias, señala que "todo ocurre fuera de regla, ha habido otras situaciones graves en las que el rector con la simple desvinculación de los funcionarios oculta los hechos sin realizar las denuncias ni las investigaciones que permitan aclarar los hechos" tal cual habría sido la situación con el arma.
Varios apoderados mencionan su indignación por la desvinculación de un profesor que fue buscado por la PDI en el establecimiento, tras concretarse una denuncia por una supuesta relación sentimental con una alumna.
Otra profesora desvinculada del establecimiento señaló a este medio, que sufría grandes episodios de estrés debido a los comentarios del rector por su forma de vestir u otras situaciones no ligadas directamente a su desempeño profesional.
Además, otra profesora habría sido desvinculada de la institución, luego que su hija y alumna del establecimiento participara de una "toma" en el patio del establecimiento tras el estallido social como acto de reflexión.
Apoderados han señalado además que, ante situaciones de cuestionamiento a decisiones del rector, reciben luego cartas de amonestación que amenazan la continuidad de sus hijos en el colegio, por razones ajenas al desempeño de los alumnos. Una apoderada habría sido hostigada junto a su hija por no lograr adquirir un libro de inglés, ante lo cual presentó su consulta al colegio sobre la obligatoriedad de adquirir estos textos nuevos cada año, la respuesta del rector -según lo relatado por la apoderada- habría sido una carta de amonestación con la cual al finalizar el año podrían caducar la matrícula de su hija.
Rector
Mediante varios llamados telefónicos este medio contactó al rector del Colegio, Isidoro Zambrano, con quien fue acordado el envío del detalle de las acusaciones por correo electrónico a través de su secretaria.
La respuesta obtenida mientras fueron recogidos los testimonios fue negar las acusaciones, señalando "Colegio San Lorenzo rechaza las imputaciones hechas. Nuestro establecimiento educacional actúa con estricto apego a la institucionalidad vigente y, por sobre todo, con pleno respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Nuestro Colegio demostrará frente a las instancias competentes, su pleno compromiso con sus alumnos, presentando todos los antecedentes para desvirtuar las acusaciones."
No obstante, apoderados del colegio hacen circular un audio de WhatsApp, al cual este medio tuvo acceso, en el cual se escucha a quien sería el rector en una reunión con cursos de educación media, momento en el que señala que el arma en cuestión se "trataría de un juguete".
Finalmente, este medio consultó sobre estos hechos a Minera Candelaria, quienes vía telefónica señalaron que el colegio y su rectoría funcionan de forma autónoma en la toma de sus decisiones respecto del funcionamiento del establecimiento.