Derecho a la Educación: Gremios discrepan sobre los beneficios del texto aprobado por la CC
ANÁLISIS. El sector público valoró los artículos consensuados en el pleno de la Convención, pero el presidente de la FIDE mostró su preocupación por la falta de claridad en el rol de la enseñanaza particular. Representante de apoderados dijo que de no establecerse una participación resolutiva de los padres y tutores en los proyectos educativos, no ven grandes avances.
Tras aprobarse en la Convención Constitucional (CC) los artículos que definen el derecho a la Educación, distintos actores implicados en la materia analizaron el texto en cuestión, discrepando en su percepción del documento. Ya que mientras el sector público ve con buenos ojos la redacción de este derecho, desde el mundo privado expresaron su preocupación por la falta de claridad en el ejercicio de la enseñanza particular.
En concreto son ocho los artículos que el borrador de la nueva Carta Magna, donde se plantea la educación como un derecho, de acceso universal, se estipula la participación de la comunidad educativa en las definiciones del proyecto educativo y decisiones en los establecimientos. Además de mencionar el mecanismo de financiamiento para la educación pública y reconocer la labor docente.
Reacciones
Sobre el texto aprobado en el pleno de la CC, el presidente del Colegio de Profesores en Atacama, Carlos Rodríguez, destacó que "consagrar a la educación como un derecho fundamental es un paso significativo, el Colegio de Profesores siempre está buscando la participación de la comunidad en general, lo que se consagra en este momento es un tremendo avance en recuperar esta educación pública que añoramos, esa que teníamos antes del año 1981, cuando fuimos traspasados a las municipalidades y se desarma este Estado docente. Sabemos que no son las mismas condiciones de antes, pero necesitamos una educación pública vigorosa y que sea tarea primordial del Estado".
"Trasladar la posibilidad de que las comunidades educativas tengan incidencia directa en elaborar sus propuestas es un tremendo avance que nos da la posibilidad de adaptarnos a estos tiempos tan difíciles en todo ámbito", agregó Rodríguez.
Mientras que en relación al reconocimiento de la labor docente en la propuesta de nueva Constitución, el líder gremial valoró que "este articulado, esta posibilidad gigante de quedar en la nueva carta fundamental del país te da la posibilidad de delinear el espacio que requiere el docente, pero ese espacio no se puede decretar, tenemos que llegar a generar las condiciones para recuperar o reinstalar la docencia como una actividad fundamental. Los países que han logrado gran desarrollo social, económico, político, pasa por mejorar donde la sociedad en general comprende la importancia de la educación y deja de verse como una mera inversión o mercancía del mercado, sino que como una instancia fundamental del país".
A su vez, el seremi de Educación, Gabriel González, igualmente se mostró positivo respecto a la aplicación del derecho a la educación establecido en el borrador emanado de la CC, indicando que "siempre vamos a celebrar el diálogo y la conversación que se dé en cualquier ámbito y que sea positiva para el país, especialmente, aquella que está referida a la educación en general, a la educación pública y socioemocional, y al valor que tienen las y los profesores como actores fundamentales para el sistema".
Además que "parte importante de las políticas educativas que estamos impulsando tienen que ver con esto, con los diálogos que se deben dar entre las comunidades. Estamos contentos de que se estén dando estas conversaciones".
"la convención dejó algunos puntos sin aclaración"
Sin embargo, Edgardo Araya, presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE) en Atacama, señaló que "estamos preocupados porque la redacción de la Convención, en un contexto que quiso precisar, dejó algunos puntos sin aclaración".
En concreto, Araya manifestó que "no nos deja claro cómo va a ser el financiamiento para la educación particular subvencionada, explica muy bien cómo será el financiamiento de la educación pública pero nada con respecto a la educación particular subvencionada. Tiene como eje y habla de un sistema educativo, un eje principal de la educación pública, pero nada menciona el rol de los colegios particulares subvencionados y particulares pagados".
"También nos preocupa bastante sobre la educación particular pagada, no deja claro qué rol va a cumplir, si podrá existir qué autonomía va a tener (...) señala que estará en la libertad de los padres madres y apoderados elegir el tipo de educación, pero falta el término que para nosotros es esencial, que son los padres y tutores que tienen el derecho y el deber de actuar como primeros educadores, eso no lo encontramos en la redacción de la Constitución, elemento importantísimo en este compartir que tienen los colegios con las familias en la educación y en el camino que ellos eligen de cada proyecto educativo".
Mientras que el representante de los Centros Generales de Padres, Madres y Apoderados de las cinco comunas que abarca el SLEP Atacama, Dany Mena, puntualizó que "hasta el momento las comunidades educativas tienen participación a través de los consejos escolares. Hay harta participación hoy día partiendo con el nuevo traspaso de la educación pública a los SLEP (...) tenemos con consejos escolares, ahí está gran parte del problema porque en su mayoría o por ley son solo consultivos, si cambiase a resolutivo sería espectacular".
"Todavía no queda claro si se va a seguir con el mismo sistema o se van a reemplazar los sistemas, no es mucha la ganancia porque el único organo resolutivo que estaría si se mantiene la ley sería el comité directivo local", añadió.
Finalmente, desde la iniciativa público-privada, Elige Educar, el director de impulso de políticas públicas, Ignacio Maldonado, sostuvo que "la participación de las comunidades educativas -con el involucramiento de todos sus actores- es clave para el proceso educativo y el artículo sobre este tema aprobado en la Convención Constitucional plantea con fuerza este derecho. Sin embargo, quedará a la ley la definición de cómo se va a materializar, lo que es muy positivo porque la participación en políticas nacionales, locales y del establecimiento tiene que ser efectiva y eficiente".
Igualmente, Maldonado expresó que "será clave la discusión legislativa que vendrá de ser aprobada la Nueva Constitución. Una Carta Magna plantea nortes, metas o desafíos que el país decide que va a abordar, pero la forma en que se llevan a la práctica no está definida ahí. Faltará mucho por recorrer para lograr los cambios que la Nueva Constitución plantea".