Casi siete horas duró la negociación ayer entre el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para acordar una hoja de ruta en relación al nuevo salario mínimo y medidas para enfrentar los efectos de la alta inflación en los sectores más vulnerables.

Tras la cita, los ministros de Hacienda, Mario Marcel; del Trabajo, Jeannette Jara, y los líderes de la multisindical, David Acuña y Eric Campos, presidente y secretario general, respectivamente, dieron a conocer los alcances del acuerdo logrado.

En esos términos, el Gobierno ingresará próximamente al Congreso, para su discusión, el proyecto de ley con el nuevo salario mínimo, una de las promesas de campaña más importantes del Presidente Gabriel Boric.

En detalle, según la declaración que firmarían las partes, se propondrá al Parlamento un reajuste para los trabajadores mayores de 18 años y hasta de 65 años "de $50.000 (cincuenta mil pesos) durante el año 2022, el que se pagará de la siguiente forma: a contar del 1 de mayo, se incrementará el ingreso mínimo mensual a $380.000" y a $400.000 desde el 1 de agosto.

Marcel explicó además que la inflación acumulada en 12 meses a diciembre de este año supera el 7%, se reajustará el ingreso automáticamente en diez mil pesos desde enero de 2023.

"El ingreso mínimo mensual para menores de 18 años y mayores de 65 años, así como el ingreso mínimo mensual para efectos no remuneracionales, se reajustarán en las mismas proporciones y fechas", agrega el acuerdo.

Para las mipymes, "el Estado otorgará una compensación transitoria destinada a graduar la absorción del incremento real del ingreso mínimo mensual".

Se incrementan asimismo "en la misma proporción y fechas el Subsidio Único Familiar (SUF) y la Asignación Familiar".

ANTE LA INFLACIóN

Con el objetivo de resguardar el poder adquisitivo respecto de una canasta básica de alimentos, el acuerdo menciona medidas como la creación de un "Observatorio del Valor al Público de la canasta básica de alimentos, el que será implementado por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), el que reportará públicamente al Consejo Superior Laboral" y que si llegase a detectar "anomalías en el comportamiento de estos precios", serán informadas a la Fiscalía Nacional Económica o al organismo que corresponda.

Las partes acordaron también establecer "un nuevo beneficio, compensatorio del aumento del valor de la canasta básica de alimentos, que se calculará mensualmente con base en la variación del valor nominal de dicha canasta en los 12 meses previos". Se otorgará por causante de Asignación Familiar o SUF "y se pagará conjuntamente con estos entre mayo y diciembre de 2022. El primer pago incluirá excepcionalmente un mes adicional por trabajador con carga". Se considerará la canasta básica que calcula el ministerio de Desarrollo Social.

"trabajo decente"

En un acápite llamado "Promoción del trabajo decente", el acuerdo establece el envío de un proyecto de ley al Congreso que flexibiliza los requisitos de ingreso al Seguro de Desempleo de la Ley N° 19.728 e incrementa el monto de sus prestaciones; la creación de una mesa técnica de trabajo para la rebaja de la jornada laboral a 40 horas; el envío de otro proyecto, en 2023, para modificar normas sobre el derecho colectivo, especialmente lo que se refiere a negociación colectiva; y otro para ratificar el Convenio 190 de la OIT, que reconoce espacios laborales libres de acoso y violencia de género.

Junto con valorar "la voluntad del Gobierno de impulsar un reajuste real del ingreso mínimo previo diálogo y acuerdo", la CUT reafirmó "la necesidad de una reforma tributaria" y "un nuevo sistema de pensiones con base en los principios de la seguridad social".

El vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, calificó ayer como "impertinente" el proyecto de inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, debido a que "nadie, nunca, ha planteado expropiar los fondos" en el órgano constituyente. La ministra vocera, Camila Vallejo, respondió que la medida del Ejecutivo "no afecta ni lo que ha redactado la Constituyente, ni lo que ingresaremos como reforma previsional".

Que La Moneda presentara esta medida ante el Congreso "fue una impertinencia, y habría que preguntarle al Gobierno cuál era la intención de responder a un miedo instalado por un grupo de la derecha", dijo Domínguez ayer en Radio Cooperativa, esto porque "nadie, nunca, en ningún contexto, manera o forma, ha planteado expropiar los fondos en la Convención".

La presidenta del órgano constituyente, María Elisa Quinteros, señaló que "no es un pronunciamiento de la mesa, es la opinión del vicepresidente, que la comparto como constituyente por supuesto, pero no es una opinión consensuada. Coincido con el vicepresidente que por supuesto todo lo que es desinformación y mentira hay que atacarlo directamente".

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondió que la medida ingresada "no afecta ni lo que ha redactado la constituyente ni lo que ingresaremos como reforma previsional", ya que "no ha estado ni en la mente, ni en las aspiraciones ni en el imaginario de los convencionales, ni de este Gobierno y sus parlamentarios, avanzar hacia un proceso expropiatorio de los fondos de los trabajadores. Son los trabajadores y se van a resguardar en el próximo sistema previsional".

El convencional del Colectivo Socialista César Valenzuela dijo que lo enviado por el Ejecutivo "no fue oportuno. (...) Creo que no sería honesto señalar que el proyecto que presentó el Gobierno no generó un ruido, un remezón al interior de lo que hemos conversado, porque lo que hemos señalado es que esa regla ya se encuentra cubierta por la reglas generales de garantía de propiedad y expropiación".

Su par PC Marcos Barraza agregó que "no hablaría de impertinencia, pero fue equívoco. No debió haberse presentado".

La UDI Carol Bown, sin embargo, señaló que "no me parece que Domínguez pretenda paralizar al Gobierno mientras dure el proceso constituyente. El Gobierno debe tomar la decisiones que estime adecuadas".