La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, en su paso por Atacama habló de diversos temas, entre estos la violencia que sufren las mujeres y entregó una declaración que puede ser incómoda para el sistema judicial, pero que tiene mucho sentido. "Las penas para el femicidio y delitos sexuales son muy altas. El tema es con el proceso judicial, que tiende sistemáticamente a desestimar testimonios de mujeres", comentó en relación a la falta de apoyo y seguridad que sufren las mujeres acosadas y agredidas sexualmente a la hora de plantear su caso.
Para qué vas a denunciar, si no hay cómo probar el caso, es un concepto muy arraigado cuando ocurre una vulneración en la calle. Por qué se denuncia tan tarde si esto ocurrió hace años, es otro cuestionamiento aunque esto ya parece ser un asunto más social que judicial.
Es el arrastre de décadas de no creer en la palabra de las víctimas, lo que ha terminado en un no debido proceso y en otros casos, con mujeres que prefieren guardar silencio porque no van a sacar con nada. Por lo demás con un debido proceso se podría clarificar si se trata de un hecho real o una acusación falsa.
Con planteado por la ministra es oportuno hablar de una modernización de la justicia, que parece estar anclada desde la gran reforma procesal penal que comenzó hace más de 20 años y que vino a cambiar la cara del sistema de muy buena manera.
Y no es solamente por lo que plantean víctimas, sino que de lo que planteó ayer el fiscal nacional Jorge Abbott durante su visita a la Región de La Araucanía. Dijo que se necesita "contar con medidas intrusivas para poder hacer investigaciones a organizaciones criminales, necesitamos elementos que nos permitan ir por esas evidencias, poder reconstruir los hechos y determinar responsabilidades".
Sus dichos generan cierta inquietud, porque se infiere un gran déficit del Ministerio Público en el plano investigativo, donde los delincuentes pareciera que sí cuentan con medidas para evitar el "martillo" de la justicia, lo que lleva a una impunidad que de extenderse en el tiempo llevará a este país a un punto que nadie quiere.
El reconocimiento del fiscal nacional muestra debilidad en el trabajo operativo y administrativo en La Araucanía, pero eso se termina extrapolando al norte, donde bandas criminales cada vez ocupan más espacios para vender droga, cometer crímenes y provocar miedo especialmente en poblaciones vulnerables.
Tenemos un "brazo de la justicia" cada vez menos fuerte o mal desarrollado en diversos ámbitos. ¿Será el tiempo de una nueva reforma a la justicia?