Contraloría derivó informe de la DGA de distribución de agua de la JVRC a la Fiscalía
CONTROL. Con esto se busca determinar si es que se abrirá una investigación penal por el caso.
La Contraloría General de la República remitió los antecedentes de la fiscalización efectuada por la Dirección General de Aguas (DGA), a la Junta de Vigilancia del Río Copiapó y sus Afluentes, donde se constató faltas graves en la distribución de aguas por parte de esta última entidad.
La Comunidad de Aguas Subterráneas de Copiapó - Piedra Colgada - Desembocadura (CASUB), denunció a la Dirección General de Aguas (DGA), la existencia de irregularidades, entre estas puntos de captación de agua distintos a los autorizados y no informados, además de volúmenes de agua no respaldados por la Junta de Vigilancia del Río Copiapó y sus Afluentes (JVRC).
En septiembre del año pasado la Dirección General de Aguas emitió un informe que daba cuenta de la existencia de faltas graves en la distribución de las aguas por parte de la IVRC. Ante esto, la Casub solicitó un pronunciamiento a la Contraloría General de la República que derivará los datos a la Fiscalía.
"La resolución exenta N° 745, de 2021, establece la existencia de diferentes infracciones cometidas por la JVRC, tales como la constatación de 81 casos de entrega de agua en puntos de captación en cauce natural distinto a los autorizados en los respectivos títulos de derechos de aprovechamiento de aguas y la existencia de 26 casos de derechos de aprovechamiento de aguas que no cuentan con una obra de bocatoma operativa, a pesar de que la JVRC, informó que están siendo distribuidos conforme a lo indicado en los títulos conservatorios, por lo cual ese servicio presume que dichos derechos están siendo ejercidos en otros puntos de captación".
Finalmente, el informe indica que "dado que la comunidad recurrente estima que los hechos denunciados y comprobados por la Dirección Regional de Aguas constituirían el delito de usurpación de aguas, cumple con manifestar, que esta Entidad de Control debe abstenerse de emitir un pronunciamiento, pues compete al Ministerio Público, de forma exclusiva, dirigir la investigación de los hechos constitutivos de delitos (...) por lo que se remite a dicha repartición copia de la presentación de la especie y del informe de la Dirección Regional de Aguas, para lo que estime de rigor".
Desde la Casub se informó que "la DGA, en una decisión tomada en gobierno anterior, no había remitido directamente como en su opinión corresponde, los antecedentes a Fiscalía para que investigará el presunto delito de usurpación de aguas cometido por grandes usuarios en la cuenca del río Copiapó avalados por el sistema de distribución irregular implementado por la JVRC, tal como lo dispone el artículo 61 del Estatuto Administrativo que establece las obligaciones de los funcionarios públicos de denunciar ante el Ministerio Público o ante la policía si no hubiere Fiscalía en el lugar en que el funcionario presta servicios, "con la debida prontitud", los crímenes o simples delitos de que tengan conocimiento".
Finalmente, se explicó que "sin perjuicio que el dictamen de Contraloría ha resuelto que los funcionarios de la DGA actuaron válidamente al no enviar los antecedentes directamente al Ministerio Público para investigar el presunto delito de usurpación de aguas, ha decido ella enviar dichos antecedentes, en la parte final de su Dictamen, a la Fiscalía Local de Copiapó, para que sea esta última institución la que decida aperturar o no una investigación".
Jvrc
En tanto, desde la JVRC, se informó que no tienen antecedentes respecto al documento por lo tanto no se pronunciarán al respecto.