Redacción

Desde de ayer, los consumidores chilenos pueden exigir el cambio de productos defectuosos, su reparación o devolución, con un plazo de seis meses de garantía.

Lo anterior debido a que entró en vigencia la reforma que busca reforzar la Ley del Consumidor, que entre otras novedades amplía el plazo de garantía legal de los productos, que antes era de tres meses.

La nueva normativa establece una ampliación del plazo, que empieza a contar desde la recepción del producto, para el cambio, reparación o devolución de lo pagado en caso de que el producto salga malo o no sirva para los fines que fue adquirido.

Por otro lado, algunos productos específicos como los electrodomésticos pueden requerir una revisión del servicio técnico para verificar el origen de la falla, y una vez cumplido el trámite el consumidor tendrá derecho a cambio, reparación o devolución.

La nueva norma también establece que las empresas no pueden ofrecer a consumidores la contratación de servicios, productos o pólizas donde la cobertura corresponda a obligaciones de la garantía legal, o que afecte su plazo u opciones.

En ese sentido, no podrán cobrar por derechos propios de la garantía, ni poner restricciones al ejercicio de los seis meses de garantía legal.

Durante el 2021, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) recibió 37.530 reclamos por problemas derivados al derecho a garantía, uno de los motivos más frecuentes. Este años ya van de 11.100 casos.

Entre las complicaciones más habituales está la negativa por parte de las empresas a devolver el dinero, seguido por no realizar el cambio del producto y no cumplir con los términos de la garantía voluntaria.

De todas formas, esta no fue la única reforma a la Ley del Consumidor, porque ahora las empresas también deberán informar la vida útil de los productos durables.

Un ejemplo es el caso de los refrigeradores, que antes de ser comprados, desde la empresa deben indicar si el aparato funcionará por cinco o diez años. Este derecho entrará en vigencia el 24 de agosto de 2022.

Por otro lado la normativa establece como obligatorio el derecho a retracto en compras electrónicas, telefónicas o por catálogos, por lo que se podrán arrepentir de la compra en 10 días desde recibido el producto.Esto está vigente desde el 24 de diciembre pasado.

Cuando la Corte Suprema confirmó la condena efectiva de cárcel por cinco años y un día para la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, ella ya había abandonado el país con destino a Europa.

Pese a tener un proceso judicial en su contra, salió el miércoles del país con un vuelo hacia Ámsterdam, en Países Bajos, destino al que llegó durante la mañana de ayer después de una escala en Brasil.

La otrora autoridad, según confirmó la Policia de Investigaciones, no tenía orden de arraigo nacional, por lo que pudo abandonar Chile sin problemas antes de que se conociera la sentencia por el delito de fraude al fisco.

"Al momento de realizar el control migratorio en Policía Internacional de la PDI, no presentaba ningún impedimento legal para salir del país", confirmaron a través de un comunicado.

De todas formas, tras oficializarse su sentencia, La Oficina Central Nacional de Interpol Santiago emitió una alerta roja en la que se pide la detención internacional de Rojo.

La PDI publicó que esta notificación "se utiliza para solicitar la detención con miras a la extradición de una persona buscada, y se basa en una orden de detención".

Por otro lado, el Juzgado de Garantía de Antofagasta emitió una orden de detención contra la exalcaldesa de la comuna y fue despachada a ambas policías, quienes deben entregar resultados cada 30 días y conducir a la condenada al Centro Penitenciario más cercano al momento de su detención.

Mediante una declaración pública, la Fiscalía Regional de Antofagasta explicó que la exalcaldesa estuvo con la medida cautelar de arraigo nacional mientras estuvo imputada y que en 2018, la Corte de Apelaciones de Antofagasta dejó sin efecto la medida tras un recurso de apelación de su defensa. El tribunal fundó su decisión en que no existían antecedentes que justificaran la existencia de un peligro de fuga.