A cuatro días del nombramiento de los delegados presidenciales y provinciales, en Atacama comenzaron los primeros cuestionamientos a los elegidos y se especula quien podría ser la primera baja antes de asumir. En la región se apuntan los dardos al ex alcalde de Huasco Rodrigo Loyola.

Luego que se diera a conocer que sería el delegado presidencial provincial en Huasco se levantaron los primeros contrarios a la idea, los que a través de diversas plataformas han dado a conocer informes de la Contraloría General de la República respecto al periodo de Loyola. Mediante un comunicado la Asamblea Constituyente de Atacama (ACA) cuestionó que "las designaciones políticas desde Santiago obedezcan más al cuoteo entre partidos que a las voces y necesidades territoriales. Sobre todo porque estas designaciones han revivido a la vieja Concertación".

Posteriormente aseguran que el "delegado designado presidencial del Huasco Rodrigo Loyola (PPD y el alcalde de Huasco ha sido gravemente cuestionado por la comunidad y los movimientos ambientalistas", según indican esto se debería a su supuesta relación con empresas contaminantes.

Posteriormente, señalan que la Contraloría General de la República recibió denuncias respecto a la gestión de Loyola por "uso de dineros fiscales para fines personales durante el ejercicio de su cargo".

Luego el comunicado indica que "la desginación de Gerardo Tapia (PR) como delegado presidencial regional no corresponde a lo votado por Atacama el 19 de diciembre. En la región con mayor apoyo al presidente electo Garbriel Boric, los movimientos sociales esperábamos que por lo menos los principales cargos políticos designados correspondieran a militantes del Apruebo Dignidad (legítimo vencedor) o bien a independientes con trayectoria territorial transformadora".

Además de ello, la organización Comunidad Organizada del Huasco, en una carta abierta al Presidente electo Gabriel Boric, señalaron que "como primera autoridad facilitó la instalación del proyecto de depósitos de relaves filtrados de CAP a pesar que la comuna está declarada como Zona Saturada por contaminación".

Ayer se extendió el rumor respecto a que Rodrigo Loyola sería la primera baja del futuro gobierno en Atacama. Sin embargo, esto no ha sido confirmado de manera oficial y desde la presidencia se informó que "no vamos a comentar" y se señaló que se preguntara del tema al equipo del próximo delegado regional, Gerardo Tapia, pero él no respondió el celular.

La defensa

Debido a las publicaciones, Jennifer Aguirre, presidenta regional PPD defendió al ex alcalde. "Respecto de las publicaciones de ACA y otros grupos asociados a ellos, respetamos sus voces disidentes pero también esperamos que cuando se levantan acusaciones exista rigor. Rodrigo Loyola como alcalde no tiene facultades para aprobar proyectos ambientales y si la comunidad está disconforme con algún proyecto aprobado por el SEA en los últimos meses, el municipio actual es el que debe canalizar las acciones ciudadanas".

Asegura que "el dato objetivo que el presidente Boric tiene es que bajo la administración de Loyola se disminuyeron las emisiones, aumentó el monitoreo y se establecieron dos planes ambientales y se puso plazos concretos para terminar con el vertimiento de relaves al mar".

Sobre las acusaciones de problemas por un arriendo denunciado a Contraloría, la presidente regional del PPD señaló que "es aconsejable que revisen el pronunciamiento de ese órgano y no solo la denuncia de la concejala UDI pues se estableció que era un derecho funcionario que él tenía desde antes de asumir como alcalde y por el cual se le descontaba una parte de su sueldo".

Nivel central

Juan Carlos Torres, presidente del Partido Radical respecto al tema explicó que desconoce si hubo una baja del ex alcalde y que las designaciones de los delegados presidenciales y provinciales lo tomaron a nivel central. Hubo propuestas de los partidos, pero la decisión fue a nivel central.

Consultado el equipo de comunicaciones de la nueva Presidencia, dijeron que no hablaban de esos temas y que se consultara a nivel local.

En tanto, fuentes cercanas a la presidencia señalan que el cambio de nombre sería inminente y ya habría reuniones para barajar otras propuestas para el cargo.

La Fiscalía de Atacama formalizó a un imputado que intentó sustraer un vehículo a un conductor de la aplicación Indriver en Copiapó, quien simuló ser un pasajero junto a otras dos personas.

Los antecedentes de esta denuncia los argumentó en la audiencia la fiscal adjunta de esta ciudad, Andrea Díaz, quien manifestó que alrededor de las 18 horas de este miércoles el detenido de 19 años y sus acompañantes solicitaron el servicio de traslado por la mencionada aplicación móvil, concretando el servicio para ser movilizado hasta el sector de calle Colo Colo con Caburga en la capital regional.

"De acuerdo a las versiones que forman parte de la carpeta investigativa de este caso, al llegar al destino el imputado, portando un arma blanca y sentado en el asiento del copiloto, intentó sustraer el vehículo al conductor exigiendo a la víctima que descendiera de lo contrario le causaría la muerte", dijo la fiscal en la audiencia.

En esa dinámica se originó un forcejeo entre el afectado y los tres ocupantes, intentando el imputado agredirlo con el cuchillo. Cuestión que logró ser evitado por el conductor afectado.

Detención

Como parte de los antecedentes de la formalización, la fiscal Andrea Díaz indicó que la víctima, al notar la actitud sospechosa del detenido, dio aviso a colegas respecto a que estaba realizando un viaje sospechoso, cuestión que motivó que otros móviles de la aplicación lo siguieran y prestaran auxilio en los momentos en que la víctima se resistía a que le sustrajeran el vehículo.

De esta manera los testigos y personas que pasaban por el lugar concretaron la detención del autor del delito y lo retuvieron hasta la llegada de Carabineros, mientras que las otras personas, un hombre y una mujer, se dieron a la fuga.

Por estos hechos la fiscal Díaz comunicó al detenido que está siendo investigado por su responsabilidad en el delito de robo con intimidación en grado de frustrado, solicitando en su contra la medida cautelar de prisión preventiva por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad. Sosteniendo la petición con distintos antecedentes, testimonios de la víctima y testigos, además de set fotográficos del sitio del suceso.

La solicitud de la Fiscalía fue acogida por la jueza de turno, quien ordenó el ingreso del imputado a la cárcel local donde permanecerá privado de libertad durante el desarrollo de la investigación.