Redacción

Una reclusa que estaba a 10 meses de salir en libertad en Vallenar continuará la condena bajo arresto domiciliario, luego que un recurso de amparo fue acogido por el Juzgado de Garantía de esa comuna.

La Defensoría Regional Atacama informó que la defensora penitenciaria local, Viviana Luco Amigo, interpuso la acción judicial, el cual tras ser aceptado permite que la mujer identificada como M.E.R., accediera al beneficio ante el inminente peligro de contagio por covid y otros factores.

La mujer de 78 años de edad se encontraba privada de libertad desde junio de 2021, donde presentó antecedentes de enfermedades de carácter crónico y psiquiátricos. "Ella tuvo etapas de crisis, pues la trasladaron en varias oportunidades al CESFAM, por su delicado estado de salud", enfatizó la defensora.

Al respecto agregó que "logramos que se acogiera nuestra petición, ya que presentamos antecedentes sobre la salud de la señora y su riesgo de contraer covid-19, además de su situación familiar. Su hija se haría cargo de ella, en caso de sustitución de pena. Como fundamento, utilicé también la ley de indulto conmutativo, ya que si hubiese sido condenada cuando se dictó la norma, ella hubiese sido beneficiada. También el decreto 518, que regula los establecimientos penitenciarios".

El defensor regional de Atacama, Raúl Palma Olivares indicó que "es sumamente importante este caso, puesto que se trata de personas privadas de libertad con enfoque diferenciado: vejez, género, enfermedad, entre otros, que requieren una mirada especial, donde la cárcel material resulta mucho más gravosa y aflictiva que para otra persona, dada su especial situación de vulnerabilidad. De hecho, estamos ad portas de una Opinión Consultiva de la Comisión Interamericana, sobre este punto específico de gran relevancia".

M.E.R. cumplía una pena por tráfico, según se pudo confirmar durante la jornada de ayer.

Tratados internacionales

Dentro de los argumentos utilizados por la defensa de M.E.R. se encuentran diversos tratados internacionales, como "la declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención contra la tortura y otros tratos crueles e inhumanos o degradantes, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la asamblea General de Naciones Unidas, las Reglas de Bangkok, entre otras", enumeró Luco Amigo.

"El reto regional en materia de defensa penal es que los defensores y defensoras, logren avizorar estas situaciones tempranamente, incorporando estándares de DIDH activamente en las alegaciones y defensas estratégicas, saliendo del círculo penal puro y duro, es decir, del ámbito formal del derecho, ya prácticamente sobrepasado por la realidad", agregó el defensor regional.

Para la defensora penitenciaria este fue "un caso difícil, porque nuestra legislación no comprende ninguna norma que nos permita sustituir la pena, sin embargo, la norma internacional referente a los DD.HH. nos permitió hacerlo. Es importante aterrizar la norma al contexto que estamos viviendo, generar empatía con la convicción de que el Juez nos debe escuchar, las penas privativas de libertad no pueden causar más dolor de lo que causan".

Trabajo

Satisfecha por el resultado logrado, la defensora Penitenciaria agradeció a su equipo, compuesto por una asistente administrativa y una asistente social, y dijo que "para nosotras el trabajo en equipo, que es jurídico y social, nos ha permitido entender que la norma esta creada para el ser humano y la realidad a veces dista de nuestra legislación. El derecho penitenciario y los tratados internacionales de derechos humanos deben aplicarse a cada persona en particular sobre todo cuando es el caso de una mujer de avanzada edad con un deterioro en su salud física y mental".

También destacó el trabajo interinstitucional realizado, ya que su primera línea de acción fue comunicarse con el área técnica del CDP de Vallenar para solicitar ficha única de su representada, después con personal de Gendarmería de Chile, que ayudo bastante en el trabajo de recopilación de información.

Una vez obtenida la ficha única de la condenada más los antecedentes aportados por la hija de la adulta mayor, se presentó el amparo ante el Juzgado de Garantía de Vallenar, "quienes nos notificaron el mismo día que la audiencia se celebraría al día siguiente, donde se acogió nuestra petición, sustituyendo la pena efectiva de cárcel por la de arresto domiciliario total", finalizó la Defensora Penitenciaria de Atacama.

"Logramos que se acogiera nuestra petición, ya que presentamos antecedentes sobre la salud de la señora y su riesgo de contraer covid-19, además de su situación familiar"

Viviana Luco, Defensora penitenciaria de Atacama

"Es sumamente importante este caso, puesto que se trata de personas privadas de libertad con enfoque diferenciado: vejez, género, enfermedad, entre otros, que requieren una mirada especial,"

Raúl Palma Olivares, Defensor regional de Atacama