En un comunicado, Scotland Yard anunció ayer que investigará a la fundación del príncipe Carlos, heredero de la corona británica, por supuestamente aceptar donaciones a cambio de favorecer la concesión de títulos y honores.

La policía metropolitana londinense indicó que decidieron abrir una investigación después de que los medios de ese país divulgaran durante el año pasado que uno de los colaboradores más estrechos del príncipe, Michael Fawcett, renunciara a la dirección de la fundación del heredero tras mediar para que un millonario saudí recibiese una de las más altas distinciones del Reino Unido.

Los investigadores se pusieron en contacto con "personas sospechosas de tener información relevante", y que además aportaron una "serie de documentos". Aparte de la condecoración al jeque saudita, la prensa británica reveló que la fundación habría aceptado cientos de miles de euros de un banquero ruso, lo que llevó a una investigación por parte del organismo independiente que regula las organizaciones benéficas en Escocia.

El Scotish Charity Regulator, organismo independiente que regula la actividad de las organizaciones benéficas en Escocia, inició una investigación después de que se afirmara que el príncipe de Gales habría escrito una carta agradeciendo al magnate ruso su oferta de donar 500 mil libras a su fundación el año pasado. El heredero al trono también habría propuesto una reunión, una vez pasada la pandemia del Coronavirus, con este empresario de Rusia.

Según el medio Sunday Times, la fundación habría recibido ese entonces 100 mil libras, pero su comité de ética habría rechazado ese monto, al expresar preocupación por el origen de los fondos.

Esta investigación es otro golpe para la corona británica, tras el escándalo de abuso sexual en el cual está involucrado el otro hijo de la reina, el príncipe Andrés, y a quien sería removido su título de duque de York.

Un juez federal de EE.UU. programó ayer durante una audiencia, el juicio del colombo-venezolano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, para el 11 de octubre de este año debido a que enfrenta cargos de conspiración y lavado de dinero en una corte de Miami.

La defensa del acusado solicitó desestimar la acusación argumentando que su cliente tiene inmunidad diplomática, y que la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito con sede en Atlanta, debe pronunciarse antes de que el juicio prosiga en Miami. Además, en la audiencia de ayer el juez Robert N. Scola además programó para el próximo 10 de junio una audiencia de estatus del caso a petición de la Fiscalía.

Saab, de 50 años, fue extraditado a EE.UU. en octubre del año pasado desde Cabo Verde, donde fue detenido a raíz de una orden de captura internacional pedida por la justicia estadounidense. El empresario, que alguna vez fue reconocido como el testaferro de Nicolás Maduro y cercano a toda la cúpula chavista, se declaró "no culpable" el pasado 15 de noviembre ante la jueza Alicia M. Otazo-Reyes. Saab enfrenta una condena de unos 20 años si es hallado culpable del único cargo que tiene en la corte de Miami, y que podría ser reducida si hace un trato con la Fiscalía, que suele incluir delación de otras personas. Es por esto que el régimen de Maduro podría sufrir consecuencias en este proceso, debido a que según nuevos registros judiciales revelados durante la audiencia, Saab colaboró con la Administración para el Control de Drogas (DEA) durante el 2018, entregando información a agentes sobre los sobornos que pagó a funcionarios del régimen chavista. Sin embargo, fue desactivado como fuente tras incumplir con el plazo para entregarse en mayo del 2019.

Para EE.UU., Saab es el principal conducto para la corrupción en Venezuela, y ha sido una figura que ha cosechado enormes ganancias a través de contratos dudosos para importar alimentos, mientras millones de personas sufrían de desnutrición y hambre en tierras venezolanas. En la otra vereda, el régimen madurista lo considera un diplomático secuestrado y "héroe" del país sudamericano.

2018 Hace tres años Saab fue informante de la DEA y develó información sobre sobornos en Venezuela.

Tras más de una década, los primeros residentes de la accidentada zona de Fukushima, a 250 km al norte de Tokyo, Japón, han sido autorizados a regresar a sus hogares e instalarse nuevamente en lo que era su antiguo hogar.

Luego del terremoto y tsunami ocurridos el 11 de marzo del 2011, vino el peor desastre nuclear a nivel mundial desde Chernobyl, que junto a las mencionadas catástrofes naturales mataron a más de 18 mil personas en los alrededores de Fukushima y su reactor.

Debido a esto, unos 160 mil residentes de la prefectura al norte de la isla de Honshu debieron empacar sus pertenencias, sin tener certeza de si volvían en unas semanas o unos meses. "Si me hubieras dicho que al principio tendría que esperar tanto tiempo para volver a casa, me habría dado por vencido de inmediato", declaró el ciclista retirado Yoichi Yatsuda al corresponsal especial del medio The Guardian, luego de asegurar que ha tenido que vivir en más de 10 lugares tras el desastre. Él junto a su pareja intentan reconstruir sus vidas en Futaba, la última de las docenas de pueblos y aldeas aledaños a Fukushima, y que terminaron su condición de zonas prohibidas después de que los niveles de radiación se consideraron lo suficientemente bajos como para que regresaran los primeros residentes.

Un regreso difícil

El gobierno japonés espera que más personas continúen con su regreso a esta zona, en especial cuando la orden de evacuación se levante oficialmente en partes del distrito a finales de este año. Y es que el regreso de Yatsuda y su pareja ha sido agridulce. Antes del desastre, Futaba albergaba a unas siete mil personas. Hasta el momento solo tres personas, incluyendo a la pareja mencionada anteriormente, han regresado de forma permanente.

Si bien nadie espera que la vida en Futaba vuelva a la normalidad anterior al desastre, las autoridades locales están optimistas en que más residentes comenzaran a regresar a sus antiguos hogares. La ciudad ha fijado como objetivo que se restablezcan dos mil habitantes, antiguos y nuevos residentes, durante los próximos cinco años.

"Nací aquí, y siempre sentí que si alguna vez me daban la oportunidad de regresar, la tomaría", dijo Yasushi Hosozawa, vecino de la localidad de Yatsuda que también está autorizada para que la gente vuelva a vivir en ese lugar. Pero como toda gran catástrofe, y con el miedo de por medio de exponer a niños a niveles altos de radiación, es que todavía muy poca gente ha retornado a su lugar de origen. Y al igual que muchos residentes de Fukushima, las dudas sobre Tokyo Electric Power (Tepco), la compañía que opera la planta nuclear, siguen persistiendo acerca de la desmantelación de este lugar, y que según los expertos debería tomar un par de décadas.

Todavía hay radiación

Aunque la población japonesa está recuperando milímetro a milímetro el terreno perdido por el accidente nuclear, la situación todavía no está completamente normalizada. Un 2.4% de la superficie de Fukushima sigue siendo catalogada como "zona de difícil retorno", y hasta la semana pasada, todavía habían un par de habitantes en la localidad de Futaba. Actualmente la pequeña ciudad cuenta con seis mil empadronados, aunque teniendo en cuenta que los domicilios se sitúan de facto fuera de los terrenos del pueblo. Esta era la única localidad con acceso restringido totalmente, y con su apertura hace solo unas semanas, confirma la intención del gobierno de que en un futuro lejano, toda la prefectura de Fukushima vuelva a lo que era la normalidad antes del terremoto y tsunami.