"El fallo es muy importante porque establece que materias de este tipo tienen que contar con consensos importantes".
Miguel Vargas
gobernador sobre la suspensión del proceso de licitación del litio.
"Se estima que seguirá aumentando la incidencia de casos"
Claudia Valle — Seremi de Salud de Atacama y la
— situación epidemiológica regional.La Plaza de Armas de Copiapó fue catalogada por expertos como la de mejor diseño arquitectónico del país. Sin embargo, y a pesar de las remodelaciones que ha tenido, se ha dejado de lado el cuidado que merecen estructuras que han sido señaladas como Monumentos Nacionales, las estatuas de la Plaza Prat.
La Corte de Apelaciones de Copiapó acogió un recurso de protección interpuesto por el ciudadano Daniel Díaz Tirado en contra de la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema), por la decisión que dicha entidad adoptó, en cuanto a autorizar la flexibilización del proyecto Unidad N°3 de la termoeléctrica Guacolda.
El crecimiento que viene sosteniendo la oficina regional de la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo), en relación al aumento de su presupuesto para proyectos en Atacama y respecto del número de funcionarios, obligó a la Corporación a tomar una decisión: construir un nuevo edificio de Corfo en Copiapó. el primero que se edificará en regiones.
El pasado 10 de enero, el gobernador de la Región de Atacama, Miguel Vargas, interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Copiapó con la finalidad de frenar el proceso de licitación del litio. Días más tarde, el 12 de enero, el Ministerio de Minería anunció que dos empresas se adjudicaron dos de los cinco lotes que ofrecían, en detalle, las empresas BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A. recibieron cuota de 80.000 toneladas de litio metálico comercializable cada una, por las cuales BYD Chile SpA presentó una oferta por US$ 61 millones y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A. ofertó US$ 60 millones, respectivamente. Todo parecía perdido para la oposición y los parlamentarios que incluso presentaron proyectos para frenar el cuestionado proceso.
Sin embargo, ayer la Corte de Apelaciones de Copiapó acogió a trámite el recurso de protección presentado por el gobernador Vargas en conjunto de comunidades colla y decretaron de forma unánime la orden de no innovar, vale decir, se suspende el proceso de licitación, por ahora.
En efecto, la resolución dicta: "Pídase informe a los recurridos (ministro de Minería y subsecretario de minería), el que deberá evacuarse dentro de décimo día, debiendo acompañar todos los antecedentes que obren en su poder", es lo que ordena la corte copiapina.
Las reacciones del mundo político - sobre todo de la oposición - no se hicieron esperar, en su mayoría celebrando la resolución del tribunal de alzada copiapino. No obstante, cabe recordar que este es solo un paso más no es el definitivo.
Esto, debido a que el freno se extenderá hasta que la corte analice el caso y luego los ministros resolverán, eso no quiere decir que fallen a favor o en contra de los intereses de la comunidad colla, del gobernador y de todos quienes se oponen al proceso de licitación.
A esto se suma el hecho que aún queda una instancia, que es la Corte Suprema, recién allí se resolvería todo, y queda en condicionante porque en paralelo esta orden de no innovar le da tiempo a los parlamentarios de insistir con sus iniciativas de freno en el Congreso y al Gobierno de preparar sus argumentos en materia jurídica.
En el fondo, hay que dejar que las instituciones funcionen, será la institucionalidad quien resuelva este litigio enmarcado en la "Fiebre del litio", que tiene en tensión al gobierno saliente y al gobierno entrante. Lo importante es que, más allá de las divisiones que genera este conflictivo proceso, es que el resultado de las negociaciones sean por el bien de Chile.
Como representantes de la sociedad civil queremos destacar el compromiso realizado por el presidente electo Gabriel Boric en términos de fortalecer a los organismos sociales y de fomentar las alianzas público-privadas.
Boric agradeció el trabajo de las organizaciones sociales "que vienen luchando por un Chile más justo y digno". Asimismo, en su programa de gobierno menciona que es necesario mejorar las condiciones de los movimientos y organizaciones sociales para propiciar una mayor profundidad del proceso democrático.
En su primer discurso como presidente electo, Boric mencionó que estará abierto a sumar ideas, abrir puertas y a tender puentes desde todos los sectores, además que aludió a la cooperación del mundo empresarial. "Yo creo en la socialdemocracia y en la colaboración del sector público y privado y no me gustan las hegemonías de ningún sector", dijo el diputado durante el último debate televisivo.
Las alianzas público-privadas han sido históricamente un gran aporte a las inversiones del país. Entre 1990 y 2016, Chile adjudicó 197 proyectos por un valor aproximado de USD 69.400 millones en los sectores de transporte, energía, agua y servicios, de acuerdo a datos del BID. Por el otro lado, las organizaciones de la sociedad civil suman más de 319 mil entidades al año 2020 y el sector representa el 2,1% del PIB, generando cerca de 310.000 empleos remunerados y voluntarios, lo que es equivalente al 3,6% de la población económicamente activa del país, según cifras del Centro de Políticas Públicas UC.
Las organizaciones de la sociedad civil y las alianzas público-privadas que aquellas impulsan cumplen un rol fundamental en acortar la enorme brecha de desigualdad en nuestro país. En lo particular, como fundación nos motiva reducir las desigualdades territoriales. Mientras existen municipios que administran más de $1.200.000 de presupuesto per cápita, hay otros que administran menos de $150.000, sin capacidades para elaborar proyectos de inversión, con fuerte dependencia del fondo común municipal y sin alianzas institucionales con el sector privado. Estos municipios necesitan un apoyo frente a esta inequitativa repartición de recursos.
De esta manera, conectamos a los municipios con empresas privadas insertas en el territorio para que, a través de ese apoyo, las municipalidades con menos recursos y escasa dotación profesional puedan atraer inversión pública - proyectos de agua potable rural, pavimentación, equipamiento público - destinada a mejorar la calidad de vida en esos territorios. Gracias a esta colaboración entre los gobiernos locales, las empresas privadas y las comunidades, los territorios más rezagados han recibido USD$15,6 millones de inversión pública.
En este nuevo ciclo político, creemos profundamente en las alianzas público-privadas donde la sociedad civil actúe como brazo armado en la ejecución de buenas políticas públicas.
Gonzalo Vial Luarte
Director Ejecutivo Fundación Huella Local