Un juez procesó ayer al expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) en una causa por presunto espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del submarino ARA "San Juan", hundido en 2017.

Martín Bava, juez federal de la localidad bonaerense de Dolores, además de procesar sin prisión preventiva al exmandatario, ordenó un embargo sobre sus bienes por unos 943.000 dólares y le prohibió salir del país y ausentarse de su domicilio por más de diez días.

En un fallo de 171 páginas, el juez resolvió procesar a Macri por encontrarlo en primera instancia "penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor, en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal, generado las condiciones para que se pudieran llevar a cabo, almacenado y utilizado datos sobre personas" por el solo hecho de sus acciones privadas, sus opiniones y por la actividad lícitas que desarrollaban.

También le procesó "en virtud de haber pretendido influir en la situación institucional y política del país", en concurso "con el delito de abuso de autoridad de funcionario público en carácter de autor".

La prohibición de salir del país se hará efectiva una vez que Macri, que viajó a Chile, regrese a Argentina.

El presunto espionaje, realizado entre diciembre de 2017 y finales de 2018, habría apuntado, según la investigación judicial, a obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los 44 tripulantes del ARA "San Juan", el submarino de la Armada argentina desaparecido en noviembre de 2017 y hallado hundido un año después.

"Esas acciones buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento del referido submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno", señala el auto de procesamiento.

Según el juez, "todas estas tareas de inteligencia ilegal no contaron con autorización judicial alguna ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional", sino "con el único objeto de influir en la opinión pública y en el normal desenvolvimiento de las actividades de la agenda política de ese año.

La mayoría conservadora en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, equivalente a nuestra Corte Suprema en Chile, demostró ayer que se inclina a favor de imponer nuevos límites al derecho al aborto en el país, pero no aclaró si llegará al punto de derogar el precedente que legalizó esa práctica en 1973, como pidió ayer el estado de Misisipi.

La Suprema escuchó argumentos en un caso que no decidirá hasta 2022 -máximo a principios de julio- y que gira en torno a una ley de Misisipi que prohibiría el aborto a partir de las 15 semanas en ese estado, donde solo queda una clínica que ofrece ese servicio.

La bancada conservadora de la Corte, formada por seis de los nueve jueces de la Suprema, dio señales de que planea respaldar la legislación del estado, lo que implicaría modificar los parámetros en los que es legal acceder al aborto en Estados Unidos.

¿límite a las 15 semanas?

El juez que preside la corte, John Roberts, opinó que reducir el límite en el que el aborto es legal en Estados Unidos a las 15 semanas de gestación que propone Misisipi "no es una diferencia muy drástica" respecto a la situación actual.

Desde que la Suprema legalizó el aborto en 1973 con su decisión "Roe versus Wade", esa práctica se ha permitido en Estados Unidos hasta el momento de "viabilidad" del feto fuera del vientre materno, un límite que ahora está en torno a las 23 o 24 semanas de embarazo.

El debate en la audiencia giró en torno a dos posibilidades: la de eliminar ese estándar de "viabilidad" y establecer otro límite para el derecho a abortar, y la de derogar directamente la decisión de 1973, lo que permitiría que cada estado prohíba o permita a su antojo la interrupción voluntaria del embarazo.

El estado de Misisipi pidió abiertamente durante la audiencia de ayer que los magistrados opten por esa segunda opción, y les suplicó que también anulen otra decisión de 1992, conocida como "Planned Parenthood versus Casey" y que reforzó el precedente de 1973.

"(Esas decisiones) no tienen cabida en nuestra historia o nuestras tradiciones. Han dañado el proceso democrático. Envenenan la ley", opinó el procurador general de Misisipi, Scott Stewart.

Efectos "graves"

Acabar con esos precedentes es, desde hace una década, la meta de varios estados conservadores que han aprobado cientos de restricciones al aborto contrarias a los parámetros de 1973 con el objetivo explícito de que la Suprema aceptara pronunciarse sobre alguna y derogara "Roe versus Wade".

Si se anula del todo ese precedente, se espera que alrededor de la mitad de los estados del país tomen medidas para vetar el aborto.

Eso implicaría que aproximadamente la mitad de las mujeres en edad reproductiva de Estados Unidos, unos 36 millones, se quedarían sin acceso a ese servicio en el territorio donde viven, según cálculos de Planned Parenthood, la mayor red de clínicas de salud reproductiva del país.

Respuesta del gobierno

"Los efectos en el mundo real de derogar 'Roe' y 'Casey' serían graves e inmediatos", advirtió durante la audiencia la procuradora general de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, que habló en nombre del Gobierno del presidente Joe Biden.

Prelogar pidió respetar el precedente marcado por la propia Suprema y opinó que esa corte "nunca ha revocado un derecho tan fundamental" para los estadounidenses como es la libertad de abortar, argumento de los magistrados progresistas (ver recuadro).

La única clínica que aún practica abortos en Misisipi estuvo representada en la audiencia por Julie Rikelman, una abogada del Centro de Derechos Reproductivos (CRR), quien advirtió que eliminar la garantía de poder abortar a nivel nacional "supondrá un retroceso para las mujeres".

Las opciones

Uno de los jueces más conservadores de la Corte, Samuel Alito, opinó que "las únicas opciones reales" que tiene la Suprema son mantener en pie la decisión de 1973 o derogarla, idea que contradice la postura del presidente de la corte, John Roberts.

Ese magistrado expresó su inclinación por encontrar un punto medio y aplicar a nivel nacional el límite para abortar de 15 semanas de gestación que propuso Misisipi, pero no está claro si logrará convencer al resto de los jueces conservadores de que apoyen esa idea.

Los tres jueces progresistas del tribunal advirtieron que, históricamente, la Suprema no ha derogado sus propios precedentes salvo en situaciones excepcionales, y siempre basándose en principios legales, no políticos. La jueza Sonia Sotomayor recordó que Misisipi decidió pedir el final de "Roe versus Wade" por el simple hecho de que "hay nuevos magistrados" en la Suprema, porque el año pasado se amplió a seis la mayoría conservadora de la Corte. "¿Sobrevivirá esta institución al hedor que esto crea en la percepción del público, de que la Constitución y su lectura son simplemente actos políticos?", planteó Sotomayor, quien pidió atenerse a lo que se decidió hace medio siglo.