El debate electoral y constitucional ponen en el tapete la discusión entre la "política" (entendida como la decisión democrática de las metas y objetivos a alcanzar), los "políticos" (que articulan esos objetivos) y los "técnicos" (llamados a implementar de la mejor manera esas metas).

Los múltiples objetivos de las sociedades muchas veces conllevan inevitables "trade-off", es decir, por cumplir un objetivo se perjudica otro. Queremos un consumo alto pero una inflación baja. Queremos proteger nuestro medio ambiente y también queremos mayor empleo y salarios. El proceso democrático y las instituciones pertinentes entonces deben acomodar estos objetivos e indicar un procedimiento para sopesar las distintas metas e implementar políticas públicas consistentes.

Existe una fundada desconfianza respecto de cómo implementar políticas de largo plazo sin la tentación cortoplacista de la próxima elección, y por ello, se propone la autonomía de distintos organismos. En este sentido, los bancos centrales son un icono internacional en donde la autonomía evita la práctica, rentable en el corto plazo, de imprimir billetes sin límite y que a la larga implica una dañina inflación para la sociedad.

Obviamente, esta tentación de alterar decisiones por presiones de los "políticos" también ocurre con nuestras autoridades medioambientales encargadas de hacer una evaluación objetiva de proyectos de inversión, o las autoridades que deben fiscalizar distintos sectores sensibles a nuestros votantes y clase gobernante.

En todos estos casos, la autonomía es una solución. Una autoridad autónoma es elegida por el sistema democrático pero que una vez electa, se mantiene por mucho tiempo con una independencia (también económica) que le permite implementar las políticas de largo plazo que la sociedad le encarga, sin la presión permanente de la autoridad de turno o del lobby de distintos sectores.

A mi juicio, el Banco Central ha sido exitoso en la labor que se le encargó: la de reducir la inflación y mantener la estabilidad financiera. Sin duda, la sociedad tiene la facultad soberana de cambiar esos objetivos, pero eso no implica que la autonomía no sea necesaria para implementar, cualquiera sea, la política de largo plazo encargada.

La misma lógica aplica a las Superintendencias que deben velar por el correcto funcionamiento de distintos mercados y sectores, para los distintos evaluadores de políticas ambientales, para definir las cuotas de pesca y un largo etcétera.

En este grupo, es necesario mencionar explícitamente al Instituto Nacional de Estadísticas y la Fiscalía Nacional Económica como instituciones fundamentales, cuya autonomía a nivel constitucional les permitiría ejercer sus atribuciones en forma cabal y con presupuestos que no estén expuestos al vaivén de las próximas elecciones o las encuestas del fin de semana.

Años atrás escribí un artículo en este medio con el título "Hay que dialogar hasta que duela", parafraseando al Padre Alberto Hurtado, a propósito de las movilizaciones que demandaban cambios en el sistema educacional. A futuro se hace patente que habrá una urgente necesidad de dialogo de todos los actores, producto de la composición altamente fragmentada del nuevo parlamento y de la necesidad de dar gobernabilidad que deberá asumir el gobierno electo como una condición necesaria para llevar adelante su programa de gobierno.

Se requerirán ingentes esfuerzos por el dialogo y la construcción de acuerdos en la convención constitucional, y también para concordar entre el poder ejecutivo y el legislativo, de una vez por todas, políticas públicas efectivas en seguridad pública, el sistema de pensiones, el sistema de salud, políticas sociales, de vivienda y del régimen laboral, que constituyen prioridades para los chilenos y chilenas. Desde hace años escuchamos a moros y cristianos, a sirios y troyanos, a liberales y conservadores, que coinciden en que Chile necesita "ajustes, cambios, reformas o profundas transformaciones", pero hemos asistido a debates estériles y en otros casos, a proyectos que han dormido años en el parlamento. Lograr acuerdos requiere sentido de Estado, voluntad republicana, respeto por las mayorías y las minorías y generosidad pues lo que decidamos ahora resultará fundamental para diseñar la estructura básica de un futuro posible y estable. Las sociedades desarrolladas a las que muchas veces miramos como ejemplo, han generado los consensos necesarios en sus modelos de país a través del dialogo social permanente en el que participan las instituciones conjuntamente con los actores sociales como sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. Esto permite consolidar mecanismos permanentes de consulta y debate lo que facilita los acuerdos, ampliando así su base de legitimidad y de representación. En Chile esto fue propuesto por el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, pero no ha fructificado lo que a mi juicio ha significado perder tiempos valiosos para procesar diferencias, identificar necesidades, canalizar demandas y ponerse de acuerdo.

Hoy, a quienes proponen dialogar para construir los consensos que permitan transformar estos en leyes que deriven en políticas públicas, son motejados de "amarillos" por quienes se creen, soberbia y equivocadamente, depositarios de la verdad. Dado el contexto y lo que se nos viene en el corto plazo, debemos dar la bienvenida a todos quienes se sumen al "amarillismo" que requiere nuestro país.

Muchos explican que los problemas de intolerancia e irascibilidad que se están repitiendo entre los conductores de vehículos motorizados se deben en gran parte a los efectos de la pandemia. Los extensos confinamientos, el control para acceder a los espacios públicos, y otros han provocados estados mentales alterados y que por instantes se desbordan y terminan en conductas agresivas.

Ese es un problema complejo, porque la falta de control puede derivar en hechos indeseados y de una gravedad de carácter delictual.

Las imágenes viralizadas en que un motociclista rompe a "cadenazos" los vidrios de un automóvil de una conductora que osó increpar una mala maniobra con discusión incluida, es una muestra de lo que puede ocurrir. El atacante por distintos medios de comunicación ha manifestado su arrepentimiento y aclara que su intención nunca fue atacar a la mujer y que realmente no se explica su airada reacción.

Una claro ejemplo de los estados alterados y las reacciones inapropiadas ante hechos accidentales, que suelen tener consecuencias. El joven motorista fue formalizado y arriesga condena y multa.

Por ello se debe insistir en la creación de una política de Estado para atacar las consecuencias en el estado mental de las personas en pandemia y lo que viene más adelante tras su fin. Mejorar las atenciones y procurar tratamientos para los casos más graves, es prioritario porque estamos frente a un problema sanitario que requiere de una alta preocupación.

En paralelo, y para los casos específicos, se debe trabajar en la convivencia vial. Más ahora con el aumento del parque de vehículos livianos como motocicletas y bicicletas que comparten vías con automóviles y camiones en todas sus dimensiones.

Debe existir respeto desde ambos sectores. Los más livianos deben ceñirse a las normas de tránsito y no aprovechar sus características para maniobras zigzagueantes y desde los más pesados entender que están aquellos en condiciones de desventaja ante alguna colisión o simple "topón".

Las calles y autopistas deben ser compartidas bajo la premisa de una sana convivencia en la que todos deben aportar para evitar accidentes.