La Fiscalía de Atacama formalizó la investigación en contra de dos imputados de 18 y 14 años, quienes están siendo investigados por su participación en un delito de robo con intimidación que afectó a dos adolescentes que permanecían al interior del Parque Kaukari en Copiapó.

Los hechos contenidos en la carpeta investigativa de este caso y que fueron argumentados en audiencia por el fiscal de turno, Guillermo Zárate, indican que alrededor de las 14 horas de este jueves, las víctimas permanecían en una sombra del mencionado espacio público de la capital regional, momento en que pasaron por el lugar los imputados. "De acuerdo a la denuncia de las afectadas y los registros de las cámaras de seguridad de este parque, el imputado adulto se sentó a un costado de las víctimas a quienes intimidó con un chuchillo para registrarlas y sustraer especies personales de una de ellas. Eso , mientras el adolescente involucrado vigiló y prestó cobertura para la comisión de este delito. Dándose ambos a la fuga luego de cometido el robo", dijo el fiscal Zarate

En la audiencia el persecutor explicó que tras la denuncia, llegó al lugar personal de Carabineros quienes recibieron antecedentes de las vestimentas de los involucrados, concretando la detención de dos personas que respondían a las características físicas entregadas por las adolescentes, las que además reconocieron a los imputados como las personas que las habían asaltado.

Por estos hechos, ambos imputados fueron formalizados por su participación consumada en el delito de robo con intimidación. Frente a ello, y por petición del fiscal Zárate, el juez de turno decretó respecto del adulto la medida cautelar de prisión preventiva por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad, mientras que el menor de edad deberá cumplir con un arresto domiciliario nocturno por el periodo que se entiendan las diligencias indagatorias.

Por más de dos horas se extendieron los alegatos en laCorte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros Jaime Balmaceda Errázuriz, Doris Ocampo Méndez y el abogado integrante David Peralta Anabalón, en la causa 1527-2019, donde tanto los abogados de la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco y sus Afluentes (JVRH) como de los Comités de Agua Potable Rural (APR) hicieron sus alegaciones por los derechos de agua del estero Matancilla.

El objetivo de la Junta de Vigilancia y de los Comités de Agua Potable Rural de la cuenca del río Huasco es defender el valle y sus afluentes ante la justicia, específicamente las aguas del primer tramo, en orden a revocar la sentencia apelada dictada por el 3° Juzgado de Letras de Santiago, y así lograr dejar sin efecto las inscripciones de los derechos de aprovechamiento de aguas por 920 litros por segundo (l/s).

Gonzalo Muñoz Escudero, abogado demandante, explicó que "se llevaron a cabo los alegatos ante la Corte de apelaciones de Santiago, juicio en que la Junta de Vigilancia del Río Huasco y algunos regantes del mismo río demandaron la insubsistencia de dos derechos de agua por un caudal total de 920 l/s en el sector Matancilla, dado que nunca se han usado las aguas, y en subsidio se solicitó se declare la nulidad de las anotaciones marginales practicadas en el Conservador de Bienes Raíces de La Serena con las sentencias judiciales que perfeccionaron esos derechos".

Asimismo, Muñoz señaló que "dado la sentencia del 3º Juzgado Civil de Santiago rechazó la demanda, se interpusieron en su contra recursos de casación en la forma y de apelación, que fueron los que se alegaron hoy basados en lo erróneo e infundado de dicho fallo, ya que en lo esencial no consideró la contundente prueba rendida por esta parte y las irregularidades procesales cometidas en los juicios de perfeccionamiento de los derechos de aguas referidos", agregando que "en esos recursos se hicieron parte cinco comités APR señalando el perjuicio que para sus integrantes significa la confirmación de la sentencia, principalmente la afectación de su derecho humano al agua".

Por su parte, Nicolás Del Río Noé, presidente de la JVRH, enfatizó que "estos derechos nunca debieron ser inscritos, por lo tanto, se deben dejar sin efecto a la brevedad posible. La JVRH está atenta al caso Matancilla, por lo que nos sentimos en la obligación de informar a todos nuestros regantes que mantengan la tranquilidad porque estamos defendiendo el valle, el agua y el estero Matancilla, y que no existe ningún fallo aún que ponga en duda las acciones que lleva adelante nuestra organización de usuarios de agua".

Finalmente, Del Río mencionó que "la Corte de Apelaciones de Santiago debe dictar sentencia la que, cabe esperar, acoja los recursos de casación en la forma y de apelación de la Junta de Vigilancia del Río Huasco y de los regantes, y en caso contrario aún quedaría la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema", sentenció el dirigente de la JVRH.

Redacción

Tres trabajadores de una minera de Antofagasta, se hicieron pasar como cesantes para así cobrar el Seguro de Cesantía.

Esto, según la querella interpuesta por la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A (AFC Chile II), en el documento da cuenta de tres casos de trabajadores de minera Escondida, en febrero de 2016, el trabajador hizo una declaración jurada, donde señalaba que "al momento de suscribir la solicitud del beneficio de Seguro de Cesantía, se encontraba cesante". En el mismo acto acompañó una carta de renuncia donde constaba supuestamente su desvinculación de la empresa minera Escondida Los antecedentes daban cuenta que cumplía con las exigencias el supuesto beneficiario y por lo rantotenía derecho al seguro por un monto de $5.387.447, el cual se pagaría en 04 cuotas, los días 03 marzo, 04 de abril, 03 de mayo y 03 de junio 2016. Es así como la AFC Chile II solo efectuó los primeros tres pagos, percibiendo el trabajador un total de $4.227.287.

En el segundo de los trabajadores, el modo de operar también fue similar y ocurrió en marzo de 2016. Tambipen el trabajador efectuó una declaración jurada y acompañó una carta de renuncia de la mencionada empresa. Esta vez el monto era mayor, el supuesto beneficiario tenía derecho a percibir su seguro por un monto de $8.783.967, el cual se pagaría en 8 cuotas, los días 23 marzo, 25 de abril, 23 de mayo, 23 de junio, 25 julio y 23 de agosto 2016 (las otras dos cuotas quedaron en ser informadas). La AFC Chile II efectuó los dos primeros pagos, percibiendo el trabajador un total de $3.396.389.

El tercero de los mineros, el 16 de marzo del mismo año solicitó a la AFC Chile II el beneficio del Seguro de Cesantía, también hizo la declaración jurada y acompañó un documento en que constaba supuestamente su término de contrato de trabajo en la empresa. Con ello, cumplía con las exigencias y el supuesto beneficiario tenía derecho a percibir su seguro por un monto de $6.284.649, el cual se pagaría en 5 cuotas, los días 23 marzo, 25 de abril, 23 de mayo, 23 de junio y 25 julio. Con ello, la AFC Chile II solo efectuó los dos primeros pagos, percibiendo el trabajador un total de $3.456.610.

En todos los casos, los trabajadores contaban con contrato vigente. En septiembre de 2016, la minera Escondida envió un requerimiento a la AFC Chile II, para que informara que trabajadores de dicha empresa habían solicitado el beneficio del Seguro de Cesantía. Estos hechos son constitutivos del delito de obtención indebida de beneficios previsionales, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley N°12.084. Uno de los implicados en el hecho fue formalizado por lo sucedido y como no tenía antecedentes penales, la Fiscalía ofreció una suspensión condicional del procedimiento para él, con la condición de fijar domicilio y devolver la suma de dinero, mientras que para los otros dos se realizará la formalización de cargos próximamente.