9 años | 07 de noviembre de 2012

Conductor de un cargador frontal murió aplastado

El hecho ocurrió cerca de la Mina El Rebote, en un camino público a 60 kilómetros de Inca de Oro. Aldo Castillo Moya (38) falleció al quedar aprisionado en la cabina del vehículo tras un volcamiento. Su primo que lo acompañaba, terminó con lesiones de caracter leve, pero en estado de shock por el accidente, La Fiscalía investiga el caso.

6 años | 07 de noviembre de 2015

Advierten sobre posible rebalse del tranque Lautaro

"Pronostico del deshielo" de la DGA indica que a la estructura podrían ingresar 50 millones de metros cúbicos. La capacidad total es de 25 millones de metros cúbicos. La causa del aumento hídrico sería el derretimiento de nieve. La Junta de Vigilancia alertó a las autoridades locales quienes ya trabajan en medidas de prevención.

3 años | 07 de noviembre de 2018

Amplio debate por el plan de "impuestos regionales"

Políticos y expertos analizan idea de que grandes inversiones dejen montos en regiones. Líder de Centros de Estudios Regionales de la U. Austral destacó plan, pero advirtió en delimitar poder del delegado presidencial. Diputado Santana apuntó a descentralizar la administración económica. Su par Noman apuntó en buena elección de autoridades.

El actual proceso constituyente en nuestro país, ha puesto en el debate nacional una serie de asuntos que requieren de un nuevo enfoque en las garantías y derechos de las personas, propio del siglo XXI y conforme a los principios que ya fueron explicitados en el Reglamento de la Convención Constitucional, publicado en octubre reciente, como es el tránsito hacia un estado social de derechos, incorporando la plurinacionalidad, la preeminencia de derechos humanos, la perspectiva de género, la prohibición de discriminación, el pluralismo, la inclusión social, entre otros principios rectores.

Una de las áreas de la justicia penal que requiere una urgente e inevitable transformación es la penitenciaria, en el sentido de dotar al nuevo sistema carcelario de tres cuestiones que son esenciales: definir constitucionalmente una finalidad resocializadora expresa de la sanción penal, incorporar directamente el corpus de derecho internacional penitenciario de los derechos humanos y dotar de una legalidad y juridicidad al sistema, tanto en la dictación de una ley penitenciaria, como en la creación de una judicatura de ejecución. Existen otros asuntos relevantes, como la definición de políticas que inhiban la sobrepoblación y el hacinamiento a través de cuotas de ingreso, velar por una infraestructura con enfoque en la dignidad de las personas privadas de libertad, el acceso a la salud, la no privación de la ciudadanía y por cierto, erradicar la violencia de las cárceles, tanto aquella entre internos como la institucional, como lo han refrendado los sendos informes del último año del INDH como del Mecanismo Nacional para la Prevención contra la Tortura.

Hoy, como Defensoría Penal Pública, bregamos diariamente por que se respeten los derechos fundamentales de los privados de libertad (los mismos derechos de todos, salvo los restringidos por la sentencia penal), pero se requiere un nuevo sistema penitenciario, con jueces especializados, con debido proceso, con transparencia y con una ley que legitime los procedimientos, sobre todo sancionatorios sobre las personas y esto es urgente, para evitar lo que el juez Zaffaroni ha descrito como la aplicación administrativa de penas ilícitas.

Raúl Palma Olivares

Defensor Regional de Atacama.

Por segundo fin de semana consecutivo se registraron largas filas y aglomeraciones en los puntos de vacunación covid en la capital regional, y es que el calor que reina en Copiapó sumado a la falta de sombra, hace que la ciudadanía sufra con los embates de las altas temperaturas y solo aquellos provistos de mayor paciencia esperan en algunos casos hasta por cuatro horas para tener su vacuna puesta en el brazo. El problema es que de persistir este panorama, los usuarios desistirán de acudir a los vacunatorios para recibir sus dosis, en la medida que los municipios y las autoridades locales de salud no tomen cartas en el asunto.

Y es que han sido sucesivos los llamados por parte de la autoridad sanitaria y la red asistencial de acudir a los puntos de vacunación en vista que tan solo un 38,3% de los mayores de 18 años ha recibido la dosis de refuerzo, en un contexto donde los contagios han ido en aumento y se ve de cerca una posible tercera ola. Estamos en una carrera contra el tiempo para enfrentar de la mejor manera posible los embates de la pandemia, pero tal parece que los actores involucrados en este relevante proceso están remando para distintas partes.

Por una lado, está la responsabilidad individual de cada ciudadano de respetar los calendarios de vacunación, pero además está la responsabilidad de los empleadores que deben otorgar los permisos correspondientes a los trabajadores, para que puedan acudir a los vacunatorios a recibir sus dosis y de esta manera no habrán tantos rezagados.

Pero las entidades encargadas de los puntos de vacunación también deben poner de su parte, dado que no todos los recintos habilitados cuentan con las condiciones para que la comunidad soporte tantas horas de espera para recibir la vacuna. Sobre todo aquellas personas de edad avanzada que no pueden estar por tanto tiempo paradas en una cola que parece interminable.

Si remamos todos para el mismo lado, el proceso de inoculación será efectivo y la comunidad podrá afrontar la tercera ola sin tener que asumir las consecuencias graves que podría acarrear la enfermedad de no estar inmunizados. Por lo mismo, se hace el llamado a confiar en el proceso, pero al mismo tiempo, las entidades encargadas deben contar con los espacios adecuados para que los usuarios no tengan la sensación de ser tratados como ganado.