DGA verificará que se cumplan medidas ordenadas a la JVRC
AGUA. Hace aproximadamente un mes se conoció de una resolución de la entidad que revelaba faltas graves en la distribución de las aguas por parte del directorio de la Junta de Vigilancia del Río Copiapó.
A casi un mes desde que se dio a conocer una resolución de la Dirección General de Aguas (DGA) estableció a través de una resolución la existencia de faltas graves en la distribución de las aguas, por parte del directorio de la JVRC, en el documento se indican medidas correctivas y el organismo fiscalizador anunció que en los próximos días irá a terreno para verificar su cumplimiento.
La denuncia había sido efectuada por la Comunidad de Aguas Subterráneas de Copiapó - Piedra Colgada - Desembocadura (Casub) y fueron comprobadas por la DGA. Entre estas irregularidades están los puntos de captación de agua distintos a los autorizados y no informados, además de la existencia de faltas graves en la distribución de las aguas por parte del directorio de la JVRC.
Entre las medidas que deberá cumplir la Junta de Vigilancia, en conformidad al artículo 290 del Código de Aguas, está el cese de la distribución de aguas a 107 de sus usuarios, en su mayoría grandes consumidores, que accedían a ella en puntos de captación autorizados ilegalmente por la JVRC.
Los nombres que aparecen con mayores acciones se encuentra Fundo Casa Rosada, Jaime Prohens Espinoza, agrícola Tres Soles, Agrícola Don Alfonso SPA, Frutícola y Exportadora Atacama, Sociedad Agrícola El Fuerte, Agrícola Doña Berta, Sociedad Agrícola Copayapu.
Incluso en el informe técnico que realiza la DGA luego de la denuncia,queda en evidencia "el reconocimiento que en asamblea general del año 2019 hacen de la existencia de traslados sin que cuenten con la correspondiente autorización de la Dirección General de Aguas, con posterioridad a la apertura del expediente VFEI-0302-15, vinculada a la misma declaración en la sesión de directorio del año 2008, indican que se trata de una práctica sostenida en el tiempo, y que el hecho de que en variadas oportunidades hayan negado alguna solicitud de traslado de algunos regantes, solo refleja que era y es una práctica que "beneficia" solo a algunos titulares de derechos".
Mediante un comunicado de prensa el Ministerio de Obras Públicas informó que hubo una investigación "por parte de la Dirección Regional de Aguas de Atacama del MOP -que contó con el apoyo de una asesoría externa- que permitió determinar la existencia de inconsistencia e irregularidades en la distribución de las aguas y temas de gestión y administración interna, además de haber autorizado variaciones de puntos de captación en sectores en donde no contaba con las atribuciones para hacerlo".
El organismo informó que a través de la Resolución DGA Región de Atacama N°745/2021 se notificaron las medidas correctivas que debía cumplir, que incluyen "el cese de distribución de aguas para 107 usuarios que realizaban sus captaciones en puntos no autorizados, así como restructurar el modelo de distribución; presentar el registro de comuneros actualizado tanto de la JVRC y sus afluentes como del canal matriz Mal Paso, entre otras medidas señaladas".
Respecto a los plazos, se informó que a solicitud de JVRC, la DGA -siguiendo lo señalado en la Ley 19.880- amplió hasta el plazo para cumplir las medidas que se debían cumplir 5 días hábiles después de la notificación. El 7 de octubre recibimos la documentación referida al reglamento que establece el procedimiento para autorizar traslados al interior del canal matriz Mal Paso y los puntos de captación deshabilitados y no operativos dentro de su jurisdicción. En estos momentos, estamos en el análisis y revisión de estos antecedentes".
La Dirección General de Aguas tiene como mandato ejercer la labor de policía y cuidado de las aguas en los cauces naturales de uso público y supervigilar el funcionamiento de las organizaciones de usuarios siguiendo las disposición. "Por esta razón, en los próximos días pondremos en marcha un plan de inspección en terreno desarrollado por los departamentos de Organizaciones de Usuarios y de Fiscalización de la DGA para verificar el cumplimiento de todas las indicaciones de la Resolución 745, además de revisar la documentación que permita comprobar que la JVRC está distribuyendo las aguas en las bocatomas bajo su jurisdicción de acuerdo a lo ordenado".
Apeco
En tanto, Claudio Hoelvet, presidente de la Apeco, señaló que "estamos satisfechospor el trabajo de la Junta de Vigilancia del Río Copiapó, no hay demandas de regantes (dueños de derechos de agua) en contra de la junta de vigilancia porque a nadie se le entrega agua que no corresponde, siempre están vigilando que no haya irregularidades. Respecto a la Casub, señaló que ellos son una comunidad de un sector donde no hay derechos de agua superficial, es de Copiapó hacia abajo".
Jvrc
La JVRC informó que la resolución ordena al directorio de la JVRC realizar algunas medidas correctivas a la labor desarrollada, las que en ningún caso significan una sanción a esta organización, es por ello, que se están examinando dichas medidas y trabajando en su implementación, las cuales aún están afectas a reconsideración y la presentación de recursos. Lo anterior, no significa que en lo sucesivo se vaya afectar el normal funcionamiento y distribución de las aguas realizada por la Junta de Vigilancia del Río Copiapó y sus Afluentes.
MOP