A diez días del inicio del estado de excepción constitucional en cuatro provincias de las regiones del Biobío y La Araucanía que conforman la denominada Macrozona Sur, y ad portas de que la condición se extienda por otros 15 días adicionales -según adelantó el viernes el delegado presidencial de ese territorio, Pablo Urquízar- continúan las críticas por la manera en que se ha coordinado y ejecutado la medida.
Desde que el jueves 14, con el ministro del Interior trabajando en Lebu, se iniciara el despliegue de efectivos militares en las provincias de Malleco, Cautín, Biobío y Arauco, las opiniones de actores políticos, gremiales y académicos se han dividido.
La tarde del viernes, por ejemplo, gremios del transporte forestal de la zona, pidieron al Gobierno extender la medida por un año, lo que implicaría requerirlo ante el Congreso. Representantes de la Federación de Sindicatos del Transporte Forestal (Fenasitransfor) y de la Asociación de Dueños de Camiones de Los Ángeles (Asoducam) emplazaron a La Moneda a estudiar la posible extensión.
En paralelo, ayer se dio cuenta -a través de medios de Temuco- que los alcaldes de las comunas de La Araucanía, parte de la Asociación de Municipalidades de La Araucanía, han expresado su molestia por la poca información y la descoordinación que existe entre las autoridades militares y civiles que encabezan el despliegue y los propios gobiernos locales.
"Necesitamos saber en qué consiste realmente este estado de emergencia y saber la preparación y las medidas. La gente nos pregunta si hay algo que no se puede realizar o si hay restricciones o controles, y no tenemos esa información", dijo Alfonso Coke, alcalde de Cunco, según recogió "El Austral". Su par de Temuco, Roberto Neira, también alegó por la poca información, y dijo que la acción va a pasar sin pena ni gloria en esta región".
Académico
En tanto, Nicolás Rojas, director del Centro de Ética y Reflexión Social de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) señaló en Cooperativa que el estado de emergencia decretado por el Gobierno ha sido "una opción más bien de corte populista punitivo que una alternativa real para resolver el conflicto en el territorio", señalando que "esta presencia militar en el territorio lo que hace es erosionar mas la confianza (…) De manera majadera se insiste en una solución policial a un problema que es político", dijo.