Ayer se cumplieron dos años del "Estallido Social" del 18-O, el cual ha acarreado consecuencias que pueden ser percibidas en nuestros días en materia político-constitucional, siendo la visible de este proceso la Convención Constitucional (aprobada por casi el 80% de la población en el Plebiscito del 25 de octubre) que está trabajando en la redacción de una nueva carta magna para Chile.
Entre los elementos de contexto que motivaron las movilizaciones masivas de hace dos años, se contabilizan las boletas ideológicamente falsas, los "raspados de olla", las promesas incumplidas por parte de la clase política de manera transversal, desde "la alegría ya viene" hasta los "tiempos mejores", las "clases de ética" para los delincuentes de cuello y corbata, un presidente y gabinete ministerial que evidenció una brutal desconexión con la realidad, pasando por las idas a los Cesfam como "reuniones sociales", la recomendación de "levantarse más temprano" para aprovechar la tarifa rebajada del metro, el consejo para los románticos de "comprar flores porque bajaron un 3%", entre otras.
Las manifestaciones sin embargo, no fueron del todo pacíficas, pues hubo un espiral de violencia que derivó en saqueos, destrucción de Pymes y enfrentamientos constantes entre grupos y Carabineros.Si bien hubo uniformados lesionados, también se hizo tristemente célebre el daño ocular que sufrieron manifestantes que no estaban necesariamente ligados a las escaramuzas con la fuerza policial, además de personas detenidas en el contexto de las movilizaciones que han gatillado las siguientes protestas por los llamados "presos del estallido", con muchos procesos judiciales en curso y que requieren resoluciones rápidas para saber si participaron de hechos delictuales o bien en otros de distinta connotación.
Mucha agua ha corrido bajo el puente en estos últimos dos años, puesto que la Convención Constitucional ha iniciado este "18-O" de 2021 la discusión del Texto Constitucional, como un hito relevante dentro del proceso constituyente.
Además, en contexto de pandemia, desde el poder legislativo se aprobaron tres retiros del 10% de las AFP y se está tramitando en el Congreso un cuarto, y el poder ejecutivo ha implementado ayudas estatales como el IFE universal, los que se extenderán hasta noviembre y cuyo último pago se materializará en diciembre. Ayudas que si bien han sido catalogadas como insuficientes para sectores de la población más necesitada, han ayudado a aliviar la carga de las familias chilenas en estos tiempos difíciles, aunque cabe preguntarse cuáles serán los efectos una vez que estos se terminen.
Es de esperar que el trabajo de los 155 constituyentes llegue a buen puerto, para así cimentar las bases institucionales del nuevo Chile. No obstante, se requiere de altura de miras, paciencia, buena fe y templanza de todos los sectores políticos, independientes y pueblos originarios, para que el texto sea representativo de todos las visiones existentes en nuestro país. De lo contrario, la polarización política y los populismos se tomará la agenda y podrían causar divisiones irreconciliables en la población.