Aunque en la última década el sistema de salud chileno ha logrado buenos resultados en indicadores internacionales, persisten problemas relacionados con la segregación y la inequidad en el acceso a prestaciones de salud oportunas, de calidad y basadas en un trato respetuoso. Hoy la Constitución protege el acceso a la salud con acciones dirigidas a prevenir, recuperar y rehabilitar los problemas en ese ámbito, pero el énfasis está puesto en la libertad para elegir a qué subsistema de salud afiliarse: el público o el privado.

Esta segmentación ha dado lugar a profundas desigualdades, que se traducen en un servicio público precario frente a un servicio privado que en general cuenta con instalaciones de mejor calidad, una oferta de especialistas mucho mayor y con otros servicios más eficaces y oportunos.

A las largas listas de espera para prestaciones sin arancel y no priorizadas; a las urgencias sobrepasadas; al mal trato a las personas en situación de calle, por ejemplo; a la escasez de profesionales especializados y de programas terapéuticos para tratamiento del consumo problemático de alcohol y otras drogas, así como de trastornos mentales, se suma el alto gasto en salud en que deben incurrir los hogares.

Las personas en Chile gastan 35% en salud de su propio bolsillo, cuando el promedio de gasto en los demás países de la OCDE es un 20%. La plata se va en gastos puntuales: exámenes, lentes ópticos, aparatos ortopédicos, además de medicamentos y consultas médicas.

En Hogar Cristo entendemos y reforzamos la idea de que salud no es sólo falta de enfermedad. También es poder acceder a alimentos no-procesados y ricos en nutrientes, como frutas y verduras, que disminuyen la posibilidad de desarrollar enfermedades crónicas no-transmisibles como obesidad, hipertensión, y diabetes. Todos males que afectan a los grupos poblacionales más pobres que no acceden a alimentación de calidad. La capacidad socioeconómica también repercute en poder vivir en entornos libres de contaminación y en habitar viviendas adecuadas, tanto para resistir condiciones climáticas adversas como para resguardar la privacidad y la seguridad.

Por estas consideraciones y pensando en los grupos más vulnerables que atendemos -personas en situación de calle, con discapacidad mental, con consumo problemático, adultos mayores, entre otros- nos llevan a proponer iniciativas constitucionales que, sin duda, ayudan a mejorar la salud de todos y todas.

Lo primero es el reconocimiento de la salud como un derecho fundamental y armónico con otros derechos tales como la protección de la vida, integridad física y psíquica de la persona. Lo segundo, el establecer el deber del Estado de garantizar la inclusión y acceso a la salud de todas las personas sin exclusión ni discriminación alguna, incluyendo como una cuestión central la salud mental. Eso es lo medular, aunque también es relevante, por ejemplo, el respeto por la cosmovisión y prácticas tradicionales de los pueblos originarios en estas materias.

La salud es mucho más que la carencia de enfermedad, y así aspiramos a que se entienda.

Nuevamente los paraísos fiscales, territorios que ofrecen bajo pago de impuestos y secretismo a las fortunas para atraer capitales, toman relevancia pública gracias a un trabajo periodístico. Esta vez el escándalo se llama "Pandora Papers" y en él trabajaron 600 periodistas de 117 países, analizando 12 millones de documentos digitales.

El trabajo liderado por el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) y que en Chile estuvo a cargo de Ciper y LaBot, reveló que importantes políticos, deportistas y figuras del espectáculo en Latinoamérica utilizaron estos paraísos para sus negocios, entre ellos el Presidente Sebastian Piñera.

En el caso de Piñera, además se trata de la venta de su participación en un proyecto con claro conflicto de interés: Dominga. Esto porque una de las cláusulas para recibir el tercer pago puso como requisito que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto. El conflicto se genera porque justamente el primer gobierno de Sebastián Piñera podía realizar esos cambios regulatorios.Según el Mandatario, no hubo nada ilegal porque él ya no estaba a cargo de sus negocios cuando se realizó la transacción.

Pero más allá de este caso, el uso de paraísos fiscales -aunque economistas y expertos recalcan que es legal- daña la fe pública. No es la comerciante del almacén de barrio la que tiene la posibilidad de usar estos paraísos, sino los más ricos, y en varios casos para eludir impuestos, no rendir cuentas y ocultar sus fortunas. Cabe recalcar que no es ilegal tener una cuenta en el extranjero, no declararla y no pagar los impuestos correspondientes en el lugar de origen sí lo es.

El mismo Presidente en una entrevista en 2016 sostuvo que los paraísos fiscales no deberían existir. "Creo que es muy importante que los paraísos fiscales desaparezcan, porque muchas veces los paraísos fiscales se utilizan para actividades reñidas con la ley y la moral como el lavado de dinero u ocultamiento de dinero que provienen del narcotráfico o crimen organizado y muchas veces se utilizan para evadir impuestos", dijo.

Ajeno a la situación migratoria que ya sabemos que es crítica y afecta a varios países en la actualidad, los derechos de la infancia y la adolescencia son una materia intransable que debemos resguardar como sociedad a todo evento.

Para lograrlo, el rol de las instituciones públicas es esencial, por ello es digno de destacar el esfuerzo que ha realizado el Ministerio de Educación para facilitar la incorporación de estudiantes inmigrantes, atendiendo así a las convenciones internacionales y facilitando el ingreso a las aulas.

Esta acción administrativa permite que los estudiantes se incorporen a los establecimientos educacionales sin importar el estatus migratorio, facilitando su ingreso con un identificador provisorio escolar y en los casos que no existan antecedentes escolares aplicar los convenios internacionales para asignar cursos por edad, con la posibilidad de regularizar mediante exámenes los cursos anteriores.

Lo anterior, ha tenido un impacto importante en las familias inmigrantes porque los tiempos de respuesta para el ingreso de estudiantes al sistema escolar se acorta, accediendo con facilidad a las estrategias que las comunidades educativas están implementando para la realización de clases.

Esta positiva política pública, a las que los establecimientos educacionales han ayudado permanentemente, se contrapone a lo que vemos en las esquinas de las calles céntricas de la ciudad donde decenas de padres inmigrantes solicitan recursos con sus hijos a cuestas, a pleno sol, sin horarios de alimentación regulados ni derecho a la educación. La exposición a la mendicidad de niños, niñas y adolescentes está prohibida y por ello el esfuerzo de información respecto a sus derechos es esencial.

En este contexto, la Oficina de Protección de la Infancia de Copiapó ya inició un catastro de la situación con el apoyo de las policías, evitando la judicialización y favoreciendo el acceso a los beneficios para extranjeros, entre ellos salud y educación.

Tal vez, el no asistir a clases de forma presencial ha dejado en mayor evidencia esta realidad, porque es la escuela después del hogar el lugar más seguro donde los estudiantes pueden estar, por ese motivo, el esfuerzo por reanudar clases y retornar a la rutina escolar debe ser una meta a contratiempo, porque sin importar la nacionalidad, la escolarización de las niñas, niños y adolescentes solo trae ventajas a su desarrollo, socialización y crecimiento.