Redacción

Sobres de papel con dinero en efectivo, correspondiente a la entrega de gastos reservados de Carabineros, recibidos presuntamente en forma mensual y trimestral por la exministra de Justicia y exsubsecretaria de Carabineros Javiera Blanco, es parte del relato señalado por el Ministerio Público y que -este martes- permitió formalizar a la exautoridad junto a varios generales del alto mando de la policía uniformada.

Bajo la figura penal de malversación de caudales públicos, Blanco fue formalizada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en una larguísima audiencia -de más de ocho horas- junto a otros personeros, entre ellos los generales Gustavo González Jure y Bruno Villalobos, todos exdirectores de Carabineros.

También fueron formalizados el exgeneral Iván Whipple Mejías, director de Finanzas de la institución, Flavio Echeverría, de la Unidad de Intendencia de la policía, y Héctor Zúñiga, ex funcionario de la Dirección de Presupuestos (Dipres) Metropolitana del Ministerio de Hacienda.

ACUSACIÓN

Durante la audiencia, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, a través de las fiscales Patricia Cerda y Ximena Chong, relató parte de los hechos investigados que serían constitutivos de delito, señalando que estos se cometieron entre enero de 2007 y marzo de 2011, mientras Javiera Blanco se desempeñaba como subsecretaria de Carabineros en el primer gobierno de Michelle Bachelet.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el Ministerio Público, entre ellos informes de la PDI que indican depósitos en efectivo y giros hechos por los investigados, la exautoridad habría recibido dineros provenientes de los gastos reservados de la institución uniformada por un monto total de 42 millones 138 mil pesos.

Antecedentes "escasos"

El relato de las persecutoras indica que Blanco se habría apropiado de caudales públicos sabiendo que no le correspondía hacer uso de esos dineros en facultad de sus funciones como autoridad, los cuales habría utilizado para fines personales.

En el caso de los exfuncionarios policiales, su formalización se justificaría en el hecho de que sustrajeron dineros provenientes de fondos para gastos reservados, y permitieron que terceros se apropiaran de dichos recursos.

Pese a que la abogada defensora de la exministra, Paula Vial, pidió sobreseer a su defendida, alegando además que la formalización se basaba en antecedentes escasos y contradictorios, finalmente el tribunal determinó -desde el 11 de octubre- las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional, fijando además firma mensual para Zúñiga.